Fútbol de compra y venta

El fútbol español está bajo sospecha. No ha sido una vez. Han sido tres temporadas consecutivas las que han terminado con mal sabor de boca, con una secuencia impune de partidos supuestamente arreglados de antemano y jugadores convertidos en intermediarios que ponen precio a la combatividad de un equipo o aprovechan la ocasión para hacer ventajosas apuestas por Internet. En dos grabaciones obtenidas por diferentes procedimientos, una en 2008, la otra en 2010, dos de los afectados hacen una sucinta definición de lo que es la Segunda División en España. Uno, un presidente, la definió como "un infierno". Otro, un jugador, como "la guerra". Guerra o infierno, el caso es que son demasiados episodios oscuros.

El 'caso Brugal' destapa la profunda penetración de la corrupción en la Liga española

El objetivo es que las grabaciones lleguen a la Audiencia Nacional y sea posible abrir la vía administrativa

Raúl Navas y Jorge López, Tote, tienen algunas similitudes. Son jugadores de fútbol. Uno es portero en el Córdoba y el otro delantero en el Hércules. Ambos han cumplido los 32 años y tienen una experiencia acreditada después de militar en varios equipos. Son jugadores con personalidad, que no parecen asustarse fácilmente, como hizo Navas cuando se enteró hace un par de semanas de que el Córdoba había contratado los servicios de un psicólogo: "Procuraré estar lo más lejos de él", dijo. Cuando a estos dos jugadores les llegó la noticia de que estaban relacionados con la presunta compra de un partido, reaccionaron de una misma manera, a pesar de encontrarse en dos puntos muy alejados del mapa. Navas acababa de iniciar la pretemporada con el Córdoba en Costa Ballena (Cádiz). Tote se encontraba en Alicante con sus compañeros del Hércules. Ambos anunciaron que procederían legalmente contra todo aquel que pusiera en tela de juicio su buen nombre y se negaron a realizar más comentarios. En estos casos, el tiempo siempre corre a favor.

El 10 de mayo pasado, ambos coincidieron en el estadio Rico Pérez de Alicante, donde se disputaba el Hércules-Córdoba. El Hércules necesitaba los tres puntos en disputa para mantener sus aspiraciones de ascenso. En el minuto siete, Tote entró por la banda derecha y golpeó la pelota hacia la portería. Raúl Navas se lanzó al suelo, hacia la derecha, pero no pudo evitar el gol: el balón le entró por la izquierda, pegado al primer palo. Cayeron tres más. El máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, comentó ese gol de Tote por teléfono con un familiar alardeando de que, presuntamente, había comprado ese encuentro: "Le di 100.000 euros... en el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... es que fue la hostia, macho".

Raúl Navas tenía alguna experiencia más en esta materia. Hace dos años, su nombre salió a relucir en otra denuncia de una compra de partido, el Málaga-Tenerife disputado el 15 de junio de 2008. Por entonces era el guardameta del Tenerife, que perdió aquel partido (2-1), derrota que significó para su rival el ascenso a la Primera División. La denuncia la realizó el entonces presidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, quien grabó una conversación con el futbolista Jesuli, del Tenerife y antiguo jugador del club donostiarra, en la que este reconocía que aquel partido fue vendido. Navas anunció acciones legales contra el presidente de la Real Sociedad. A día de hoy, Iñaki Badiola declara que no tuvo que acudir a ningún juicio por tal motivo.

Aquella denuncia no llegó a ninguna parte. Jesuli declaró no haber dicho lo que dijo, aunque sus palabras fueron grabadas y se difundieron en todos los medios de comunicación. Había declarado que, pese a no jugar aquel partido por lesión, llegó a percibir 6.000 euros por la derrota. Afirmó incluso que hubo algunos futbolistas que no quisieron jugar aquel partido. Jesuli tampoco fue sancionado por manifestar una presunta mentira. En un comunicado redactado por su abogado manifestó que sus palabras fueron "inciertas por cuanto las mismas se han sustraído de una conversación privada sin el consentimiento del primero para tal grabación o reproducción". Jesuli en su comunicado se reservaba acciones legales. No las hubo.

La federación abrió un expediente informativo, como tantos otros (nunca se ha sancionado un hecho de este tipo), y decidió enviar la documentación a la Fiscalía General del Estado, quien a su vez trasladó el expediente a la Fiscalía de Málaga por haberse producido los hechos en dicha ciudad, lo que no dio resultado porque el caso fue archivado.

El mismo proceso se desarrolló el verano pasado, a consecuencia de una amplia operación policial en Alemania. En una investigación previa de la UEFA, en coordinación con las casas de apuestas deportivas por Internet, se dedujeron sospechas de arreglo en casi 200 encuentros de fútbol disputados en Europa. La mayoría correspondían a partidos de competiciones de segundo nivel, caso de la Segunda División alemana y otras de menor rango. Y en esa información sin pulir apareció la sospecha sobre dos encuentros de la Segunda División española, el Las Palmas-Rayo Vallecano y el Alavés-Alicante. El primero acabó en empate, un resultado que convenía a los intereses de ambos equipos, circunstancia que presuntamente fue aprovechada por jugadores o familiares de jugadores para obtener una ganancia extra en las apuestas. El segundo partido tenía otra lectura: el Alicante estaba ya descendido y el Alavés se jugaba la permanencia. Ganó el Alavés, pero esa victoria no le sirvió para salvarse porque además dependía de los resultados de otros competidores. La información fue trasladada a la Audiencia Provincial de Madrid. Se produjo alguna pesquisa policial entre las casas de apuestas. El resultado fue el archivo: no había elementos de prueba. Los jugadores de ambos equipos proclamaron su inocencia. Ese fue el escándalo del verano pasado.

Este verano, tercer escándalo, este de mayores proporciones. Por primera vez, los indicios proceden de una actuación policial. Viene como consecuencia del caso Brugal, una de tantas investigaciones sobre corrupción política con epicentro en Alicante. Las intervenciones telefónicas sobre uno de los imputados, el empresario Enrique Ortiz, ponen de manifiesto una serie de actividades presuntamente irregulares en su calidad de máximo accionista del Hércules, equipo de Segunda División que ha logrado el ascenso esta temporada. En fechas coincidentes con los partidos de máxima tensión en sus aspiraciones de ascenso, se deduce que Ortiz y el capitán del equipo, Tote, acuerdan pagos a otros equipos para asegurarse el resultado. Esta vez no se trata de grabaciones privadas obtenidas por un presidente, ni de informes de casas de apuestas más o menos precisos. En esta ocasión, las declaraciones aparecen en el entorno de intervenciones telefónicas legales, aprobadas por un juez, y descubren un pastel muy llamativo. Independientemente del destino judicial que tengan dichas grabaciones (de momento, archivadas), a nadie se le escapa que se produjeron, que los actores dijeron cuanto está transcrito en las diligencias que obran en el sumario. Han salido a la luz y corroboran lo mismo que en su día le comentaba Iñaki Badiola a Jesuli en una conversación privada: que para lograr el ascenso, los dirigentes de la Segunda División saben que hace falta "algo más" que meter goles.

"La Segunda División es horrible", le dice Badiola a Jesuli durante su conversación. "La Segunda es un verdadero infierno... y es un pozo del que es muy difícil salir. Mira, yo llevo estos diez meses de presidente de la Real Sociedad y una de las cosas que más me han defraudado es que... sinceramente el fútbol está muy podrido, ¿no? Creo que todo se compra y todo se vende, y eso no es justo, eso no es justo". Estas palabras no difieren mucho de la conversación mantenida entre Enrique Ortiz y Tote:

Tote. Ya lo ves. Esto es así, tío. ¿Has visto lo que tenían los demás?

Ortiz. Hombre, estos estaban todos primados.

Tote. No, no, primados no. Escúchame, 300.000. 25.000 cada uno de los cuatro de arriba. Eso para que digas que no sueltan pasta. Esto es la guerra, monstruo.

El infierno, dice Badiola. La guerra, asegura Tote. Son palabras pronunciadas con tres años de diferencia en dos conversaciones diferentes, dichas por dos personajes que no tienen ninguna relación el uno con el otro, salvo pertenecer a la Segunda División del fútbol español.

El camino que lleve este último episodio está por desentrañar. El Consejo Superior de Deportes (CSD) solicitó las grabaciones para trasladarlas al comité respectivo de la Federación Española de Fútbol para que abra un expediente. José Luis de la Fuente, el titular del juzgado número 7 de Alicante, rechazó dicha petición. El CSD la ha recurrido y espera respuesta. En el ánimo del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, está el perseguir esas grabaciones para buscarles un acomodo judicial. Su esperanza final está puesta en la Audiencia Nacional. "Aunque la compra de partidos está tipificada como delito en el nuevo Código Penal, que solo es aplicable a partir del 22 de diciembre próximo", dice Lissavetzky, "yo creo que se pueden explorar otras vías, como la del delito de estafa. Porque amañar un partido puede entrar en esa tipificación. Hay que tratar de llegar hasta el final".

Tanto la abogacía del Estado, a instancias del CSD, como el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, mantienen la tesis en sus apelaciones de que el presunto arreglo puede haber constituído un "fraude grave" para el sistema de quinielas y haber afectado a una pluralidad de ciudadanos. El fiscal jefe de Alicante argumenta que los hechos "generan una extraordinaria alarma social" y constituyen "un fraude de graves consecuencias económicas y sociales, con posibles perjuicios para terceros, capaces de producir una quiebra en la confianza de la ciudadanía".

Lissavetzky tiene experiencia en una materia parecida. El dopaje. El ciclismo español vivió varios años entre denuncias sobre actividades generalizadas de dopaje. Hubo incluso ciclistas que llegaron a confesar lo que habían hecho, caso de Jesús Manzano, quien dio nombres y apellidos de ciclistas y médicos. Ninguna de estas aportaciones resultó efectiva en los estamentos deportivos hasta que llegó una actuación policial, en este caso la Operación Puerto, iniciada en febrero de 2006. Grabaciones, filmaciones, registro de un laboratorio clandestino y obtención de pruebas indiscutibles: la sangre adulterada de algunos corredores. La Operación Puerto sí motivó una cascada de sanciones deportivas y puso de manifiesto que las sospechas no eran infundadas. La misma suerte corrieron otros casos de dopaje en Francia (caso Festina) o Italia: solo investigaciones policiales bajo el amparo de los jueces pueden llegar a esclarecer ciertos hechos. El mismo procedimiento ha motivado detenciones y sanciones en los casos de corrupción en el fútbol italiano o los relacionados con apuestas en Alemania. Otro detalle: de la Operación Puerto no se han deducido todavía sentencias penales: los imputados están a la espera de que se celebre el juicio oral, pero sí han recibido sanciones deportivas. De hecho, el juez Antonio Serrano, instructor de la Operación Puerto, permitió que actuara la vía administrativa (la deportiva). Penalmente, los ciclistas implicados no serán sancionados por tratarse de un delito contra la salud pública: ellos eran los clientes, no los actores del dopaje. Deportivamente, sin embargo, se produjeron las sanciones pertinentes.

Por esa razón, esta derivación del caso Brugal resulta especialmente interesante y una oportunidad que algunas autoridades no quieren dejar pasar. "Es evidente que los plazos actúan en nuestra contra", asegura Lissavetzky, "porque la Liga comienza a finales de agosto y no sabemos cuánto tiempo se tardará en obtener estas grabaciones, si es que finalmente podemos acceder a ellas". El objetivo es que las grabaciones lleguen a la Audiencia Nacional, pueda ampliarse la información y se abra la vía administrativa.

La Audiencia Nacional ha tenido una experiencia en esta materia. En el transcurso de las investigaciones realizadas por la policía y la Guardia Civil en el marco de la Operación Troika contra las mafias rusas aparecieron una serie de conversaciones entre los implicados que hacían referencia a la presunta compra de un partido de semifinales de la Copa de la UEFA (el celebrado entre el Bayern de Múnich y el Zenit de San Petersburgo). Se trataba del encuentro de vuelta que el equipo ruso ganó por 4-0, clasificándose para la final. Algunos de los mafiosos investigados tenían intereses en el club ruso, y uno de ellos alardeó en varias ocasiones de haber conocido de antemano el resultado. El juez Baltasar Garzón ordenó agrupar toda la información referente a este episodio y hacer traslado de la misma a la Fiscalía alemana. No podía actuar en España por tratarse de hechos que se produjeron fuera del país.

El objetivo final en este tercer caso es abrir la vía administrativa, poner en evidencia si las autoridades deportivas son capaces de sancionar conductas de este tipo. Si fracasa, la sombra de la sospecha persistirá un año más sobre el infierno / guerra de la Segunda División española.