Los obispos llevan a Ajuria Enea el conflicto de la asignatura de religión
Uriarte, Asurmendi e Iceta trasladaron sus "inquietudes e ideas" al 'lehendakari'
El judicializado conflicto por la supresión de la asignatura alternativa a la religión por el anterior Gobierno y la futura transferencia del profesorado que imparte la materia en la enseñanza primaria centraron ayer la inédita reunión entre el lehendakari Patxi López y los tres obispos vascos. Los prelados le expusieron sus "inquietudes e ideas", según un escueto comunicado hecho público por Lehendakaritza al término del encuentro, mientras las tres diócesis guardaron el mismo escrupuloso silencio sobre el contenido y los resultados de la cita, que se prolongó hora y media. Fue la primera desde que está ocupa Ajuria Enea un lehendakari socialista, cuya primera medida fue suprimir los símbolos religiosos en su toma de posesión.
También se abordó la transferencia de los profesores de religión
A la entrevista acudieron prelados de las tres diócesis. La de Bilbao representada por el obispo auxiliar Mario Iceta, por encontrarse en París Ricardo Blázquez, y las de Vitoria y San Sebastián por sus titulares, Miguel Asurmendi y Juan María Uriarte, respectivamente. Un precedente similar se remonta a 2005, cuando Juan José Ibarretxe se reunió con los tres obispos para informarles de su intento de crear una mesa de partidos para la normalización.
El Gobierno mantuvo ya un primer intercambio con la Iglesia vasca en la reunión celebrada en julio por la consejera de Educación, Isabel Celaa, y el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, de la que tampoco trascendió nada. El contexto no es el mejor, y no sólo por el pendiente proyecto de ley del aborto, que enfrenta a los socialistas con la Iglesia, sino también por querellas autóctonas y heredadas del Gobierno tripartito. López ha recibido de él una situación de conflicto con los obispos, que culminó en marzo con la presentación de un recurso ante los tribunales contra del decreto de Bachillerato del consejero Tontxu Campos que eliminó la asignatura alternativa a la religión existente hasta el curso pasado.
El otro asunto de interés para los obispos es la pendiente transferencia del profesorado que imparte religión en la enseñanza primaria. El traspaso está en el listado de materias pendientes aprobado en su día por el Parlamento y también entre los que tiene sobre la mesa la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma, que se reunió la semana pasada por primera vez en doce años. En esa reunión ambos gobiernos decidieron dar prioridad a las políticas activas de empleo, pero, según señalaron fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS, el traspaso del profesorado de religión no está entre las cuestiones más dificultosas y podría resolverse con cierta agilidad. Dos cosas juegan en favor de una solución relativamente rápida: que no reviste demasiada complejidad y que es de los traspasos más baratos. Las fuentes citadas indicaron que se puede considerar que está "encauzado" y redundará, entre otras cosas, en una mejora salarial para los docentes afectados.
Hasta que los tribunales decidan
El Gobierno socialista no tiene ninguna intención de modificar, como querrían los obispos, el decreto que firmó Tontxu Campos suprimiendo la alternativa a la religión en los institutos. El PSE respaldó en el Parlamento la medida cuando era oposición, al igual que lo hicieron el PNV y el resto de los grupos, a excepción del PP. En coherencia con esa actuación, y tras la decisión de la Iglesia de acudir a los tribunales, en una medida sin precedentes en España, el departamento que dirige Isabel Celaá ya señaló en julio que ahora "es el turno de la Justicia". "No voy a modificar nada de lo que hay establecido y no se va a recuperar la asignatura alternativa a la religión", aclaró.
Los centros públicos cumplen la ley ofreciéndola, "pero si me piden que ofrezca ética como alternativa, no lo voy a hacer", advirtió, salvo que sea en cumplimiento obligado de una sentencia favorable a la Iglesia. Los obispos adujeron en el recurso que el decreto vulnera el texto y el espíritu de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, según los cuales recibir o no la enseñanza de religión no debe suponer discriminación en la actividad escolar. La Iglesia argumenta que sí lo es el hecho de que tengan más horas de clase, y deban entrar antes o salir después de sus clases, quienes la cursan. El obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, advirtió el 5 de agosto, en su homilía de la fiesta de la Virgen Blanca, del riesgo de "desaparición" de la religión de la escuela pública y las ikastolas si no se pone remedio al "descenso drástico" del alumnado, y relacionó éste con el aumento de la violencia juvenil y con el abuso de la droga, el alcohol y el sexo.
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