Pedagogía de la crisis

La crisis está resultando muy cara. Determinar quién paga sus costes, cuándo y a través de qué vías es un aspecto importante cuya discusión en todo el mundo se intensificará a partir de ahora. De su clarificación también va a depender la legitimidad de las instituciones financieras y la de sus reguladores y supervisores.

El balance de daños será muy superior a los ahora más explícitos. Sólo los que podrían considerarse costes directos, ya identificados y susceptibles de asignar de forma inequívoca a la convulsión iniciada en el verano de 2007, constituyen una parte considerable del dinero adelantado por los contribuyentes: de esa notable ampliación de los déficit públicos en los dos últimos años. Los costes indirectos, incluidas las externalidades negativas que las entidades financieras han creado sobre el resto de los agentes económicos, aunque de más difícil captación, son sin duda superiores. El racionamiento del crédito y el excepcional ascenso del desempleo han sido algunas de las manifestaciones más explícitas.

Exigir responsabilidades facilitará la recuperación de la reputación de las instituciones financieras

En ese grupo de costes derivados de la crisis y de su gestión también habría que incluir aquellos de más difícil contabilización asociados a la erosión de la confianza en el propio sistema económico y en algunas de sus instituciones. Su complicada cuantificación y la dificultad para identificar a los agentes que han de sufragarlos no debe impedir que se sea suficientemente sensible a ese tipo de costes.

Como era previsible, ha sido en EE UU donde primero han empezado a adoptarse decisiones correctoras de algunas de las consecuencias de esa crisis financiera, cuyas cenizas todavía despiden calor. Y eso es, en primer lugar, porque fue en ese país, en el corazón de su sistema financiero, donde se localizó el epicentro de la convulsión; donde sus autoridades se vieron obligadas a usar en cantidades extraordinarias el dinero de los contribuyentes para evitar el colapso de empresas financieras de todo tipo, desde bancos hasta compañías de seguros. En segundo, porque es allí donde la sensibilidad de sus ciudadanos, de los contribuyentes, es más explícita. La clase política, empezando por su presidente, no podía eludir la necesidad de conocer con suficiente detalle, de primera mano, el origen de esa crisis y pasar la factura de algunos de los daños más explícitos. Del cumplimiento de ambas exigencias tuvimos constancia la semana pasada en las sesiones de la comisión creada en el Congreso (Financial Crisis Inquiry Commission) y en el anuncio de la imposición de una tasa sobre parte del pasivo de los mayores bancos que operan en aquel país.

Los banqueros que comparecieron no han aportado grandes novedades a las causas de la crisis, pero es probable que cuando concluyan las tareas de esa comisión se conozcan mejor las circunstancias que condujeron a la crisis financiera más grave desde la que precipitó la Gran Depresión. Siendo más relevante conocer causas que culpables, lo cierto es que fueron las prácticas de algunos operadores financieros las que precipitaron el colapso en los mercados crediticios en todo el mundo y la situación próxima a la quiebra de algunos de los más emblemáticos bancos y compañías de seguros. El Gobierno los salvó para evitar males peores utilizando fondos públicos. Y ahora quiere recuperar, en un plazo máximo de 12 años, parte de esos costes directos. No es precisamente una locura.

La tasa propuesta por la Administración gravará con un 0,15% los pasivos no asegurados (los totales menos el capital de primera categoría y los depósitos asegurados por el Fondo de Garantía) de los mayores operadores financieros presentes en EE UU: bancos, compañías de seguros y otros intermediarios, con independencia de su nacionalidad, con activos superiores a 50.000 millones de dólares. Estará en vigor a partir de junio, hasta recuperar los 117.000 millones de dólares que ha supuesto el desembolso neto del Gobierno en el TARP (Troubled Asset Relief Program), destinado a la adquisición de activos y acciones de empresas financieras en dificultades.

Al tomar como base esos pasivos no asegurados se está procurando también limitar una excesiva asunción de riesgos por las entidades. Su impacto sobre la capacidad de generación de márgenes de las entidades gravadas no será muy oneroso: el total a pagar en los próximos 10 años por ese concepto será inferior a lo que las entidades financieras desembolsarán este mismo año en compensaciones excepcionales a sus directivos. Seis de los mayores bancos americanos pagarán 150.000 millones de dólares en compensaciones totales a sus ejecutivos correspondientes a 2009, poco menos que el récord de 164.000 millones alcanzado en 2007, antes de acusar los efectos de la crisis.

Ésa no ha sido precisamente una decisión improvisada: cuando el pasado agosto el Tesoro de aquel país diseñó el TARP, se anticipó que habría que devolver esos recursos. Lo que ha sido objeto de análisis en estos meses es la forma concreta de recuperación, contemplando cuatro alternativas: una tasa sobre el conjunto de las transacciones financieras, un gravamen adicional sobre los beneficios, la eliminación de la deducción de los pagos por intereses y la finalmente adoptada tasa sobre parte de los pasivos.

Esas alternativas forman parte del conjunto que está considerando el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del encargo recibido por el G-20, el pasado septiembre en Pittsburg, de búsqueda de alternativas para que "el sistema financiero realice una sustancial y justa contribución al pago de las cargas asociadas con las intervenciones de los Gobiernos para reparar el sistema bancario". Que el director gerente del Fondo haya saludado la iniciativa americana no significa que el resto de los países que están planteándose decisiones similares opten por la misma modalidad. El Reino Unido, por ejemplo, hace tiempo que mostró sus preferencias por una especie de comisión sobre el volumen de transacciones. Otros Gobiernos europeos, sin necesidad de recuperar montantes equivalentes a los aportados en EE UU, han definido su preferencia por las dotaciones permanentes a un fondo destinado a sufragar los costes de crisis futuras, o la imposición de un gravamen sobre las remuneraciones consideradas excesivas.

Aun cuando sea pronto para entrar en la consideración detallada de las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones (en junio, el FMI deberá presentar el informe requerido, aunque los ministros de finanzas del G-20 discutirán un borrador en abril), la coordinación internacional en este tipo de medidas es esencial, aunque sólo sea para evitar la generación de incentivos al arbitraje regulador o a la infundada redefinición de tamaños medios en la industria de servicios financieros allí donde se apliquen. Lo que es igualmente razonable, como ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional, es la necesidad de conseguir un adecuado, aunque nada fácil, equilibrio entre fiscalidad y regulación. La aplicación de tasas de este tipo en modo alguno debe excluir el fortalecimiento de las regulaciones identificadas como necesarias antes y después de esta crisis.

El Gobierno del país donde nació la crisis financiera ya está contribuyendo favorablemente a fortalecer la pedagogía que ha de deducirse de la gestión de esta crisis mediante la identificación y exigencia de responsabilidades. Que lo haga el conjunto de las economías que están sufriendo los costes directos e indirectos facilitará la recuperación por las instituciones financieras de parte del otro capital perdido, el de naturaleza reputacional, fundamento de la confianza en las mismas; de su crédito, en definitiva. -