Arbour vuelve a la familia

El artículo 33 del IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, deja absolutamente claro que no se puede castigar a una persona por infracciones que no haya cometido, y que están prohibidos, sin excepción, los castigos colectivos. El artículo 52 del mismo convenio establece que en situaciones de conflicto está terminantemente prohibida toda medida por parte de una potencia ocupante que tienda a provocar el paro entre la población civil. El artículo 50 exige, por su parte, que las partes implicadas en un conflicto faciliten el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de los niños. Son textos legales en vigor, y los infractores pueden, y deben, ser llevados ante los tribunales por cometer delitos reseñados en el derecho internacional.

Último servicio de la alta comisionada de la ONU: recuerda a Israel la ley internacional contra los castigos colectivos

Acusó a la guerra de EE UU contra el terror de hacer retroceder varias décadas la causa de los derechos humanos

Numerosas organizaciones no gubernamentales han firmado esta semana un documento conjunto en el que denuncian precisamente la violación casi cotidiana de los convenios de Ginebra y de la ley internacional por parte de Israel. Las ONG más prestigiosas del mundo resaltan la terrible situación en la que se encuentran los palestinos que viven en Gaza, sometidos a un feroz bloqueo que "se ensaña, de manera injusta, contra una población civil cada vez más desabastecida". Una población en la que la falta de suministros ha provocado la suspensión del 90% de las actividades industriales y en la que el paro supera ya el 40%. Save the Children, una de las organizaciones humanitarias más antiguas y admiradas, señala que los puestos de control y los toques de queda impuestos por Israel hacen que 226.000 niños palestinos encuentren "imposible o muy peligroso ir a la escuela". Intermon Oxfam, otra famosa ONG, denuncia que el Gobierno de Israel está llevando a cabo, sin ningún género de duda, "un castigo colectivo contra los habitantes de la franja [Gaza]".

La violación de importantes leyes internacionales por parte de Israel fue denunciada también, el pasado día 3, por la responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour. Arbour condenó firmemente el envió de cohetes, por parte de militantes palestinos, sobre poblaciones civiles en Israel (que han causado la muerte de 11 personas, varias de ellas niños, en los últimos siete años), pero insistió en que la respuesta israelí es desproporcionada. En sólo la última semana, el poderoso ejército israelí ha causado la muerte de más de 70 civiles palestinos, buena parte de ellos niños y mujeres, ajenos completamente a cualquier actividad militar. Arbour señala que los milicianos palestinos que tiran los cohetes deben ser detenidos y entregados a la justicia para que respondan por esa violación del derecho internacional, pero que lo mismo debe suceder con los responsables en el lado israelí de la matanza de civiles palestinos. La responsable del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no alude a ello, pero es evidente que Israel es un Estado perfectamente organizado y que los responsables de esas matanzas de civiles no son milicianos, sino cargos militares y políticos perfectamente identificados e identificables; personas que deberían responder ante tribunales internacionales por la violación de la Convención de Ginebra, en funcionamiento desde 1950.

No parece, sin embargo, que la comunidad internacional esté en absoluto conmovida por el documento conjunto de las ONG, ni tan siquiera por las denuncias de Louise Arbour. Más bien al contrario, son los días de Louise Arbour al frente del Alto Comisionado los que están contados. La señora Arbour, de 61 años, famosa como la fiscal que logró el procesamiento del líder serbio Slobodan Milósevic, abandonará el puesto el próximo mes de junio. Según ha publicado The Washington Post, Arbour cree que su dimisión puede facilitar la celebración de una cumbre internacional contra el racismo que la ONU tiene prevista para el año próximo en Durban (Suráfrica), y que Estados Unidos e Israel amenazan con boicotear precisamente porque creen que se puede convertir en un foro de crítica contra el Gobierno y las autoridades militares israelíes.

Sea como sea, Louise Arbour pasará a la historia de la ONU y del derecho como una funcionaria internacional que se opuso firmemente a la política contraterrorista de Estados Unidos, que denunció las torturas y los centros de detención ilegales y que no se calló nunca a la hora de defender los derechos humanos. "La guerra contra el terror", dijo en uno de sus discursos más famosos, "ha hecho retroceder varias décadas la causa de los derechos humanos, y ha causado una profunda división entre Estados Unidos, sus aliados occidentales y el mundo en vías de desarrollo". Según The Washington Post, la señora Arbour ha dicho públicamente que quiere ocuparse más de su familia. -