Patrulleros en la Red

Si hay un bache en Palencia o aparca encima de una acera de Elche, es posible que millones de internautas se escandalicen de la desidia del alcalde de turno. La página Opentopia (www.opentopia.com) capta y cuelga webcams públicas de todo el mundo. Las hay en España, Alemania, Japón, Estados Unidos. Privadas, de ciudadanos y entidades públicas. El entorno digital y el fenómeno del Internet social sirven para que los internautas creen, compartan y participen. Pero también la web 2.0 ha propiciado que los ciudadanos escriban noticias, cuenten su vida, expongan sus fotos o denuncien lo que se encuentran por la calle. Desde ruidosos tratos con putas a los que aparcan su coche en encima de la acera. Si la autoridad competente no actúa, ellos sí. Son los ciberpatrulleros.

Las denuncias en el ciberespacio siempre llegan tras la frustración terrenal, después de haber presentado denuncias y más denuncias ante el ayuntamiento sin fruto alguno. "Sin Internet no nos hubiesen hecho ni caso", dice el cámara Jordi Gordon, de Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad. Gordon grabó el vídeo que la asociación madrileña colgó en YouTube en junio de 2006.

Un día después de difundirlo, una prostituta murió acuchillada en la plaza. "La situación era insostenible. Había peleas, tráfico de crack, de todo; pero el Ayuntamiento hacía la vista gorda. Pensé que la única vía para solucionarlo era emplear un medio diferente. Hicimos un vídeo de mala manera con una camarita desde un piso, pues temíamos que nos vieran desde la plaza".

Las herramientas tecnológicas también les ayudaron a crear un mapa de puntos negros (zonas con alto índice de delincuencia) y entregárselo al Ayuntamiento. Lo hicieron con Mappy (www.mappy.com/espanol), una especie de Google Maps interactivo donde se pueden editar planos con informaciones.

Seguridad e intimidad

YouTube está plagado de vídeos de denuncia como el de Soledad Torres Acosta. Basta con teclear Madrid o Barcelona y drogas o prostitución en el buscador para obtener una interminable lista de grabaciones de internautas anónimos. Pero los somatenes virtuales son también un arma de doble filo: puede ser un atentado contra la intimidad o instrumento de delación.

Javier Garcés, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, lo ve así: "La normativa jurídica y la efectiva protección de los derechos individuales han quedado superadas por los avances tecnológicos y la realidad social. La acción jurídica podía ser más o menos eficaz cuando se trataba de evitar la publicación de una foto en un periódico o la emisión de un programa en una televisión. Pero ¿cómo evitar la difusión por Internet, con miles de ramificaciones, envíos y reenvíos a través de correos electrónicos individuales o teléfonos móviles? Los ciudadanos se están convirtiendo en pequeños Grandes Hermanos".

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) prohíbe el tratamiento ilegal de datos personales sin el consentimiento del interesado. Difundir imágenes personales sin permiso es delito. La sanción llega a 600.000 euros.

"La instalación de sistemas de cámaras y videocámaras se ha extendido de forma indiscriminada entre las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanos", explica Antonio Troncoso, director de la Agencia de Datos de la Comunidad de Madrid. "Su implantación puede colisionar con la protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos es aplicable al tratamiento de este tipo de casos, realizados por cualquier entidad o por particulares. La grabación por cualquier ciudadano de imágenes con finalidad diferente de la doméstica (por ejemplo, por seguridad o para darlas a conocer en Internet) se somete también a la LOPD".

En España ya ha habido una sanción. "Queríamos denunciar la explotación que sufren las prostitutas. Grabamos con cuidado para que no se vieran caras. Nos da igual quién venga a Montera, pero estamos hartos de las peleas y las redes de prostitución. El Ayuntamiento hizo promesas que no cumplió y aquí daba miedo salir a la calle", explica enfadado Cristóbal (prefiere no dar su apellido), de la asociación Nuevos Vecinos de Montera (Madrid).

En octubre de 2007, su plataforma colgó 22 vídeos en YouTube. La Agencia de Protección de Datos les sancionó con 601 euros. No van a reclamar aunque, según Cristóbal, llevan las de ganar. "Es alucinante. En Internet hay millones de vídeos donde se ve a gente copular; pero la Agencia no hace nada. Está regulando en un campo, Internet, que no es el suyo. La nuestra ha sido una sanción ejemplificadora".

"La situación ha llegado hasta tal punto", explica el psicólogo Garcés, "que si se aplicase estrictamente el derecho a la propia imagen y a la intimidad de todas las personas, incluidos los considerados famosos, una gran parte de los programas de televisión, de las revistas y de las webs tendrían que desaparecer".

En EE UU no hay una regulación. La omnipresencia de los sistemas de videovigilancia es tan exagerada que una publicidad de ropa advertía: "Usted aparece en un vídeo unas diez veces al día, ¿está seguro de que va bien vestido para ello?".

Detenidos por el vídeo

El ciberespacio se ha llenado de ciberpatrulleros estadounidenses. Algunos son celebridades, como Jimmy Justice (un seudónimo), que ha grabado más de treinta horas sobre abusos de autoridad e infracciones cometidas por agentes neoyorquinos. Algunas imágenes suman más de 300.000 vistas.

Otra celebridad es Video Vigilante. Detrás de ese nombre está Brian Bates, fundador de JohnTV.com, donde denuncia la prostitución y sus redes. En el caso de Ron Hinton, Gangbuster, un marine de California, hay división de opiniones. Hinton graba a adolescentes que identifica como delincuentes; según algunos ha conseguido que la delincuencia se reduzca, para otros es un simple racista.

Kathy Kozan se dedica desde el año 2005 a patrullar la zona discotequera de Chicago. En agosto de 2007, Kothan pilló a un supuesto delincuente cometiendo un asesinato. La policía utilizó el vídeo para cerrar el local donde actuaba y detener al supuesto criminal. Pero Estados Unidos es el otro extremo de España. No hay una legislación tan rigurosa, ni sobre la privacidad ni sobre la protección de datos personales.