Juicio a la barbarie

Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el final?

"Nos queda por conocer qué sucedió en medio país. 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto"

"En Huelva fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras consejo de guerra"

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó exactamente en el pasado?

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.

Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.

"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.

Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.

El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.

Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".