"El derecho a exigir una vivienda debe mantenerse en la ley"

Iñaki Arriola insiste en que el anteproyecto de ley de Vivienda, presentado la pasada semana, supone solo el inicio de un proceso que está abierto a cambios.

Pregunta. ¿Le sorprendió que el PP, socio preferente del Gobierno, fuese el primero en oponerse, y de forma tan rotunda, al anteproyecto?

Respuesta. El PSE y el PP tienen diferencias sobre las cuestiones sociales. Me parece lógico que en una cuestión de esta trascendencia social no exista un acuerdo unánime con el PP. Hicimos un acercamiento con el PP, le dimos un borrador con el que estábamos trabajando y nos comentaron que no compartían temas como el canon de vivienda vacía.

P. El PP se ha quejado de que no conocía el contenido.

"No toda la demanda de pisos es real. Estamos cruzando los datos"

"Con las viviendas vacías, el documento es muy garantista"

"Hay que buscar los equilibrios si queremos tener una ley"

"El PP conocía un borrador previo que recogía muchas de las medidas"

R. El anteproyecto como tal, no, pero sí un borrador previo en el que muchas de las medidas estaban recogidas y algunas no estaban esbozadas. El Gobierno lo que hace es poner encima de la mesa un anteproyecto con medidas para resolver el acceso a la vivienda. Ahora está la oportunidad para que todo el mundo concrete propuestas.

P. Las novedades más importantes no tienen el apoyo inicial del PP y el PNV. Y hay que pactar con uno u otro.

R. Centrarlo en la vivienda desocupada o la expropiación es un tratamiento limitado. Siempre ha flotado en el ambiente qué hacemos con el parque de viviendas desocupadas y con los que tienen una vivienda protegida en una situación económica boyante. No está mal que se pongan encima de la mesa y se produzca ese debate social.

P. Este documento nace del Pacto Social por la Vivienda, suscrito en junio por todos los sectores concernidos. ¿Había consenso para fijar el derecho a la vivienda, el canon o la expropiación de pisos protegidos a quienes tengan elevados ingresos?

R. Había conclusiones para establecer medidas para todo esto. El anteproyecto propone unas medidas, que podían ser otras, para abrir un debate y una reflexión colectiva. Con las viviendas vacías, el documento es muy garantista. Se define lo que no es un piso desocupado: que esté dos años vacío, sea una segunda residencia o no esté ocupada por razones laborales, sociales o si está ofertada en venta o en alquiler. Y se dice que se requiere un expediente declarativo y en una situación de demanda constatada.

P. ¿Teme que la ley quede al final muy descafeinada o incluso no se pueda aprobar?

R. Si ponemos el foco en el canon o en la expropiación para rentas elevadas, éstas tienen un efecto muy limitado. No suponen las medidas fundamentales para resolver el problema de la vivienda...

P. ¿Y cuáles son?

R. Una política sobre todo de alquiler, pero eso necesita tiempo. Hay países que llevan 100 años con políticas de alquiler y nosotros no podemos equipararnos en cuatro o en diez.

P. Euskadi suma un 7% de vivienda en alquiler. ¿A qué ratio habría que llegar para que la mayoría de la población tenga piso?

R. En cuatro años pretendemos facilitar vivienda a 40.000 familias, la mitad con nuevos pisos, y un 50% para alquiler.

P. Más de 80.000 personas están apuntadas a Etxebide.

R. No toda la demanda es real. Estamos cruzando los datos. Hoy día se estima que hay 60.000 alquileres, aunque hay más que no se declaran, y creemos que 40.000 serían protegidos, los que reciben ayudas del conjunto de Administraciones.

P. ¿Qué aspectos del anteproyecto deberían mantenerse?

R. Todo el tratamiento de rehabilitación y regeneración, la sostenibilidad, quitar impedimentos para acondicionar el parque y que tengan un confort similar a las viviendas nuevas. Y el derecho subjetivo a la vivienda, que es más avanzado a lo que hay ahora con las prestaciones complementarias.

P. ¿Le importaría que tuviese el apoyo peneuvista aunque no lograse un acuerdo con el PP?

R. Todos los días en el Parlamento hay acuerdos con unos y otros. Lo importante no es con quién sino el qué. Me gustaría que esta ley tuviese el consenso más amplio posible, pero tenemos un Gobierno socialista, con 25 sobre 75 escaños, y el Parlamento no es de izquierdas. Hay que buscar también los equilibrios si queremos tener ley.

P. ¿A cuántas personas podría alcanzar el derecho a exigir una vivienda? ¿Existen bastantes pisos protegidos en alquiler para ofrecerlos?

R. El reconocimiento del derecho se hace efectivo con la puesta a disposición de una vivienda, preferentemente en alquiler, y en su comarca; si no es posible, una prestación económica para un alquiler en el mercado libre. ¿A cuántas personas afecta? Estamos estudiándolo. Sabemos cuántas están recibiendo ahora ayudas y debemos conocer, entre las familias que tendrían acceso al derecho subjetivo, las atendidas con las actuales medidas. Estimamos que unas 40.000 unidades familiares reciben ayudas de una forma u otra.

P. El canon a los pisos vacíos puede resultar problemático.

R. El tratamiento a la vivienda vacía es muy garantista, como he dicho antes.

P. ¿Puede haber más consenso sobre la expropiación forzosa de pisos protegidos a ciudadanos con rentas elevadas?

R. Según las reacciones que ha habido, no parece que haya consenso. Nosotros planteamos que hay situaciones en las que algo se debería hacer y nos mojamos haciendo propuestas.

P. Los precios diferentes para una misma casa protegida son una reivindicación antigua que se incluye en la ley.

R. En el alquiler están asumidos, pero no en la VPO en propiedad. Hay gente que dice que en una misma vecindad una familia paga un precio y otra, otro, pero hay que saber que el precio de la vivienda protegida es intervenido por el Gobierno, con unos requisitos de rentas que están entre 9.000 y 35.000 euros. Y la situación de unos y otros no es la misma. Es vivienda que vale eso no por lo que dice el mercado, sino porque lo fija el Gobierno. Creo que es un avance más que, con ese amplio abanico de rentas, se establezcan unos precios distintos.

P. Se ha hablado menos de la rehabilitación y la reforma. La norma reduce al 50% las mayorías en las comunidades de propietarios para abordarlas.

R. Te encuentras con edificios en que solo puedes poner ascensor en el exterior y estás ocupando dominio público. Que esto pueda realizarse es una ventaja.