Devuélveme el crucifijo

Ciertamente es un hecho insólito. La autoridad del Papa no parece suficiente para que firmen la paz dos obispados españoles. Y ahora hay quienes exigen que se aplique la justicia terrenal a un litigio que no resuelve la justicia divina. No están en juego dogmas de fe. No se hace necesario acudir a los Evangelios. El nudo gordiano es un mero asunto material: ¿quién es el legítimo propietario de 112 piezas de arte sacro: el obispado de Barbastro o el de Lleida?

Las posiciones son irreconciliables por mucho que los religiosos implicados traten de mantener la compostura. Dura 12 años el conflicto. La batalla legal entre los dos prelados se ha convertido en un nuevo objeto de disputa entre Aragón y Cataluña, gobernadas ambas por socialistas. El resultado final no deja de ser una paradoja: políticos laicos y de izquierdas defienden desde distintas posiciones la propiedad de cálices, crucifijos, algunas tallas románicas y otros objetos de culto de un valor relativo. Y para colmo, el Gobierno de Aragón solicita en un juzgado la ejecución de una sentencia dictada por el más alto tribunal eclesiástico, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

La decisión del Vaticano no se cumple. Tampoco ha servido el cambio de obispos. Ahora el litigio está en los tribunales

El origen del conflicto tiene dos escenarios. A principios del siglo XX, el obispo de Lleida, Josep Messeguer, tenido por un religioso ilustrado, dispone el traslado a la capital de objetos de diversas parroquias para evitar su pérdida, expolio o su comercio, dado que en aquellos tiempos era frecuente que los párrocos cayeran en la tentación de su venta a particulares para obtener ingresos adicionales. Segundo escenario: entre los años 1995 y 1998, la Conferencia Episcopal Española dispone que una parte del territorio adscrito al obispado de Lleida (casi la mitad de su jurisdicción, conocida como La Franja y correspondiente a 111 parroquias de municipios catalanoparlantes que pertenecían a la parte oriental de la provincia de Huesca) sea segregado y adscrito al obispado de Barbastro-Monzón para acomodar el mapa de la jurisdicción eclesiástica al mapa autonómico. Todas las parroquias afectadas, con sus bienes y "fieles" (así lo dicta el decreto), pasan a depender de Barbastro. Como consecuencia de este acto, la diócesis de Barbastro solicita la devolución de aquellos bienes trasladados a la de Lleida.

Parecía un asunto sencillo, una suerte de mudanza eclesiástica. Nadie discutió que siendo bienes de la Iglesia, era la Iglesia quien tenía potestad para decidir dónde debían reposar. Pero el argumento se fue enmarañando. Donde antes se hablaba de un mero depósito ahora se interpreta que generó un derecho de propiedad.

La disputa ha puesto de moda un término jurídico como el de usucapión, según el cual el depósito de un bien realizado de forma pacífica y pública genera un derecho de propiedad, transcurridos los años, si no ha existido una reclamación. Treinta años, según algunos expertos, atendiendo a la jurisprudencia eclesiástica. Tres años, según otros, atendiendo al ordenamiento civil de Cataluña. Nunca, según quienes entienden que esa figura jurídica no afecta a los bienes sagrados porque no están "dentro del comercio entre los hombres".

Desde el punto de vista del obispado de Lleida, dicho depósito generó un derecho de propiedad, argumento que niega Barbastro sobre la base de que Lleida nunca discutió la propiedad, ya que la Iglesia así lo ha dicho a través de sus tribunales. El 28 de abril de 2007, la última instancia, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, reunido en Roma, concluyó que los bienes debían ser devueltos.

Sin embargo, la palabra de Roma no basta. José Mora Pellicer, vicario judicial del obispado de Barbastro, trata de ser prudente en sus afirmaciones: "No es un litigio entre Lleida y Barbastro. El problema surge cuando el obispado de Lleida acepta que se cree un consorcio para gestionar el Museo Diocesano y Comarcal al que aporta ('inadecuadamente', apostilla diplomáticamente el vicario) las 112 piezas entre un total de 1.180 obras. Ese consorcio está participado por la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat, y ahora el obispado ('que quiere devolver las piezas', vuelve a apostillar) dice que necesita la autorización de la Generalitat". Por supuesto, al vicario judicial de Barbastro no se le ocurre acusar al obispo de Lleida de desobediencia al Papa.

Pero Antoni Agelet, vicario judicial de Lleida, lo entiende de otra manera: "El obispo Messeguer cumplió el mandato del Papa León XIII de que se protegiera el patrimonio de la Iglesia. Desde entonces han tenido una estancia pacífica. De hecho, hubo parroquias que en 1955 pasaron a Huesca y no reclamaron nada. Con todos los respetos a la Santa Sede, esto está aquí desde hace más de 85 años y ahora ¿por qué?". Naturalmente, rechaza que haya desobediencia: "De Roma nos reclaman la devolución, es cierto", dice Agelet, "pero forma parte de una colección museística a la que se le aplica la ley de patrimonio de Cataluña".

La palabra de Roma no ha bastado. Tampoco la sustitución del anterior obispo de Lleida (Francisco Javier Ciuraneta, denominado en el otro lado como "el obispo cargante" por su defensa numantina de la no devolución) por motivos de enfermedad, una maniobra que la Conferencia Episcopal nunca explicó del todo porque, en el intervalo, quien ejerció de interino firmó un documento en 2008 según el cual las 112 piezas serían devueltas en 30 días en cumplimiento de la sentencia del Vaticano.

Llegó el nuevo obispo de Lleida, Joan Piris. Inicialmente, pareció dispuesto a la devolución. Pero con el paso del tiempo se ha convertido a la tesis contraria. Así que el cambio de obispos no operó el efecto deseado por Roma y el asunto se complicó.

Porque ahora aparecen otros actores: asociaciones ciudadanas, políticos y, naturalmente, los abogados de las partes. La asociación de Amigos del Museo de Lleida interpuso una demanda contra los dos obispados, cuya primera vista se celebró el pasado 26 de enero. En aquel acto, el obispado de Lleida quiso pasar de la condición de demandado a la de demandante. "Lleida ha cambiado de opinión. Ahora niega que las piezas sean propiedad de las parroquias", sostiene Hipólito Gómez de las Roces, abogado de Barbastro y presidente del Gobierno de Aragón entre 1987 y 1991. Como consecuencia de esta demanda (que el propio obispo de Lleida ha llegado a insinuar que está financiada por la Generalitat), el obispado de Lleida toma una posición entre salomónica e interesada: quiere obedecer el dictado del Papa, pero debe respetar las leyes civiles y la Constitución española. Es decir, no devolverá nada hasta que no lo resuelva un juez civil. O lo que es lo mismo: la Constitución está antes que el Papa.

El conflicto ha generado alguna bibliografía. Se ha publicado el dietario del obispo Messeguer y nuevos documentos que, al parecer, demuestran que las piezas no fueron depositadas, sino compradas. Otro libro de investigación, titulado El Complot (Editorial Pagés), obra del periodista y profesor Eugeni Casanova, sostiene que "la segregación fue un acto promovido por miembros del Opus Dei. En todos los tribunales eclesiásticos que han entendido del asunto siempre han intervenido miembros de la Obra. Y no olvidemos que Escrivá de Balaguer fue natural de Barbastro. Se ha beneficiado a un obispado modesto en detrimento de otro rompiendo una jurisdicción que estaba en vigor desde hace casi 800 años". La influencia del Opus Dei en Barbastro es reconocida por políticos aragoneses, aunque consideran exagerada una teoría de la conspiración.

¿Y las piezas en litigio? Figuran, al mismo tiempo, en los catálogos como patrimonio de Aragón y de Cataluña. Están expuestas al público en el Museo Diocesano de Lleida. Pero otros esperan que ocupen el lugar previsto en el Museo Diocesano de Barbastro, cuyas obras, financiadas por el Gobierno de Aragón, finalizaron hace tiempo. Dicho museo está cerrado. Ahora es una cuestión de honor hacer coincidir su inauguración con la devolución de las obras.