La UE mete presión a las Diputaciones

La negativa de las Diputaciones forales a la transparencia y a la coordinación en la lucha contra el fraude tiene los días contados. Aunque nadie duda de sus esfuerzos en contra de los defraudadores, cada vez hay más voces y con más poder, que abominan de la fragmentación y de la impermeabilidad de las bases de datos fiscales, conscientes de que la opacidad que defienden sólo sirve para ocultar y dar facilidades a quienes sortean la legalidad. La actual situación de crisis económica de Europa, aunque especialmente de algunos países del sur, ha reabierto el debate en la eurozona para reforzar la cooperación "a fin de evitar las prácticas fiscales dañinas y luchar contra el fraude y la evasión fiscal".

El fraude fiscal puede rondar los 2.500 millones, el 17% del PIB vasco

La maquinaria europea es lenta, pero al menos ya está en marcha y va a meter más presión a las Diputaciones. Si, finalmente, los 17 adoptan medidas, estas acabarán por repercutir en las instituciones forales que se verán obligadas a cambiar su sistemática negativa a compartir su información, por la colaboración con la inspección no solo española sino, si finalmente se pone en marcha, europea.

En Euskadi ese debate lo impulsa con poco éxito el Gobierno vasco. Si antes de las elecciones, cuando las tres Diputaciones estaban gobernadas por el PNV no fue posible articular la cooperación, ahora poner de acuerdo al PNV en Bizkaia, a Bildu en Gipuzkoa y al PP en Álava puede resultar si cabe más difícil.

Pese a todo, el Ejecutivo va a proponer en septiembre a los tres diputados el diseño de campañas conjuntas para reducir el fraude fiscal en Euskadi, que algunas fuentes oficiales cifran en unos 2.500 millones, en torno al 17% del PIB, cuando la media en el resto de Europa se sitúa en una media del 10%.

El argumento es que luchar contra el fraude y la evasión fiscal de manera coordinada va a hacer más justo el sistema tributario. Si hasta ahora el sistema ha puesto fundamentalmente la carga de la crisis en la espalda de los funcionarios, de los jubilados, de los trabajadores que han sido despedidos, el Gobierno buscará ahora repartir esas cargas a través de las rentas altas.

El secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, considera que las barreras fiscales son el principal aliado de los que quieren defraudar.

Aunque los departamentos de Hacienda de las Diputaciones forales vascas no impiden a la Agencia Tributaria o a los servicios de inspección de las "provincias hermanas" cotejar datos concretos si hay denuncias o investigaciones en curso, sí se cierran en banda a que inspectores ajenos hagan búsquedas generales. La diferencia se entiende mejor con un ejemplo. Un inspector describe: "Te pueden dejar entrar a la mejor biblioteca del mundo, pero si no te dan acceso a la base de datos, sólo encontrarás lo que buscas si sabes donde está. Con un acceso abierto podrías buscar no sólo la ubicación de ese documento mucho más rápido, sino los de todos los relacionados con el que buscas, y seguir la pista de quienes lo han leído, o tomado en préstamo, así como sus direcciones y relaciones", añade.

La UE empieza a demandar lo segundo, es decir armonización del Impuesto de Sociedades, y sistemas transparentes para los inspectores que permitan seguir el rastro de los defraudadores que se esconden en comunidades de datos cerradas. "Mejor que subir los impuestos para que paguen más unos pocos es que todos paguen lo que tienen que pagar", resume Francisco de la Torre.

Las Diputaciones rechazan las campañas conjuntas contra el fraude fiscal amparándose en que la gestión, recaudación y legislación de los impuestos concertados es materia exclusiva de las Juntas Generales. Y ello pese a que la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, de 1989, modificada nueve años después, establece con claridad en su artículo 13 que "las Diputaciones forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, especialmente sobre aquellos que operen en más de un territorio histórico".Dicha ley especifica que la elaboración de esos planes conjuntos contra el fraude se efectuará en el Órgano de Coordinación Tributaria. "A estos efectos, las Diputaciones establecerán los mecanismos oportunos, incluidos los informáticos, para que la información de los contribuyentes esté a disposición" del citado órgano, añade el citado artículo 13. Esta previsión legislativa no se ha usado nunca. Es más, oficialmente, los gabinetes de los diputados generales, llegaron a asegurar en la anterior legislatura, que esa ley estaba obsoleta.

"Hemos descubierto, recientemente, tramas de defraudadores de IVA que se ocultaban en las provincias vascas porque sus datos no se cruzan con los del resto de España. Las Diputaciones no pusieron ningún problema a la investigación cuando se solicitó", dice Francisco de la Torre, "pero es un hecho que quienes quieren defraudar buscan ese tipo de espacios".

Pero es que además la imagen de las Diputaciones forales en Europa no es, precisamente, la mejor después de las sentencias condenatorias por el caso de las vacaciones fiscales, -el uso abusivo de la regulación del Impuesto de Sociedades en contra de los criterios de la zona euro y de la competencia-.

Curiosamente las Haciendas vascas luchan unidas con uñas y dientes contra las propuestas de la UE en el caso de las vacaciones fiscales, pero evitan a toda costa la son capaces de organizar campañas conjuntas en contra del fraude fiscal.

El Consejo Asesor del lehendakari, Patxi López, para asuntos socioeconómicos, que reúne a destacados empresarios, directivos, catedráticos universitarios y otros especialistas, ha planteado en sus dos últimas reuniones abordar ese tema. En mayo, consideró urgente la elaboración de un plan de lucha contra el fraude fiscal para toda Euskadi en coordinación con la Tesorería de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Lanbide.

La batalla en solitario de cada una en contra del fraude fiscal se ha traducido, además, en que los datos de afloramiento de dinero de cada institución no sean homologables con los de las otras dos, y que las ratios de dinero defraudado que se aflora por ciudadano resulten dispares en cada provincia.