"Es un 'pelotazo' de libro"

El empresario Ignacio Manuel González Martín compró en 1998 Las Teresitas, un frente playero de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro. Lo pagó íntegramente con el crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recompró por 52,7 millones un tercio del suelo que había comprado. Ganó 19,6 millones de euros sobre el precio que pagó por el total del frente playero tres años antes.

"Una muy alta autoridad está meciendo la cuna", dice el informe

El Ayuntamiento ignoró los informes de sus técnicos -daban al suelo comprado un precio tres veces inferior- y, además, regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante para uso residencial. En total, el empresario ganó casi 110 millones sin invertir un euro propio.

"Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable". Así lo refleja un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.

El promotor, Ignacio Manuel González Martín, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y sus presuntos cómplices empresariales y municipales fueron objeto de querella en 2006 por prevaricación y malversación de caudales por la fiscalía anticorrupción. La IGAE concluye que la operación fue irregular y apunta a los gestores públicos: "Solamente desde muy alto nivel de responsabilidad dentro del Ayuntamiento puede ordenarse a los funcionarios que cometan tal sarta de irregularidades administrativas"; "una muy alta autoridad se encuentra meciendo la cuna para que todas las dificultades que surgen a lo largo del proceso de la tramitación del expediente tengan una rapidísima respuesta". El pelotazo tiene varios capítulos:

- La compra. El 17 de junio de 1998 se registra la empresa compradora, Inversiones Las Teresitas. Uno de los accionistas, Felipe Manuel Armas, cubre su aportación con un cheque que carga a la cuenta de González Martín, consejero de Cajacanarias. Armas es un mero apoderado en sus empresas sin patrimonio propio. Cuando pide un préstamo personal, Armas invoca una nómina de 723 euros.

- El préstamo. Sin embargo, cuando Armas solicita para Inversiones Las Teresitas un crédito de 33,7 millones a Cajacanarias, ve avalada su petición ese mismo día porque la entidad bancaria entiende que él y sus socios son "personas de gran solidez inversora que siempre han demostrado una gran liquidez". El 23 de junio de 1998, el Consejo de Cajacanarias aprueba otorgar a Inversiones Las Teresitas, con un capital de apenas 200.000 euros, el crédito de 33,7 millones, con la "aparente abstención" de Zerolo y con el "voto afirmativo" de González. Al día siguiente se constituye la sociedad. Tres días más tarde, dicho consejero de Cajacanarias se convierte ya sin tapujos en socio de Inversiones Las Teresitas al comprar el paquete accionarial de su testaferro. Al poco, González figurará como administrador.

- Empresa en apuros. En 1998, Inversiones Las Teresitas presentó pérdidas y, según el Banco de España, falseó sus cuentas para ocultar un patrimonio neto negativo. En diciembre de ese año no pudo pagar 415.00 euros de intereses. El Banco de España detectó más "debilidades" del crédito a ciegas: "Escasa capitalización" de la empresa, "que se financiara más del 100% de la compra de las parcelas", "discrepancias en las valoraciones de los solares". Nunca se tasó el suelo hipotecado.

- El Ayuntamiento socorre. Ante la agonía de Inversiones Las Teresitas para atender su crédito, el Ayuntamiento acude al socorro. Y para ello, según la IGAE, trastoca su actuación previa. Si el convenio de 1986 exigía la entrega de parte del suelo de Las Teresitas al Ayuntamiento por compensaciones urbanísticas, en 2001 el Consistorio pasa "de forma directa y brutal a la adquisición de parcelas". "Todo ello firmado y rubricado sin luz y taquígrafos, a espaldas de las instancias pertinentes del Ayuntamiento, de sus funcionarios y de la opinión pública. Y sin justificar, en forma alguna, la adquisición de unas parcelas que quizá ya fueran del Ayuntamiento como consecuencia del convenio de 1986". El Ayuntamiento opta por "una valoración externa que triplica la valoración realizada por el técnico propio". En suma, "el Ayuntamiento, viendo ahogado al promotor que se encubre tras el nombre de Inversiones Las Teresitas, González, acude presto en su socorro para hacer frente al pago de deuda e intereses ante Cajacanarias y de esta forma González, además de obtener 18 millones de euros adicionales, queda enormemente mejorado puesto que las parcelas que no son objeto de la transacción pasan a tener un uso residencial como vivienda", lo que le brinda "no menos de 90,3 millones de plusvalía".

Ambas parcelas, la pública y la privada (vendida a Mapfre por 96 millones), informa Juan Manuel Pardellas, están paralizadas por la justicia ante las irregularidades surgidas. González superó los 110 millones de beneficio. "Y todo ello sin arriesgar un euro de su bolsillo con la ayuda incomparable y extraordinaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife", concluye la IGAE.