La Administración no sabe, no contesta

Qué hay de secreto en la marcha de las obras del tren AVE Madrid-Jaén? ¿Por qué es imposible conocer los criterios con los que el INE controla la veracidad de los censos de población? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no facilita las listas de espera hospitalaria, ni el de Medio Ambiente las de los municipios que no depuran las aguas residuales? No son secretos de Estado, pero en los despachos ministeriales se les trata como tales.

Todo periodista acostumbrado a reclamar datos a las administraciones públicas sabe de las dificultades de obtenerlos. Las preguntas arriba formuladas, e infinidad de otras similares, desaparecen por los agujeros negros de los gabinetes de prensa y de las instituciones de nuestra democracia. La opacidad no es una práctica exclusiva del Gobierno central, que alega en su defensa que muchas de las materias sobre las que se reclama información están transferidas. Los Ejecutivos autonómicos y las corporaciones locales no son más transparentes. Y es que la Administración pública (que da trabajo a casi tres millones de personas y es sin duda el mayor empresario nacional) es un complejo y pesado engranaje a las órdenes del poder político. Sin embargo, la ideología no marca diferencias fundamentales en el apego casi patrimonial a la información que maneja.

La Constitución española exime al Rey de dar explicaciones sobre sus gastos

Fomento, ministerio impenetrable, es calificado de "entorpecedor" por el Defensor del Pueblo

Prueba de ello es la constancia con la que el Ministerio de Fomento ha mantenido un estilo impenetrable a lo largo de las distintas legislaturas. Y no sólo para los periodistas. El Defensor del Pueblo, en su último informe, coloca a este departamento entre las entidades "entorpecedoras". Un listado que incluye específicamente a la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación y a Aviación Civil, junto a la Ciudad Autónoma de Ceuta y una docena de ayuntamientos grandes y pequeños. Pero aunque no figuren en la memoria del Defensor, son varios los departamentos que custodian la información como cruzados.

Especialmente alguna información. Mientras cualquier ciudadano británico puede enterarse, a través de la página web de la Cámara de los Comunes, de qué actividades extra desarrolla y qué bienes declara el diputado que le representa, el español lo tiene algo más complicado. Puede acceder a la lista de actividades extraparlamentarias de los diputados -previa petición por escrito-, pero lo relativo a sus bienes patrimoniales no es público, tal y como especifica en su artículo 160 la Ley Electoral.

En Francia también es material secreto. Pero la declaración patrimonial es custodiada (y supervisada) por la comisión para la transparencia financiera de la vida política, dependiente del Consejo de Estado e integrada por altos magistrados. En nuestro país, todo queda en casa. Es decir, en manos de la Comisión del Estatuto del Diputado.

Tampoco el Rey de España, que ostenta la suprema representación de la nación, está obligado a dar cuentas, ni de su patrimonio personal ni del uso que hace de los poco más de ocho millones de euros de presupuesto anual asignado a la Casa Real. Fuentes de La Zarzuela explican vagamente que el dinero sirve para pagar sueldos de altos cargos de la Casa, del personal laboral, y para cubrir "gastos derivados de la función del Rey como jefe del Estado, recepciones y viajes preparatorios de Sus Majestades". Los viajes oficiales corren, en cambio, por cuenta del Ministerio de Exteriores. No más explicaciones. El Rey no tiene que darlas, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución, apuntan las mismas fuentes.

Nadie podría acusar de falta de transparencia, en cambio, sino de parquedad informativa, al Instituto de Comercio Exterior (Icex) cuando se le reclaman datos sobre exportaciones de armas españolas. En el instituto remiten a una estadística en la que dichas exportaciones están recogidas bajo el epígrafe "defensa y seguridad militar", sin más especificaciones. ¿No sería posible encontrar algo más detallado? "Pregunte a la Agencia Estatal Tributaria", replican en el Icex.

Al habla con la Agencia, que depende de la Dirección General de Aduanas, toman buena nota de la pregunta, pero una semana después aclaran que ellos no elaboran esas estadísticas. Hay que dirigirse a la Secretaría de Estado de Comercio. Esta vez, la responsable de prensa se apiada de la periodista y le facilita exactamente el sitio de la página web donde se encuentra el dato.

El recorrido no es del todo sencillo, porque hay que pinchar no menos de cinco veces en otros tantos epígrafes algunos tan enigmáticos como los titulados "Canales temáticos" o "Información sectorial", hasta llegar a la publicación detallada y completa de las exportaciones de material de Defensa y doble uso.

A veces, el problema no es la escasez de información, sino el exceso. Como en el caso de las tan traídas y llevadas balanzas fiscales (la relación entre lo que el Estado recauda en cada comunidad y lo que revierte en ella). El Ministerio de Economía y Hacienda no las publica debido a la complejidad que entraña su elaboración, que puede arrojar resultados muy diferentes según se incluyan o no determinados conceptos. Cuando se le pide este espinoso dato al ministerio, desde el departamento de prensa hacen llegar un estudio de cien folios elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales. Una inestimable ayuda que confunde más que aclara.

El inmenso territorio de entidades que engloba Economía y Hacienda tiene puntos opacos que no son defendibles con argumentos de alta política. Pongamos el caso del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace unas semanas, el INE detectó el crecimiento falso de los padrones en algunas localidades en vísperas de las elecciones municipales. Preguntado por los dispositivos de que se vale para detectar esta superchería, el INE guarda silencio alegando que se trata de "datos internos". Una fórmula original para designar el no sabe, no contesta, el famoso silencio administrativo.