La primera gran depresión europea

Tras varios intentos fallidos por superar la crisis de sus finanzas, la Hacienda del reino de Mallorca quebró finalmente en 1405. En los años anteriores se habían desplomado muchas bancas privadas en Barcelona, Valencia y la misma Mallorca, pero ahora no se trataba ya del hundimiento de entidades financieras particulares, sino de la bancarrota de todo un reino. La quiebra no solo obligó a consignar todos los ingresos fiscales de la isla al pago de los intereses de la deuda y a su amortización, sino que dejó en manos de los acreedores, en su inmensa mayoría barceloneses, la centralización del producto fiscal recaudado y la supervisión del pago de los intereses y de la gestión en general de la deuda pública.

La escalada de la deuda estuvo en el origen de los problemas

En Barcelona, el 61% del gasto público se destinaba a pagar intereses

Los impuestos se extendieron a todos los habitantes del reino

La especulación inmobiliaria disparó al alza los precios

No se trataba de una mera crisis coyuntural. Los problemas eran estructurales y venían de muy atrás. Treinta años antes, y solo veinte después de que Mallorca hubiese empezado a emitir deuda pública, las cuentas ya no cuadraban. Como apuntó en su día Álvaro Santamaría, de los 900.000 sueldos a que ascendían anualmente los ingresos teóricos globales, solo llegaban a recaudarse unos 660.000, mientras que el resto dejaba de percibirse por fraude fiscal o mala gestión. Para atender el desfase entre ingresos y gastos, la Hacienda mallorquina había contraído una deuda del orden de seis millones de sueldos, que obligaba al pago de intereses por un total aproximado de 600.000, es decir, la casi totalidad de los ingresos efectivos ordinarios.

En 1373, un administrador nombrado por la corona elaboró un plan de saneamiento de la Hacienda del reino que pasaba por reducir drásticamente el gasto público (adelgazando sensiblemente la nómina de salarios y gratificaciones pagados por la Administración; reduciendo el número de embajadas y misiones oficiales; limitando la inversión en obras públicas durante diez años a la conservación de las murallas, la conducción de aguas y el muelle; controlando el abastecimiento frumentario y prohibiendo la concesión de donativos graciosos con cargo a fondos públicos), fiscalizar con severidad las cuentas de la Administración pública (sometidas a auditorías, cuyos informes serían entregados a los nuevos gobernantes al inicio de su mandato anual) y amortizar la deuda en 10 años (reduciendo el tipo de interés del 10% al 8%, una moratoria de 10 años y un plan septenal de amortización). El plan no solo no funcionó, sino que la situación de las finanzas se agravó y, aunque hubo nuevos intentos por sanear la deuda (en 1392 se colocó ya a un catalán, en representación de los acreedores, al frente de las finanzas mallorquinas con el fin de asegurar el pago de los intereses), la Hacienda quebró finalmente en 1405.

El de Mallorca no es un caso aislado ni en la España ni en la Europa de la baja Edad Media. Hacia finales del siglo XIV el pago de los intereses de la deuda pública representaba entre la mitad y las tres cuartas partes del gasto municipal en las grandes ciudades italianas, francesas, alemanas, flamencas y holandesas. En la Corona de Aragón, donde la emisión de censales se había generalizado desde mediados del trescientos como el principal recurso financiero de las Haciendas locales, la deuda pública había adquirido ya niveles colosales antes de finalizar la centuria. En Barcelona, pasó de representar el 42% en 1358 al 61% en 1403; en Tarragona, del 54 % en 1393 al 72% en 1399; en Valencia, del 39 % en 1365 al 50 % en 1402; y en Mallorca, quizá el caso más espectacular, ascendía al 81% en 1378. Y como la deuda se financiaba con los ingresos fiscales -o tal vez fuera más exacto decir que se crearon nuevos impuestos y se incrementó la presión fiscal con el fin de financiar la deuda-, buena parte del esfuerzo fiscal de la población se desviaba en beneficio de los acreedores, de ciudadanos y mercaderes que invertían en la deuda pública -menos lucrativa, pero más segura- para diversificar sus riesgos, mucho antes de que tomasen el relevo la nobleza y las instituciones eclesiásticas, con un espíritu ya claramente rentista.

La imparable escalada de la deuda, uno de los mejores barómetros y a la vez una más de las múltiples causas de la crisis del siglo XIV, tenía su origen en las continuas peticiones pecuniarias de la monarquía, motivadas a su vez por el incremento del gasto bélico, y, en menor medida, en el desarrollo del propio aparato administrativo de un Estado cada vez más centralizado. En toda Europa la guerra fue un fenómeno casi permanente a lo largo del siglo XIV, uno de los grandes azotes, junto con la peste y el hambre, de esta centuria de grandes calamidades.

En la península Ibérica las campañas militares se suceden una tras otra a lo largo del trescientos: las cruzadas castellano-aragonesas contra Granada; la batalla del Salado, en la que las fuerzas combinadas de Castilla y Portugal derrotaron a los benimerines; la conquista de Cerdeña y las guerras continuas con Génova por el control del Mediterráneo occidental; la reintegración de Mallorca a la Corona de Aragón; las revueltas nobiliarias castellanas y las guerras de la Unión aragonesa y valenciana; y, sobre todo, la guerra civil castellana, que a su vez derivó en una guerra abierta entre las coronas de Castilla y Aragón, una guerra larga, costosa y destructiva que se inserta también en el marco general europeo de la Guerra de los Cien Años.

Las guerras segaban vidas, arrasaban las cosechas, asolaban pueblos y ciudades, interrumpían el comercio, dificultaban el abastecimiento y frenaban el crecimiento, pero también exigían fuertes sumas de dinero para financiar tanto las campañas militares -y en particular el pago de las tropas- como la posterior reconstrucción. Y el dinero salía de las ciudades y de las comunidades rurales, sometidas a nuevas y mayores exacciones, que de ser inicialmente extraordinarias pasaron a convertirse en ordinarias. Al contrario que los antiguos tributos feudales, recaudados en el ámbito estricto del señorío, los nuevos impuestos eran generales y universales, no se limitaban solo a los vasallos del rey, sino que se extendían a todos los habitantes del reino, a todos los súbditos del monarca, y se justificaban por el bien común o la utilidad pública. Aunque se invirtiesen en gastos tan dudosos -desde la perspectiva de los contribuyentes, que así lo denunciaban- como más guerras o más mercedes a privados y partidarios del soberano.

La construcción de un verdadero sistema fiscal y financiero, con impuestos ordinarios, regulares, sobre el patrimonio o sobre la comercialización y el consumo (sisas, alcabalas), hizo posible, primero en Cataluña y la Corona de Aragón y más tarde en Castilla, la consolidación de la deuda pública, basada ya no en créditos a corto plazo (préstamos a interés) sino a largo plazo (censales, juros). O más bien cabría decir que fue la consolidación de la deuda pública, consignada sobre determinados impuestos (en su mayoría indirectos) la que exigió y desembocó en el establecimiento de un verdadero sistema fiscal, primero municipal y después estatal.

En cualquier caso, y esto es lo relevante, ciudades, reinos (cortes y diputaciones) y monarcas dispusieron de nuevos instrumentos financieros con los que atender nuevas y crecientes necesidades (aunque en algunos casos acabarían llevándoles a la quiebra); el patriciado urbano y más tarde la alta aristocracia y el clero se beneficiaban del festín fiscal, redistribuido en forma de intereses de la deuda; y las clases populares, rurales o urbanas, contribuyentes netos, veían cómo se añadían a los censos agrarios y las rentas señoriales tradicionales los nuevos impuestos con los que se financiaban las haciendas locales y reales y, en particular, la deuda pública.

El incremento de la presión fiscal y el reparto de su producto entre la nobleza (profesionales de la guerra y altos cargos del Estado) y los inversores en la deuda son solo una de las manifestaciones de los grandes cambios eco-nómicos y sociales (pero también políticos, culturales e incluso religiosos, con el gran Cisma de Occidente) que tuvieron lugar en el siglo XIV y que los historiadores suelen englobar, extremando los tintes negativos, bajo la denominación general de "crisis del siglo XIV", "crisis del feudalismo" e incluso "gran depresión bajomedieval". Las otras manifestaciones son más conocidas, y por eso les dedico menos espacio en esta apretada síntesis.

Los primeros historiadores que se ocuparon de ella y los propios contemporáneos destacaron sobre todo la conjunción de catástrofes y calamidades que se abatió sobre la centuria y, en primer lugar, el terrible impacto de la peste negra, que diezmó a la población europea. La epidemia, de efectos letales en su doble variedad bubónica y pulmonar, llegó a la costa mediterránea de la Península en el verano de 1348 y rápidamente se propagó por toda Europa occidental, a lomos de las ratas que infestaban las bodegas de los barcos y los cargamentos comerciales. No había remedio contra ella, y lo único que podían recomendar los médicos y las autoridades públicas y religiosas, además de rogativas y actos de expiación colectiva, era huir de las ciudades más atestadas y expuestas. Como hizo Boccaccio, que se retiró a una villa alejada de Florencia, donde compuso el Decamerón en el año de la peste.

Aunque todas las estimaciones demográficas anteriores a la era estadística no pasan de ser eso, estimaciones, se calcula que entre una tercera parte y la mitad de la población europea sucumbió a la epidemia, lo que representó un verdadero colapso demográfico y económico (ver gráfico). Además, tan mortíferas como su primera irrupción fueron sus posteriores recurrencias -el segundo brote, en 1362, se cebó en la población infantil, sin defensas inmunológicas-, y el hecho de que la peste se instalase de manera permanente en la sociedad europea hasta más allá de los siglos medievales no dejó de ensombrecer las posibilidades de recuperación.

Mucho antes que la peste habían hecho su aparición las carestías y las hambres. Un cronista catalán de la época bautizó el año de 1333 como "lo mal any primer", el inicio de todos los males, cuando una mala cosecha disparó el precio de los cereales y extendió el hambre y la muerte por toda la Península. Solo en Barcelona murieron 10.000 de los 50.000 habitantes con que contaba la ciudad. Pero los efectos de la carestía se dejaron sentir también de forma severa en Castilla y Portugal.

En el norte de Europa la crisis había empezado una generación antes, con la gran hambruna de 1315-1317, provocada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la sucesión de malas cosechas, que golpeó a todo el continente, de Escocia a Italia y de Rusia a los Pirineos, pero que no afectó a la península Ibérica. Los testimonios de la época hablan de altos niveles de criminalidad, enfermedades, muertes masivas e incluso casos de canibalismo e infanticidio.

Frente a una visión catastrofista que situaba el origen de la crisis en la incidencia de factores exógenos como la peste y el enfriamiento climático (en el siglo XIV, en efecto, se inició lo que se conoce como la pequeña Edad del Hielo, que se prolongaría hasta mediados del XIX), la mayoría de los historiadores se ha decantado tradicionalmente por atribuir sus causas a factores de naturaleza endógena, como el desequilibrio entre población y recursos, los rendimientos decrecientes, la estructura de clases, la conflictividad social, la guerra permanente, la competencia entre los nuevos Estados emergentes o el aumento de la presión fiscal.

Para los historiadores neomaltusianos las causas de la crisis se encontrarían en las limitaciones internas del propio crecimiento -demográfico y económico en general- que había caracterizado a la economía europea en los tres siglos precedentes, del XI al XIII. La inflexión se habría producido ya en las últimas décadas del doscientos, cuando hicieron su aparición en algunas regiones -ciertamente no en la península Ibérica- los primeros síntomas de agotamiento, de haber llegado ya al final de la gran expansión medieval. Treinta o cuarenta años separan, en opinión de Bois, el final del crecimiento de la entrada en la depresión propiamente dicha. Y entre los factores que llevaron a ella señala en primer lugar la persistencia de la presión demográfica sobre una economía agotada e insegura, el alza de los precios y, en particular, la escalada del precio de la tierra.

Como en el caso de una burbuja, una verdadera fiebre especulativa se apoderó del mercado inmobiliario y presionó los precios al alza de manera irracional. Las tasas de interés, que durante la etapa de crecimiento habían descendido hasta un nivel medio del 5%, se elevaron hasta el 8% o el 10%. Todo ello se tradujo en graves desórdenes monetarios, particularmente en Francia, donde la moneda perdió el 50% de su valor, a la vez que las devaluaciones disparaban los precios y desencadenaban la especulación monetaria.

Este proceso constituyó el prolegómeno extremo (estancamiento técnico y productivo, aumento del gasto público improductivo, incremento de la deuda sobre activos sobrevalorados) que precedió y llevó finalmente a la depresión, con la caída de la producción y los precios agrarios y la contracción de la demanda, afectada ya por la crisis monetaria y el retroceso demográfico. Por su parte, la salida de la crisis -sobre la que no puedo extenderme aquí- solo vendría, a mediados ya del siglo XV, con un importante reajuste de las estructuras económicas, la reducción de los tipos de interés, la estabilización de la moneda y de los precios, el alza de los salarios y de los ingresos señoriales -gracias a la nueva fiscalidad centralizada- y la recuperación de la demanda.

Más allá de sus manifestaciones más virulentas y más allá también de las distintas interpretaciones con las que los historiadores la han intentado comprender, la gran depresión bajomedieval ha sido considerada también como una crisis sistémica, como una crisis del feudalismo (aunque no fuese la que terminase con él, como tampoco la crisis de 1929 terminó con el capitalismo). Otros, en cambio, se preguntan si no se trató más bien de una serie de dificultades a corto plazo o cuellos de botella de la producción, que podrían haberse superado de no haber irrumpido la peste.

En todo caso, la crisis se saldó con una profunda reorganización del sistema feudal, desde sus bases económicas (una mayor especialización e intensificación agrícola, mayores tasas de urbanización, el desarrollo de la manufactura, el incremento de la comercialización, la reducción de los costes de transporte) hasta sus estructuras políticas e institucionales (con el afianzamiento de las monarquías territoriales y la centralización del poder político y militar). Fue en este sentido, como la denomina Epstein, un proceso de "destrucción creativa", desatado por un periodo de rápido y traumático colapso demográfico, que se tradujo en una mayor integración económica e institucional, en una mayor competencia entre mercados y entre Estados y que colocaría a la economía europea en una senda de mayor crecimiento. Lejos de ver en ella solo sus aspectos calamitosos, la crisis de la baja Edad Media fue ante todo un motor del cambio económico, el escenario de la reorganización que permitió convertir el crecimiento en desarrollo. Europa y la economía europea saldrían reforzadas de la prueba.

Antoni Furió Diego es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. - PRÓXIMO ARTÍCULO El siglo XVII, por J. A. Sebastián