Miserias y secretos del imperio Berlusconi

Donald David Mills Mackenzie no es sólo un buen abogado. Es un tipo fiel. Conoce todos los paraísos fiscales del planeta y se mueve como pez en el agua en el líquido submundo de los fondos de inversión, las sociedades interpuestas, las cajas chinas, los testaferros gibraltareños y las operaciones ilegales. Una vez dijo la verdad, y eso le condenó. Fue en una carta escrita en 2004 a su asesor fiscal, Bob Drennan. Mills le contó que había recibido 600.000 dólares de Silvio Berlusconi por testificar a su favor en dos procesos judiciales. La carta estaba encabezada con un informal "dear Bob", y en ella Mills decía: "Todos sabían que mi testimonio (no he mentido pero he superado curvas peligrosas, por usar un eufemismo) salvó a Mr B. de un mar de problemas en el cual se habría ahogado si yo hubiese dicho todo lo que sabía. En 1999 me dijeron que recibiría el dinero. Los 600.000 dólares fueron ingresados en un hedge fund. A mi disposición".

La sociedad All Iberian permitió a Berlusconi burlar la ley antimonopolio y pagar a Bettino Craxi

Mills creo "al menos" entre 30 y 50 empresas a nombre del grupo de Berlusconi y las agrupó en una lista A y otra B.

Desgraciadamente para él y para Berlusconi (pero menos), Drennan denunció a Mills a la Oficina de Grandes Fraudes del fisco inglés, y la confesión acabó sobre la mesa de los magistrados milaneses. Mills les confirmó el 18 de julio de 2004 que era todo verdad, pero sólo unos meses después (en noviembre) intentó retractarse y acusó a otro cliente suyo (el armador italiano Diego Attanasio) de haberle dado el dinero. Los fiscales no le creyeron: Berlusconi y Mills acabaron imputados.

Cinco años después, en febrero pasado, tras un proceso lento y complicadísimo, plagado de pericias económicas, argucias dilatorias de la defensa, citaciones a una treintena de testigos (entre ellos, VIP como Flavio Briatore), aplazamientos y comisiones rogatorias a Suiza, Londres, Liechtenstein, Guernsey, Gibraltar y España, el abogado británico fue condenado en primer grado a cuatro años y seis meses de prisión por corrupción en sede judicial.

El juicio a Berlusconi quedó suspendido por efecto del Laudo Alfano, que su Gobierno promulgó a toda prisa a los 25 días de volver al poder, y que esta semana ha sido declarado inconstitucional. Así, la ley, disfrazada por los abogados de Berlusconi como una generosa inmunidad para los cuatro altos cargos del Estado, cumplió su único objetivo real: evitó que Berlusconi fuera juzgado y condenado por corromper a su abogado David Mills. Ahora, derribado el muro de la inmunidad por el Tribunal Constitucional, el caso Mills cobra nueva vida y puede convertirse en una de las principales amenazas para Berlusconi. En paralelo, el viernes arrancó en Milán la vista del recurso presentado por Mills, en el que Berlusconi ha sido citado como testigo de la defensa.

La juez que se encargó del proceso es Nicoletta Gandus, de 56 años, origen judío, miembro de la asociación Magistratura Democrática, acusadora irrefutable. En extrema síntesis, como le gusta decir, su sentencia confirma un hecho básico: que Mills recibió "de Carlo Bernasconi, empleado de Fininvest, por indicación de Silvio Berlusconi, la suma de 600.000 dólares por declarar en falso o callar en todo o en parte el verdadero papel de Berlusconi en la estructura llamada Fininvest B Group, creada por Mills y utilizada para actividades ilegales y operaciones secretas del Grupo Fininvest".

La juez demostró que Mills recibió el soborno de Berlusconi y que, en combinación con los abogados de éste, los hizo pasar como una parte de la ingente masa de 10 millones de dólares pertenecientes al armador Diego Attanasio; los centrifugó después a través de cuentas en Londres, Suiza, Gibraltar y otros lugares, por medio de numerosas operaciones e inversiones de acciones, hasta ponerlos a su disposición, el 29 de febrero de 2000, convertidos en 2.802 unidades del fondo Torrey Global Offsgor Fund por un valor nominal de 600.000 dólares.

La jueza, presidenta de la sección décima del Tribunal Penal de Milán, razonó su sentencia en un texto de 400 páginas. Su relato revela una minuciosidad casi enfermiza, y es a la vez un ejemplo de escritura sobria y de ahínco investigador. Contiene elementos de novela negra y fragmentos dignos del mejor periodismo de precisión, sin ahorrar reflexiones filosóficas y guiños humorísticos. La sensación que deja su lectura es que Berlusconi tenía muy buenas razones para forzar a su mayoría parlamentaria y al presidente de la República a firmar su escudo salva-procesos. Ahora, Berlusconi será juzgado por un nuevo colegio judicial, pero el proceso deberá empezar de cero, con lo cual, aunque fuera condenado, muy probablemente el delito de soborno habrá prescrito.

"Lo más impresionante de la sentencia es que lejos de basarse en declaraciones, se basa en hechos", explica el periodista Peter Gomez. "Hay documentos internos de Fininvest firmados por directivos del grupo que evidencian la absoluta irregularidad de los balances extranjeros y demuestran que Berlusconi robaba dinero de las compraventas de derechos televisivos para metérselo en el bolsillo y ponerlo en cuentas secretas que pertenecían a sociedades off shore de su propiedad".

Mills fue el arma trascendental de ese presunto robo. Según los jueces, él fue el arquitecto de Fininvest B, la estructura paralela de Fininvest, una gigantesca caja oculta asentada en paraísos fiscales a través de 64 sociedades distintas, opacas y ficticias. Un armario oscuro y lleno de cajas chinas encubiertas por Mills, al que la jueza Gandus retrata como un sofisticado trilero capaz de esconder el dinero en cualquier garito lejano, ora las islas Caimán, ora Gibraltar, Suiza o Liechtenstein.

No parece aventurado afirmar que la abogada de Veronica Lario, aún esposa de Berlusconi, aportará la sentencia del caso que Berlusconi ha calificado como farsa para su proceso de divorcio, si de verdad quiere cuantificar la fortuna real del Cavaliere y de los hijos que tuvo en su primer matrimonio.

Cerca de la mitad de los 400 folios detallan la contabilidad paralela que Mills creó para Berlusconi, sus hijos Marina y Piersilvio y el grupo Fininvest. La otra mitad sigue el "tortuoso recorrido" de los 600.000 dólares del soborno a través de decenas de transferencias a cuentas numeradas.

La relación entre Mills y Fininvest se inició, según la sentencia, hacia 1981. El abogado Berruti, un empleado de Berlusconi, pidió asistencia a Mills sobre la doble imposición de derechos cinematográficos; enseguida, Mills empezó a crear sociedades, en Reino Unido y las islas del Canal y las islas Vírgenes, siempre en contacto con otros directivos de Fininvest. "Una vez constituidas, esas sociedades eran controladas por fiduciarios, formalmente responsables, pero a menudo pasivos", explica Gandus. Mills creó al menos "entre 30 y 50 empresas" a nombre del grupo de Berlusconi, y en la contabilidad de CMM las agrupó en una lista A y una lista B.

Curiosamente, Berlusconi sigue sosteniendo en público que ni siquiera conoce a Mills, aunque hay documentados al menos dos encuentros personales entre ambos. El propio Mills escribió que había visto a Berlusconi en su casa de Arcore en el verano de 1995, y en otra carta incluida en el proceso refiere varias conversaciones telefónicas con su cliente.

La sentencia explica que Mills era un abogado-testaferro dispuesto a atribuirse empresas, pagar comisiones y "contaminar pruebas" para proteger a Berlusconi.

El 30 octubre de 2006, Gandus dispuso el envío a juicio de Berlusconi y Mills, acusados de pactar el falso testimonio del segundo en dos procesos: el caso Arces, visto en 1997 y que analizaba la corrupción de Fininvest a varios funcionarios de la Guardia de Finanzas (policía fiscal); y el proceso All Iberian, que le juzgó en 1998 por los delitos de balance falso y financiación ilegal de partidos políticos.

La jueza recuerda que en el primer juicio, Mills declaró que era abogado en Londres, responsable del estudio CMM Limited. La CMM se dedicaba a "constituir sociedades sea en Inglaterra sea a través de agentes y fiduciarios en otros países, en particular en paraísos fiscales". Entre estas sociedades estaba All Iberian, que fue constituida en 1989 para la comercialización de películas. Tenía sede en Guernsey (una isla en el Canal de la Mancha), y estaba a nombre de Foscale, consejero delegado de Fininvest, "una persona física símbolo de Fininvest".

All Iberian dio nombre a un segundo proceso contra Berlusconi y sus colaboradores. Más que para vender filmes, All Iberian servía como caja negra de donde salían los pagos y comisiones ocultos de Berlusconi, era la tesorería B. Además, fue una de las dos sociedades que permitieron a Berlusconi burlar la ley antimonopolio, la llamada ley Mammi. De All Iberian partió también la remesa de 10.000 millones de liras que acabó en la cuenta corriente del ex primer ministro italiano Bettino Craxi. Mills era su administrador único.

En el proceso, Mills omitió que Berlusconi era el dueño de esas sociedades offshore, que había hablado con él sobre All Iberian y sobre la financiación ilegal de 10.000 millones de liras enviadas por Berlusconi a Craxi, y que mintió sobre un pago de 1,5 millones de libras que recibió en 1996 de Berlusconi al afirmar que era una plusvalía de Horizon.

Horizon era otra sociedad que también puso Mills a su nombre. Situada en Luxemburgo, y cotizada en Bolsa, su propósito era evitar que las autoridades italianas supieran quién la controlaba. La ley Mammi negaba la titularidad de licencias de televisión a quien tuviese ya el control de empresas editoras y periodísticas. Fue aprobada en 1990, y en 1991 Mills discutió con directivos de Berlusconi la forma de evitar sus efectos, "que habrían podido quitar tres redes televisivas a Fininvest".

Según la sentencia, Mills mintió o calló en el proceso All Iberian al menos en tres ocasiones: 1. Negando que ingresó ingentes remesas de dinero (cercanas a 50 millones de euros) en otras dos sociedades off shore (Century One y Universal One) a cuenta de ficticias ventas de derechos televisivos de Fininvest. 2. Omitiendo decir que los propietarios de esas sociedades eran Marina y Silvio Berlusconi. 3. Omitiendo que Paolo del Bue tenía relación directa con la familia Berlusconi.

Berlusconi, por tanto, "cometió un delito para ocultar otros, a su vez cometidos para esconder otros más antiguos, probados en su día por los jueces, pero de los que se libró finalmente gracias a prescripciones o a nuevas leyes a la medida aprobadas por él mismo desde el Gobierno", recuerda Marco Travaglio. En su explicación de los antecedentes del proceso, la jueza Gandus hace recuento de las dificultades para imputar a Mills y Berlusconi; por ejemplo, la persecución al escurridizo Flavio Briatore, que se resistía a testificar, o la pertinaz oposición de las autoridades de Gibraltar a aceptar una rogatoria para interrogar al socio principal de Mills, Benjamin Marrache, "un abogado gibraltareño con despachos en España, Reino Unido y otros sitios".

El delito se habría consumado entre Milán, Londres y Ginebra, y concluyó el 2 de febrero de 1988. La primera audiencia de las 47 que se celebraron en total se fijó para el 13 marzo de 2007. Ese día, Gandus declaró en rebeldía a ambos acusados, ya que no se presentaron. Berlusconi estaba representado por sus abogados Piero Longo y Ghedini (que ahora ha defendido el laudo), y a Mills le defendía Federico Cecconi.

Tildar de farsa a este proceso es una calumnia. Desde 2004, los fiscales de Milán intervinieron miles de documentos en cinco países. Documentos procedentes de los discos duros del ordenador de Mills, papeles recogidos en su casa y su despacho, en la sociedad de intermediación Struie, en Fininvest y en un sinfín de empresas ficticias y fiduciarias. Gandus puso a trabajar a los mejores técnicos y peritos.

En 1995, Mills escribió a sus socios del estudio Withers una nota para tratar de calmarlos por el escándalo mediático que suscitó la noticia de que Craxi había recibido dinero de Fininvest a través de All Iberian. "Cuando hablé con Silvio Berlusconi el jueves, él insistió sobre el hecho de que las acusaciones tienen motivos políticos. Son bombas políticas en Italia porque los jueces de Manos Limpias en Milán están en condiciones de afirmar que detrás del pago a Craxi está Berlusconi", sostenía Mills.

Más abajo, Mills reconoce que ha hablado sobre el asunto con Berlusconi más de una vez, y achaca el pago a Craxi de los 10.000 millones de liras a Tarak Ben Ammar, dueño de la sociedad Accent Investment and Financing, y socio hoy de Berlusconi y de Gaddafi en la empresa luxemburguesa dedicada a la producción de cine Quinta Communications.

Gandus considera "intrínsecamente ilógico y al límite de lo risible" la versión de la defensa de Berlusconi y Mills negando el soborno. Según la jueza, fue Bernasconi y no Attanasio quien se los dio a Mills. El relato es suculento: "Es normal que Mills conociera a Bernasconi a causa de la actividad que ambos realizaban para Fininvest. Éste siempre lo califica como amigo (siempre más querido y más íntimo, en la progresión de sus 12 declaraciones). Más de diez años de discreta actividad para Fininvest habrían debido inducir al experto y famoso abogado a evitar a toda costa el riesgo de la posible asociación del nombre del donante al de Berlusconi, asociación que habría puesto, como ha puesto, a todos en una situación mucho más peligrosa y también, desde el inicio y no por poco tiempo, en el centro de la atención de los medios de comunicación, no sólo en Italia, sino en el Reino Unido".