De toros e identidades

No habrá corridas de toros en Cataluña. Pero conviene no llevarse a engaño acerca de lo que en términos reales supone la abolición: salvo en la plaza Monumental de Barcelona, tampoco las había desde hace años. De hecho, era una fiesta condenada a su desaparición por la decreciente afición a la misma. Si la iniciativa legislativa popular ha prosperado es porque se hacía eco de una demanda ciudadana que, además, ha contado con una mayoría en el Parlamento catalán después de seguir los procedimientos exigidos por el ordenamiento jurídico e incorporar las conclusiones de un amplio debate canalizado institucionalmente. Si los recursos legales que han anunciado los grupos contrarios a la prohibición no prosperan, el compromiso con el Estado de derecho exige respetar la decisión del Parlamento autónomo. Lo mismo que debería suceder en caso contrario entre los partidarios de la abolición.

Que las corridas de toros remitan a lo que algunos sectores políticos y de opinión consideran parte de la idiosincrasia nacional española, ya sea para defenderla o para combatirla, no obliga a enjuiciar su prohibición en términos nacionalistas. Sería tanto como plegarse a explicar la decisión del Parlamento en términos de victoria de unos nacionalistas sobre otros, todos ellos de acuerdo en un único punto: en que las corridas son, en efecto, una fiesta nacional. Muchos de los ciudadanos que han apoyado su abolición en Cataluña lo han hecho, sin embargo, por razones que nada tienen que ver con sentimientos identitarios, sino con su rechazo a lo que consideran un culto bárbaro al maltrato de los animales. De la misma forma que otros muchos que se han sentido ajenos al debate, y a los que resulta indiferente que se prohíban o no las corridas, están resueltamente en contra de que se consideren como una fiesta nacional. Será, en todo caso, una tradición, que ni es sagrada ni puede convertirse en prueba obligatoria de la españolidad de los ciudadanos.

En perfecta simetría identitaria de distinto signo se han situado el PP y ERC. El anuncio de Mariano Rajoy de que su partido intentará una declaración de la lidia como patrimonio cultural, lo que dificultaría su prohibición en otras comunidades autónomas, es una nueva estrategia electoralista que busca añadir tensión a las relaciones entre el Estado central y las autonomías en un momento particularmente inoportuno. ERC, por su parte, ha esgrimido su rechazo al maltrato animal en una débil argumentación que desenmascara su estrategia, toda vez que no han incluido en la prohibición el correbous, una tradición taurina del sur de Cataluña que rivaliza en crueldad con las clásicas corridas.

Reivindicar una aproximación a la decisión del Parlamento en los términos que establece el Estado de derecho, y no en los de las entelequias identitarias, no significa cerrar los ojos a los intentos de instrumentalizarla por parte de los partidos que se reclaman abiertamente de un credo nacionalista o de los que lo hacen de manera encubierta. Son estos partidos los que se enfrentan a una contradicción, no los que se limitan a exigir el cumplimiento de las leyes y a respetar las decisiones que se adopten dentro de ellas. Combatir la silueta del toro sustituyéndola por la de un burro era hasta ahora una gracieta. Si la abolición de las corridas de toros se interpreta como un medio para convertir la gracieta en prueba obligatoria de la catalanidad de los ciudadanos, todo lo que los catalanes habrán ganado en simbolismo lo habrán perdido en libertad. Porque de lo que se trata es de que los ciudadanos puedan sentirse catalanes, españoles o ambas cosas a la vez con independencia de lo que piensen de las corridas o de su abolición. De la silueta de un toro o de la de un burro.