El Gobierno quiere pactar una revisión salarial para todos los funcionarios

El anuncio del lehendakari Patxi López de que se estudia la congelación salarial de los funcionarios de la Administración vasca tiene bastante más recorrido. El Gobierno quiere que una posible revisión de los sueldos de empleado públicos se extienda a las diputaciones forales y a los ayuntamientos para que el esfuerzo "se reparta entre todos", señalaron ayer a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo.

Este planteamiento será abordado en la cumbre convocada el lunes por el Gobierno con los ayuntamientos y las diputaciones, a la que asistirán varios consejeros y los responsables de Hacienda foral, después de que los tres diputados generales (PNV), haya rehusado acudir por la inasistencia de López.

Esperará al criterio salarial que fije el Gobierno central con sus empleados

"No puede ser que sólo se ajusten los funcionarios del Gobierno vasco"

Pero en la reunión no se planteará la congelación salarial, que deberá esperar a después del verano. La portavoz y consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, pretende ejercer una labor de coordinación ente los tres ámbitos institucionales en Euskadi para hacer frente a la crisis.

La intención es que el esfuerzo de contención del gasto se realice conjuntamente entre todas las instituciones. El Ejecutivo es consciente de la dificultad de unificar cualquier medida de revisión salarial, ya que cada administración tiene sus propios convenios y, dentro de ellas, incluso hay acuerdos diferentes. "Unificarlo es muy complicado pero sí queremos que los tres niveles de las administraciones compartan el recorte que habrá que hacer. No puede ser que sólo se ajusten los funcionarios del Gobierno vasco", apuntaron las mismas fuentes. La cumbre del lunes, que además es la primera reunión a la que luego deberían seguir otras, serviría para fijar los criterios de esta posible revisión de los sueldos públicos. "A todas las instituciones nos interesa que haya un acuerdo y que sea coordinado", señalan los medios consultados.

Además de esta filosofía, el Ejecutivo vasco está interesado en abordar los criterios de gasto del dinero y de otras atribuciones que están en manos de las diputaciones, las encargadas directas de la recaudación de impuestos en Euskadi, que luego se reparten entre todas las administraciones en el Consejo Vasco de Finanzas.

La posible congelación salarial en la Administración autónoma, que afecta a cerca de 80.000 trabajadores (tanto de las oficinas de Lakua como los de Justicia, Ertzaintza, Osakidetza o las sociedades públicas), no se abordará hasta septiembre, según los planes del Ejecutivo. De hecho, se va a esperar a que el Gobierno central fije su criterio de salarios para los funcionarios de toda España. Con estos datos, se realizará una propuesta a los sindicatos, "que son los primeros a los que se tiene que plantar, y se iniciará una negociación. En la Administración autónoma los convenios se cierran cada año y el actual expira en diciembre, por lo que en el último trimestre se deben iniciar obligatoriamente los contactos entre las dos partes.

La mayor parte de los sindicatos eludió valorar las intenciones del Gobierno. ELA afirmó que no iba a "comentar rumores" y que hablarán "cuando se presente una propuesta en la mesa". CC OO mostró una opinión parecida y señaló que la propuesta tiene que trasladarse a la Mesa de la Función Pública. "No nos parece conveniente lanzar estas propuestas o ideas en los medios [de comunicación] porque no es ahí donde se tiene que negociar, sino que tiene otro espacio. Cuando se plantee formalmente en la Mesa, entonces lo valoraremos", manifestó un portavoz del sindicato.

UGT, a través de su responsable Luis María Martínez, calificó de "precipitado" y "prematuro" cualquier planteamiento de revisión salarial sin conocer los criterios del Gobierno central. Afirmó que, en cualquier caso, los funcionarios son conscientes de la crisis "y no somos unos descerebrados como para pedir ahora subidas del 3%".

Martínez reivindicó que el Gobierno aborde también otros asuntos sociales, como la conciliación del trabajo y la vida familiar o el teletrabajo "que no cuestan dinero". "No entenderíamos que se plantee la congelación salarial y no se negocien otras cosas, aunque no creo que el Gobierno vaya a hacerlo", señaló el responsable de UGT.