Cáritas pasa de la Inspección

Cáritas planea por encima del bien y del mal. La institución, a la que pertenece la Asociación Diocesana contra la Drogadicción, en Bilbao, ha incumplido un informe de la Inspección de Trabajo de Vizcaya, que le ordenaba reubicar a tres trabajadoras del programa Hontza, que se encontraban de baja por trastornos de tipo psiquico.

El informe de la autoridad laboral especifica que, la organización dependiente del Obispado bilbaíno, debiera de cambiarlas de puesto de trabajo a otros en los que no hubiera riesgo de recaídas. Sin embargo, la dirección de Cáritas, lejos de hacerlo, las invitó a marcharse, eso si, con más de 52 días por año trabajado para que, de paso, renunciaran a reclamar en el juzgado que la enfermedad sufrida tuviera la consideración de enfermedad profesional. De las tres trabajadoras dos han sido despedidas y una tercera ha vuelto, inicialmente, al mismo centro en el que enfermó, contradiciendo totalmente el informe de la Inspección de Trabajo.

La autoridad laboral cree que las bajas se debían a causas profesionales

El tipo de empleo que tenían las afectadas no era fácil, pero era el que habían elegido. Trabajaban a turnos y por la noche, conviviendo día a día con decenas de personas que sufrían diversos trastornos provocados por las drogadicciones.

El centro Hontza ofrece pernoctaciones a drogadictos, facilita el programa de intercambio de jeringuillas, y combina todo ello con la atención a quienes solicitaban ayuda de ese tipo.

Un trabajo en el que el contacto con personas desequilibradas y enfermas hace que los sentimientos estén muchas veces a flor de piel. El conflicto se genera con facilidad por el tipo de personalidades con las que conviven. Si además las directrices laborales no están meridianamente claras y la dirección no ejerce, el ambiente laboral puede complicarse, convertirse en algo confuso y afectar a la estabilidad de sus empleados.

Y algo de eso pasó en el programa Hontza. Mutualia, que analizó los riesgos laborales de ese centro de trabajo, ya advirtió en su día que la causa de la baja de las tres trabajadoras era atribuible al estilo de mando del coordinador del centro. "Ha tenido un estilo de mando de evitación y permisividad o de dejar hacer que ha fomentado, entre otras cosas la confusión de roles entre el mando y los trabajadores", cita el informe de la mutua vasca de prevención de riesgos laborales que encargó un informe a dos sicólogos.

La Inspección de Trabajo intervino después, a instancias sindicales, al ver que la dirección de Cáritas no tomaba medidas concretas para atajar esos problemas. En su informe, de febrero pasado, el inspector que retomó el caso, hizo varias recomendaciones y propuso varias medidas.

Tras asegurar que "el reconocimiento de las enfermedades -de las tres trabajadoras- como accidente laboral es jurídicamente objetivo", emplazó al Obispado a "adoptar las medidas necesarias para reubicar a las trabajadoras y adscribirlas a un puesto de trabajo" diferente y compatible con sus "características personales y psicofísicas".

Fuentes jurídicas indicaron ayer que la actuación del Obispado es "moral, pero no jurídicamente reprobable", al tratarse de despidos pactados. Un hecho que también impide una actuación sancionadora de la Inspección de Trabajo. Sin embargo cuestionan más la renuncia obligada de las trabajadoras a reclamar el cambio de contingencia a "enfermedad profesional". Según interpretan estas fuentes se trata de una maniobra para evitar la entrada del caso en el juzgado y con ello afear la trayectoria de una asociación de carácter benéfico que presta servicios a colectivos desfavorecidos a cambio de ayudas públicas.