Estabilidad bancaria y recuperación económica

El final de la recesión de la economía española es dependiente de la normalización de la actividad de su sistema bancario. Tres hechos, no por conocidos menos relevantes, ayudan a entender esa afirmación. Primero, la española es una de las economías más bancarizadas de la OCDE. Segundo, las familias y las empresas españolas están altamente endeudadas con su sistema bancario y éste, a su vez, con el exterior. Por último, como consecuencia en cierta medida inevitable, tenemos que asumir la muy estrecha asociación entre crecimiento del paro y deterioro de la calidad de los activos bancarios. Este último proceso no favorece precisamente la normalización de la inversión crediticia.

Nunca fue más explícita la vinculación entre la salud del sistema bancario y la del empleo

Si asumimos esas premisas, no hay más remedio que destacar el freno al desempleo como la más importante de las prioridades de la política económica en el momento actual; la segunda prioridad, por fortuna absolutamente compatible con la anterior, es que el Banco de España, en el ejercicio de las tareas que tiene delegadas por el Gobierno, procure garantizar la estabilidad del sistema bancario en su conjunto. Esto último significa hoy contribuir a la gestión de la reordenación del censo de oferentes, de forma particular en el subsector de cajas de ahorros. Esta tarea de apoyo a la reestructuración no es sólo responsabilidad del Banco de España: las CC AA y los partidos políticos deben colaborar con las actuaciones que esta institución sugiere.

Nunca fue, efectivamente, más explícita la vinculación entre la salud del sistema bancario y la del empleo. No hay, por tanto, muchos otros ámbitos donde sea tan aconsejable un acuerdo amplio entre los representantes de los ciudadanos. Las pérdidas de bienestar derivadas de una mala gestión de la crisis, de esas dos dimensiones absolutamente interrelacionadas, pueden ser superiores a las ocasionadas por la gripe A, que ha justificado un acuerdo entre los principales partidos sobre actuaciones públicas. Trataré de argumentar esa necesidad.

La organización de los sistemas financieros es un aspecto muy relevante de la estructura institucional de una economía y, por ende, de la determinación de la productividad total de los factores PTF, esencial para que una economía sea competitiva y con ello aumente la renta per cápita. Cuando los sistemas financieros funcionan bien, asignan eficientemente los recursos financieros, las economías pueden aprovechar mejor las ventajas derivadas de la innovación en términos de productividad y crecimiento. Si en una economía existen anomalías en el funcionamiento del sistema bancario, o éste no es muy eficiente, la economía y el empleo sufren.

Son básicamente dos los modelos sobre los que gira esa organización de los sistemas financieros: los basados en los mercados y los que descansan sobre la función dominante de los intermediarios bancarios. Japón, Alemania o España pertenecen a este último grupo; EE UU y Reino Unido, al primero, donde una proporción significativa del pasivo financiero de las empresas se capta apelando directamente a los mercados de forma desintermediada. La convergencia entre ambos está teniendo lugar desde hace años mediante la atracción gravitacional del primero sobre el segundo. Ahora no es el momento de discutir la conveniencia de uno u otro (recomiendo las panorámicas del Occasional Paper nº 72, de septiembre de 2007, del BCE y el capítulo 4 del World Economic Outlook del FMI de septiembre de 2006), pero sí de recordar alguno de los rasgos de mayor significación para lo que fundamentalmente nos ocupa: la salida cuanto antes de la recesión en España.

La economía española está muy bancarizada: la proporción de activos y pasivos financieros de todos los agentes económicos con intermediarios bancarios es de las más elevadas. La financiación empresarial captada fuera de los tres grupos de entidades que lo conforman -bancos, cajas y cooperativas de crédito- es la más reducida de la OCDE. Aunque la salud del conjunto del sistema al inicio de la crisis financiera global era mejor que el promedio de las economías avanzadas, la tercera de las proposiciones de partida -la muy estrecha vinculación entre paro y calidad de los activos- puede reducir gradualmente ese favorable diferencial de solvencia. La contabilidad no jugará precisamente a favor: la afloración pendiente de ese deterioro en la calidad de los activos erosionará las reservas y provisiones, y con ello, la capacidad de absorción de riesgos adicionales.

Recordemos que algo más de la mitad del activo agregado del sistema bancario español está vinculado directa o indirectamente a los de naturaleza inmobiliaria, ya sean préstamos a las familias, a los empresarios del sector o directamente activos inmobiliarios, que ya estaban en el balance de las entidades o que han sido adjudicados como contrapartida a préstamos. No se puede afirmar que la depreciación de esos tres tipos de activos haya concluido. Es más, si el paro sigue creciendo, lo hará la morosidad de familias y empresas, a pesar del aumento de las adjudicaciones de activos y de las refinanciaciones. La contaminación a otras modalidades de activos como los préstamos al consumo también empieza a ser explícita.

La significación de ese deterioro es doble: si la salud de las empresas bancarias no mejora, la inversión crediticia acentuará su tendencia descendente. La evolución de la captación de pasivo tampoco será mejor que la observada en los últimos meses. Si la actividad no crece y la calidad de los activos existentes sigue deteriorándose, también lo harán los márgenes, la capacidad para generar beneficios. En algunos casos podrían emerger dificultades para preservar las exigencias convencionales de solvencia.

Frente a tal deterioro, decisiones adicionales de desapalancamiento de las entidades bancarias tienen un recorrido limitado. Los apoyos excepcionales de las autoridades monetarias parecen tener cercano su final.

Me temo que el BCE concretará sus "estrategias de salida" atendiendo más a la más avanzada recuperación de las economías grandes de la eurozona que a la española, más rezagada.

Esas amenazas coyunturales se añaden al exceso de capacidad instalada en todos los sectores financieros de la OCDE, y el español de forma destacada. Ante una situación tan excepcional, las decisiones de las autoridades han de ser igualmente singulares. Dos, nada fáciles, y en ámbitos en los que se exige tanta o más voluntad política que destreza técnica. Pero al menos no son decisiones incompatibles en el corto y medio plazo. Será necesario un proceso de consolidación del sector mediante la fusión de entidades o la puesta en común de la solvencia mediante acuerdos como los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). En la concreción de cualquier decisión en el subsector de cajas de ahorros, los gobiernos regionales han de jugar un papel importante dado que será necesario que esa reordenación tenga una extensión verdaderamente interregional y evite redundancias y pérdidas de empleo innecesarias.

La otra decisión de las autoridades tampoco es políticamente cómoda: consiste en aprovechar parte del margen de endeudamiento público todavía existente. Es necesario aumentar la inversión pública y demorar las elevaciones de impuestos hasta que la economía haya neutralizado la hemorragia del desempleo. Los efectos de ambos grupos de decisiones, o los más adversos de la más peligrosa inacción, cabalgarán sobre varias legislaturas y es posible que sobre varias generaciones de españoles. Por eso sería aconsejable que se abordaran con un respaldo político suficientemente amplio, propio de decisiones que condicionarán el bienestar de los españoles en los próximos años.