Nuevos aires para la eólica en Euskadi

En el prime time de la cadena de televisión ultraconservadora Fox de Estados Unidos y en numerosos medios controlados por el imperio mediático de Rupert Murdoch, en el que José María Aznar es consejero, se le otorgaba hace escasas semanas un inusual protagonismo a un economista español, Gabriel Calzada, poco conocido fuera de los círculos más neoliberales de este país. El presidente del Instituto Juan de Mairena, centro de pensamiento próximo a la FAES y a Libertad Digital, desplegaba toda su arsenal de invectivas para desprestigiar el desarrollo de las renovables en España. Hacía poco tiempo, el presidente Obama había puesto a nuestro país como referencia en el tema de las renovables. El mensaje era corrosivo. Asociaba energías renovables con desempleo.

La sensibilidad social sobre el emplazamiento de los parques ha cambiado sustancialmente

¿Qué tiene que aprender sobre energías renovables Estados Unidos, venía a decir nuestro economista, de un país como España que presenta un 18% de paro? El dardo era envenenado. Entre los daños colaterales producidos por la campaña de desprestigio está el retroceso en el posicionamiento que las empresas españolas presentaban en el mercado norteamericano, en un momento en que Obama anunciaba la inversión de 100.000 millones de dólares en renovables y eficiencia energética en los próximos 10 años. ¿Cómo entender ese desatino? Muy sencillo. Desde el momento en el que el presidente de los Estados Unidos ha anunciado que es una cuestión de seguridad nacional para su país ir abandonando la dependencia del petróleo y que es preciso caminar hacia una economía energéticamente eficiente y más baja en carbono, la poderosa industria del petróleo norteamericana, con ExxonMobil a la cabeza, ha visto que las amenazas a su negocio en el medio y largo plazo por parte de las fuentes de energía renovables son reales y ha comenzado a mover sus fichas.

En el año 2008, las renovables han supuesto el 20% de la electricidad consumida en España. Somos el primer país europeo en energía termoeléctrica, el segundo en eólica y fotovoltaica y el tercero en mini-hidráulica, lo que nos convierte en un referente internacional en el sector emergente de las energías renovables. Al finalizar el año 2008, las renovables tenían una potencia instalada en el conjunto del Estado de 31.101 MW y generaban 73.900 empleos directos. La eólica presentaba una potencia instalada de 16.549 MW, encaminándose hacia los 20.000 MW en el año 2010. Esa fuente de energía evitó la importación el pasado año de 15 millones de toneladas equivalentes de petróleo y la emisión de 18 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. El sector, formado por unas 700 empresas, genera 38.000 puestos de trabajo y un I+D+i de 175 millones anuales.

En Euskadi, sin embargo, el despliegue de la energía eólica previsto en la planificación energética del anterior Gobierno ha fracasado. Los 624 MW planificados para el año 2010 van a quedarse en apenas 153 MW. El desarrollo de la energía eólica contemplado en el Plan Territorial Sectorial (PTS) respectivo ha chocado con la sensibilidad de un país que, de manera mayoritaria, quiere preservar los escasos espacios naturales que todavía conservan una cierta naturalidad, lo que dada nuestra orografía significa preservar sus cordales montañosos, especialmente aquellos que presentan singulares valores ecológicos y naturalísticos. Buena parte de los parques previstos en el anterior PTS incidían directamente en espacios de la red Natura 2000.

El PTS eólico se aprobó por el Gobierno en 2002 pero sus directrices y criterios se establecieron años antes, a partir de 1998. En la década transcurrida desde entonces, la sensibilidad social respecto a los emplazamientos de los parques eólicos ha cambiado sustancialmente, haciéndose mucho más exigente respecto a la necesaria preservación de los espacios naturales y la biodiversidad. No haberlo entendido a tiempo fue un serio error de los responsables políticos del anterior Gobierno. La paralización del proyecto de Ordunte en Vizcaya no fue algo coyuntural, casi anecdótico, como lo interpretaron los responsables del Departamento de Industria del tripartito. Era la punta de un iceberg de desacuerdo social e institucional de gran calado, que acabaría anegando la propia viabilidad del plan.

El Parlamento surgido de las pasadas elecciones de marzo solicitó recientemente al Gobierno vasco, por unanimidad de sus fuerzas políticas, la paralización de los procedimientos administrativos en curso para nueve nuevos parques y mini-parques eólicos. El Gobierno ha confirmado a través del responsable del Departamento de Industria su paralización y ha anunciado la preparación de un nuevo plan territorial sectorial eólico, el segundo PTS (el PTS 2.0), sobre la base de principios y criterios renovados. En esa dirección, el Gobierno vasco ha anunciado la intención de forjar un amplio acuerdo político e interinstitucional que permita y favorezca desplegar el potencial eólico de este país, en condiciones de respeto a la biodiversidad y a la preservación de los sistemas naturales más valiosos. Al mismo tiempo y de manera complementaria, ha sentado las bases para una ambiciosa iniciativa de posicionamiento de la industria vasca en el tema de las renovables.

Euskadi cuenta con un tejido tecnológico, industrial y financiero de primer nivel -Iberdrola, Gamesa, Petronor, MCC, Sener, Guascor, Tecnalia, IK4, IDOM, el propio EVE y el CIC EnergyGune; entidades financieras como el BBVA o la BBK, que participan en el cluster de la energía- para convertirse en una referencia en el ámbito de las renovables. Navarra es ya una región líder en ese ámbito, por lo que tendría mucho sentido que el propio lehendakari Patxi López propusiera una alianza estratégica a largo plazo con la comunidad autónoma vecina para promover un espacio europeo de referencia en energías renovables, liderando en ese ámbito al conjunto de España.

Esa transición y ese posicionamiento pasa en el País Vasco por forjar un pacto de país a favor de la energía eólica y las renovables en el que participen las fuerzas políticas parlamentarias, las Juntas Generales y sus diputaciones, las capitales y Eudel. En mi opinión, ese pacto sólo será posible si desde el Gobierno se apuesta porque los espacios naturales protegidos, la red Natura 2000, los biotopos y los enclaves que acogen poblaciones biológicas en situación de riesgo queden preservados de desarrollos eólicos. Asimismo, aquellos parajes cuyo valor paisajístico presente una gran singularidad. Es cierto que ese criterio conservacionista supondría sacar de la planificación bastantes enclaves que cuentan con recurso viento, pero es la condición que revelan las preferencias sociales e institucionales. Una estrategia inteligente lo tendría en cuenta, ya que de lo contrario nos volveremos a encontrar con un fenómeno nimby generalizado.

Antxon Olabe es analista ambiental y socio de Naider.