Crisis y reformas en España

Una de las dificultades principales para combatir eficazmente la crisis actual en la zona euro y completar los elementos necesarios para su estabilidad ha sido la creencia, muy difundida en Alemania, de que la principal culpabilidad del tremendo fenómeno viene del poco rigor presupuestario y de la baja productividad de los trabajadores de países mediterráneos. Con ello han quedado en la sombra las causas fundamentales de las crisis, como el seguidismo del Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal estadounidense, manteniendo tipos de interés muy bajos que generaron las burbujas inmobiliarias, y la facilidad con que los bancos privados -españoles, alemanes, franceses y otros- financiaron el auge inmobiliario en toda la Eurozona.

La crisis ha demostrado que el BCE tiene que preocuparse de algo más que la inflación

Es obvia la necesidad de una agencia de 'rating' europea que no tenga intereses espurios

La experiencia española demuestra que estas ideas son equivocadas.

España entró en la Unión Monetaria Europea cumpliendo los requisitos de Maastricht, cosa que no ocurrió con Alemania y Francia, sin que recibieran ningún castigo como los que quiere introducir el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet. En los años posteriores, España tuvo déficits públicos inferiores al 1% y, entre 2005 y 2007, superávits presupuestarios, mientras que la Eurozona mostraba déficits que oscilaban entre el 3% y el 1%.

La deuda soberana española era -y sigue siendo- la menor de los grandes países europeos en porcentaje del PIB: un 64%. Gracias a ello y, a pesar de los embates de los especuladores y de los juegos bajistas de las agencias de rating, el coste de los intereses de la deuda es de un 2% del PIB, frente al 2,4% de Alemania, el 2,6% de Francia y el 4,6% de Italia.

La cacareada baja productividad de los trabajadores españoles es una extrapolación errónea del periodo de intensa inmigración y del auge explosivo de la construcción (1996-2001). La productividad por ocupado en España fue superior a la media de la Eurozona entre 1981 y 1990 y entre 2001 y 2010. Y la productividad por hora en 2009, según el Conference Board, estaba entre la de Alemania y la de Italia. Más demostrativo aún es que la tasa de crecimiento real de las exportaciones españolas fue en promedio del 6,1% entre 1997 y 2010, algo superior al 5,3% de Alemania.

Ante el injustificable ataque de ciertas agencias contra la deuda soberana española y la necesidad de ganar tiempo y financiación para la recuperación de la economía, el Gobierno ha tenido que responder con paquetes de medidas que son los más duros implementados en las últimas décadas: subidas de impuestos, recortes de sueldos de funcionarios, contracción del déficit público generado por la crisis, un nuevo contrato laboral indefinido con indemnización reducida, jubilación a los 67 años en vez de 65 y un extraordinario saneamiento de las cajas de ahorros, con gran rigor, pues su número se ha reducido de 47 a 17 entidades.

La respuesta a la crisis por parte de los países más potentes de la Eurozona ha sido muy insuficiente, sobre todo por la renuencia de Alemania a ayudar financieramente a los países más perjudicados, puesto que se ha mantenido a sus ciudadanos convencidos de que sería premiar a los irresponsables periféricos a costa de los virtuosos del norte.

Los Gobiernos alemanes no han sabido explicar a sus conciudadanos el excelente negocio que hicieron con la creación del euro, que ha hecho que sus exportaciones crecieran de un 24% del PIB en 1995 a un 46% en 2010, mientras se han mantenido prácticamente en un mismo nivel del 26% las de Francia, Italia y España. Por ello, cuando resulta necesario -por mero sentido común- reforzar el Fondo de Estabilidad, ha habido que vestir la actuación con lecciones y castigos.

La construcción de la Unión Monetaria no tuvo en cuenta que los desequilibrios entre economías tan diversas necesitarían algo semejante al Fondo Monetario Internacional que crearon en 1944 en Breton Woods las inteligencias de John Maynard Keynes y Harry Dexter White, y la generosidad de EE UU con un mecanismo que diera créditos a tasas de interés soportables para ayudar a los países en dificultades sin introducir conceptos de castigos bíblico-germanos.

La crisis ha demostrado que el Banco Central Europeo tiene que preocuparse de algo más que la inflación: las burbujas de activos mobiliarios e inmobiliarios. Es imprescindible crear un grupo de coordinación macroeconómica que asesore a los Gobiernos. Y es obvia la necesidad de una agencia de rating europea que no tenga intereses espurios en la calificación y que contrarreste la actuación del oligopolio actual.

Los flamantes Pacto por el Euro, Fondo de Estabilidad Económica y Plan para la Competitividad tienen, además de la hojarasca y de declaraciones para la galería, algunos aspectos que merecen precisarse y utilizarse. El más importante para los países inflacionistas es el de encontrar un equilibrio razonable entre salarios, productividad y precios, de lo cual depende la creación de empleo, y que necesita acuerdos entre sindicatos y empresarios que puedan adaptarse a la situación de cada empresa.

Miguel Boyer es exministro de Economía y Hacienda y miembro del Comité Delors.