Franco inventó la memoria histórica

La Ley de Memoria Histórica la inventó un dictador, Francisco Franco, cuando sólo era un general golpista. No la llamó así, pero no hay, en el texto arrancado con esfuerzo a las fuerzas democráticas en 2007, nada que el Caudillo no hubiera hecho 70 años antes. Fue Franco el primero en pedir un censo de desaparecidos de la guerra; el primero en encargar a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y el único en preservar por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Todo únicamente para las víctimas de su bando.

Así se lee en la fuente más fiable posible, al menos, la más oficial. Múltiples leyes, decretos y órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado dan cuenta, desde casi el principio de la contienda, en 1936, de la preocupación de Franco no ya por ganar la guerra, sino por honrar a sus víctimas. Así lo han constatado cuatro investigadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tras dedicar más de 400 horas a bucear en una fuente tan generosa como inabarcable. "Sólo hemos podido arañar el BOE analizando algo más de 3.000 páginas", reconoce Carlos Agüero, coordinador de la investigación.

Franco vigiló que todas sus víctimas fueran inscritas en un censo de desaparecidos o fallecidos acompañando las palabras "muerto gloriosamente por Dios y por España". Y quiso atender "tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron víctimas de la barbarie roja"; esto es, recuperar los cuerpos de las fosas comunes donde yacían.

Para llevar a cabo la "piadosa finalidad" de devolver a las familias los cadáveres de sus seres queridos, una ley de mayo de 1939 facultó a los Ayuntamientos para no exigir los impuestos que "gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres víctimas de la barbarie roja", obedeciendo a "la verdadera necesidad de rendir el postrero homenaje de respeto a los restos queridos de personas asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares inadecuados". Otra orden de 1940 publicaba el "modelo de acta de exhumación" que había elaborado su comité de expertos, en este caso, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. El protocolo de exhumación incluía la expropiación temporal de un terreno cuando los restos se hallaran en fincas privadas y la declaración del lugar de "tierra sagrada".

Además, en abril de 1940, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los Ayuntamientos que adoptaran "medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista". Y explicaba: "Con el fin de evitar posibles profanaciones y guardar el respeto debido a los restos sagrados de los mártires de nuestra Cruzada, los Ayuntamientos acotarán y cerrarán, de modo provisional, pero que reúna las precisas garantías de seguridad, aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de (...) asesinados por los rojos".

Y para los casos en que nada de lo anterior fuera suficiente, Franco estableció medidas drásticas: "Para defender este camposanto (Paracuellos)", recordaba un decreto de marzo de 1951, "fue desviado en 1941 el torrente de San Miguel, afluente del río Jarama, y se llevó a cabo una variante de la carretera provincial de Barajas a Fuente el Saz".

Quiso preservar (y lo logró) los lugares donde yacían sus muertos para que pudieran ser devueltos a sus familias. Mientras, muchas de las fosas de republicanos eran sepultadas para siempre por autovías y edificios. Y concedió, desde 1936, generosas pensiones vitalicias a sus viudas, algo que las esposas del bando enemigo no lograron hasta 1979. "Hemos encontrado pensiones de más de 1.200 pesetas, un fortunón para la época, y eso, en la España de la posguerra, generó unas élites de vencedores, poderosas y ricas", afirma Agüero.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, esta investigación derriba la tesis de que Franco diera un "golpe espontáneo" porque "comienza a legislar desde el primer momento" y demuestra lo "absurdo" del debate sobre la ley de memoria: "quienes decían que habría que reparar a los dos bandos deberían haber sabido que uno de ellos se autorreparó durante años". Silva lamenta no haber podido investigar más. "Hemos gastado más de 1.000 euros en las consultas al BOE. Prefiero usar ese dinero para ayudar a familiares a recuperar a los suyos". Como hizo Franco. -