Lo urgente y lo necesario ante la crisis

El pasado martes tuve la oportunidad de exponer algunas reflexiones sobre la actual situación económica ante una significativa representación del mundo empresarial, financiero y académico de Cataluña, en la sede del Cercle Financer de La Caixa. Dado que muchas de las ideas y propuestas allí formuladas son de aplicación en el sistema económico español, he considerado oportuno aprovechar la oportunidad que me ofrece esta tribuna de EL PAÍS para plantearlas nuevamente.

La gravedad de la actual situación económica obliga a todos los Gobiernos a tomar medidas de distinto calibre en varios frentes. Unas son urgentes y otras, necesarias. Algunas inaplazables. En primer lugar, hemos tenido que atender las consecuencias directas de la crisis financiera internacional, sobre la que, a día de hoy, nadie se atreve a pronosticar con certeza el momento de su superación. Además de las decisiones que se vayan tomando a nivel internacional, los Gobiernos -central y autonómicos- deben tomar medidas para que el crédito pueda normalizarse lo antes posible.

No es la hora del recorte de impuestos, sino del gasto público en infraestructuras y protección social

No hay que abaratar el despido, pero sí reformar el mercado laboral

El Govern de la Generalitat ha hablado claro desde el primer momento. Ha hablado y actuado: ya en abril de 2008 se adoptó el primer paquete amplio de medidas para luchar contra los efectos de la crisis. Una primera respuesta, a la que hemos ido añadiendo sucesivos paquetes de medidas de focalización sectorial; los últimos han sido las ayudas a emprendedores y autónomos y el plan de apoyo al sector de la automoción, aprobado hace pocos días. La Generalitat ha movilizado más de 7.750 millones de euros, es decir, un 3,5% del PIB, esfuerzo equiparable al de los países más activos, según datos del FMI.

La situación es excepcional y, tal como han hecho la mayoría de Gobiernos occidentales, también nosotros hemos adoptado medidas excepcionales para determinados sectores económicos. Y vamos a seguir haciéndolo. Pero sólo cuando sea imprescindible, por un tiempo limitado y en el marco comunitario. Las ayudas públicas no serán ni permanentes ni gratuitas, y, en ningún caso, deben servir para alargar situaciones sin futuro. Todo lo contrario: hay que acelerar procesos de reconversión, modernización e internacionalización. Éste es el compromiso que los Gobiernos debemos asumir ante el conjunto de la sociedad, huyendo de tentaciones proteccionistas que supongan reducir la apertura de nuestra economía.

Pero los gobernantes tenemos otra prioridad que atender: el necesario apoyo a empresas y familias que más directamente están padeciendo los efectos de la recesión económica. Ahora no es momento de reducir impuestos, como insistentemente proclaman algunos; ahora es el momento de la inversión pública en infraestructuras y de reforzar las políti

-cas de protección y cohesión social para garantizar que nadie quede rezagado. Para ello, las Comunidades Autónomas, que gestionan la mayoría de las políticas sociales, necesitan recursos. Ésta es, además de todas cuantas se han apuntado hasta hoy, la más imperiosa de las razones para exigir un acuerdo de financiación justo y adecuado cuanto antes.

En segundo lugar, debemos abordar las reformas estructurales que nos permitan reconducir nuestro actual modelo productivo. Estamos ante un agotado patrón económico sobre el que edificamos el "milagro español" de la última década. Prueba de ello es el preocupante y rápido aumento de la tasa de paro. El más acelerado y grave de los países de la Unión Europea.

España, y Cataluña con ella, no han sabido aprovechar suficientemente el largo periodo de expansión económica para acometer las reformas estructurales necesarias para mejorar en competitividad y productividad; y para superar determinadas rigideces sectoriales. Ello nos obligará a realizar un gran esfuerzo, con los sacrificios que, seguramente, comportará.

Josep Ramoneda describía días atrás en estas mismas páginas la complejidad de la actual situación al sugerir que debemos pensar más en términos de cambio de paradigma que en términos de crisis. No estamos ante un bache más o menos acusado del que vamos a recuperarnos antes o después, sino ante el fin de una etapa y el inicio de otra distinta. Un nuevo paradigma que comportará la modificación de valores culturales y sociales de referencia, como señalaba Romano Prodi, el pasado jueves en Barcelona.

Acorde con la inaplazable necesidad de abordar las reformas estructurales pendientes, la Generalitat ha buscado y logrado, estos últimos años, un alto grado de consenso en aspectos clave para el conjunto de la sociedad y la economía catalana. Este esfuerzo se tradujo en primer lugar en el Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad de la Ocupación y la Competitividad de la Economía Catalana, y más recientemente en los Pactos Nacionales sobre Educación, Investigación e Innovación, Vivienda, e Inmigración. Estos grandes acuerdos han sido aprobados, en la mayoría de las ocasiones, por el Govern, la oposición y, especialmente, por los principales agentes sociales y económicos implicados en cada ámbito; una forma de hacer política en la que creo firmemente. Y nada debe impedir su aplicación a los grandes retos que tiene planteados la economía española en estos momentos.

Cataluña está actuando al máximo de sus posibilidades, pero la transformación del modelo productivo requiere, además, abordar otras reformas, que deben ser impulsadas por el Gobierno de España y por la Unión Europea. Estoy hablando, por ejemplo, del sistema de relaciones laborales; de la mejora de la educación; del mercado de la vivienda, y de determinados sectores regulados (comercio y servicios, transportes y energía), entre otros.

La firme voluntad del Gobierno de España de afianzar las medidas sociales, que compartimos, debe ser complementada con una verdadera reforma del sistema de relaciones laborales. No estoy de acuerdo con quienes piden abaratar el despido. Y, menos aún, en un momento en el que nuestra prioridad debe ser proteger a los más vulnerables. Pero sí debemos estar dispuestos a promover la asignación eficiente de recursos, y ello implica incentivar la movilidad laboral; revisar los procesos de negociación colectiva, y acompasar los crecimientos salariales a la productividad empresarial que los posibilita.

La mejora del sistema educativo es otro reto que hay que afrontar si queremos mejorar la productividad global del país y, al mismo tiempo, avanzar en la redistribución de la renta. Considero imprescindible un esfuerzo concertado Gobierno-empresas en torno a la formación profesional.

Tampoco podemos retrasar más una reforma del mercado de la vivienda que proporcione una mayor seguridad jurídica a los distintos agentes implicados en el mercado del alquiler. Y, por último, es muy conveniente adoptar medidas que aceleren la transformación de sectores regulados que no disfrutan aún de un nivel suficiente de competencia. Estoy hablando de la transposición de la directiva europea de servicios, del transporte de mercancías -principalmente portuario y ferroviario-, y de sector energético, donde son necesarias reformas de calado que permitan corregir el bajo nivel de competencia existente en el mercado español, y abrir, a nivel español y europeo, el debate sobre el mix energético. Todas estas reformas son absolutamente necesarias y cada día más inaplazables. Es cierto que sólo podremos apreciar sus efectos a medio y largo plazo. Ello las hace todavía más urgentes, si cabe.

Cataluña está en este camino y se muestra dispuesta a colaborar en el esfuerzo colectivo para dar el salto que España necesita. Estoy convencido de que la experiencia de la Generalitat en la búsqueda y consecución de grandes acuerdos de país constituye una referencia válida y positiva para afrontar las reformas necesarias. No es el momento de discutir sobre oportunidad o no de las reformas, sino de acordarlas y llevarlas a cabo. La envergadura del reto nos obliga a todos: Gobiernos y oposición -de todos los niveles: estatal, autonómico y local-, agentes sociales y económicos.

José Montilla es presidente de la Generalitat de Cataluña.