Cartas secretas, estropicios democráticos

Qué saben el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición que ignoramos los ciudadanos y permite comprender la repentina decisión de imponer una reforma exprés de la Constitución para autoimponerse una regla de limitación de déficit público? En todo caso, ¿qué efectos económicos tendrá? Y, quizá más importante, ¿pueden producirse efectos políticos perversos no esperados?

Vayamos por partes.

Sobre la primera cuestión, casi nada se nos ha explicado a los ciudadanos, que somos los que pagarán la factura de los destrozos de la crisis y las políticas de austeridad. Y lo poco que se ha dicho no es creíble. ¿Alguien piensa que responde solo a un arrebato de responsabilidad del presidente? ¿Y que con ese argumento convenció a Mariano Rajoy para ir juntos, por vez primera, al Parlamento? Milagros los hay, pero no de ese tipo. Tiene que haber habido algo más.

A los ciudadanos les gusta la democracia, que se cuente con ellos en decisiones importantes

¿Una carta personal y secreta del presidente del Banco Central Europeo (BCE) advirtiendo de los riesgos que corre España en este otoño y fijando las condiciones para que el banco siga comprando deuda española, aliviando así las presiones y evitando un posible rescate? Carta quizá acompañada de una llamada de Merkel a su correligionario Rajoy, para evitar que los conservadores españoles tuviesen la tentación de comportarse como lo hicieron sus homónimos griegos, negándose al acuerdo. Es verosímil. Porque, vamos a ver, ¿es creíble que Trichet le haya enviado una carta a Berlusconi en ese sentido y no lo haya hecho a Rodríguez Zapatero por caerle este más simpático? De hecho, el presidente ha justificado su decisión diciendo que la reforma constitucional era "la solución menos mala de las que tenía encima de la mesa". Alguien se las puso.

¿Es inaceptable esa presión a través de cartas secretas? Lo sería en tiempos normales. Pero estos no son tiempos normales. De ahí que pueda aceptarse, siempre y cuando la constitucionalización de la regla de déficit sea la condición para que el BCE y la pareja Sarkozy-Merkel avancen, por su parte, hacia un verdadero gobierno económico del euro que permita una solución más rápida a la crisis.

Pero antes de abordar esta condicionalidad, permítanme un apunte sobre los probables efectos de esta regla de déficit. La experiencia comparada de políticas permite afirmar que los Gobiernos y los tecnócratas acostumbran a sobrevalorar el impacto económico de las reglas y minusvaloran los estropicios democráticos que provocan. La reforma en curso puede acabar respondiendo a esa pauta. De momento, no ha impresionado a los mercados. Habrá que esperar al otoño, cuando seguramente se redoblarán las presiones, para ver si es una medida profiláctica que frena el contagio financiero y sirve para aliviar las tensiones.

Pero no conviene ser muy optimistas. Los mercados no se dejan impresionar por las buenas intenciones y la voluntad de sacrificio; se fijan en la capacidad de crecer del país al que prestan su dinero. Vaya usted a Fátima de rodillas y después pase por la oficina del banco a pedir un préstamo y verá lo poco que le impresiona su sacrificio al responsable de riesgos del banco.

Las perspectivas de crecimiento no son nada halagüeñas. Y lo serán menos aún con la intensificación de la austeridad implícita en la regla del déficit.

De hecho, la probabilidad de una recaída en la recesión es elevada. A aquellos que aún tengan la imagen del Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Vaticano de la ortodoxia en política económica les habrá sorprendido escuchar a Christine Lagarde recomendar vivamente a los Gobiernos limitación en la búsqueda de la austeridad para evitar esa recaída que sería peor que la recesión de 2009.

Pero mientras los efectos económicos no están todavía claros, son visibles ya los estropicios democráticos de esa regla. Hay numerosas señales en estos primeros días que apuntan a la amplitud e intensidad de esos estragos. Quizá para algunos sea incomprensible. Pero a los ciudadanos les gusta la democracia, que se cuente con ellos en decisiones importantes, y son celosos de su soberanía política.

Con frecuencia, políticos y tecnócratas creen que los Gobiernos pueden tomar "decisiones difíciles" aun en contra del sentir de la gente. Pero en realidad, los Gobiernos pueden hacer menos de lo que piensan. Cuando la opinión pública está en contra, el malestar acaba saliendo. En ocasiones, por los lugares políticamente más peligrosos. En todo caso, ¿puede esta regla de oro del déficit ser la condición inevitable para que el BCE y la pareja Sarkozy-Merkel se decidan a avanzar hacia un verdadero gobierno económico de la eurozona, que realmente permita afrontar la crisis de deuda y la recuperación económica? Si fuese así, quizá los estropicios políticos se aliviarían un poco.

Pero para ello, el BCE tiene que ampliar sus miras. Además del control de la inflación tiene que ejercer de verdadero prestamista de última instancia, como lo hace la Reserva Federal de EE UU. Y Merkel tiene que ceder en su tozudez y aceptar poner en común una parte de la deuda de la eurozona (eurobonos). De lo contrario, la UE seguirá siendo una unión no de gananciales sino con separación de bienes. Y esas uniones acostumbran a acabar en divorcio.

Sin esos dos pasos, es muy probable que a la regla de oro del déficit le acabe sucediendo lo que a la regla del patrón oro después de la Primera Guerra Mundial: impidió el crecimiento, provocó paro masivo y, finalmente, llevó a los desastres democráticos ya conocidos de los años treinta: soluciones políticas populistas-fascistas que abocaron a la Segunda Guerra Mundial.

Pero, quién sabe, ¡quizá los caminos de la UE, como los del Señor, son inextricables y ahora esté escribiendo derecho con renglones torcidos!