La sostenibilidad política del euro

El 2 de enero de 2002, EL PAÍS abría a cinco columnas con el siguiente titular: "Los españoles reciben el euro con euforia". Casualmente, ese mismo día el diario alertaba inadvertidamente de los trágicos finales que acechan a muchas uniones monetarias. En la esquina inferior izquierda de esa misma portada se leía este otro titular: "El peronista Duhalde se convierte en el quinto presidente argentino en 15 días". La razón, la crisis financiera que asoló el país en 2001 y que se llevó por delante la paridad del peso con el dólar.

La adopción del euro no fue una decisión incontestada. Muchos economistas alertaron de que Europa no constituía un "área monetaria óptima". Eso significaba dos cosas: que las economías del continente eran demasiado diferentes entre sí como para que una única política monetaria fuera apropiada para todas ellas; y que no existían en Europa mecanismos alternativos que pudieran suplir la ausencia de autonomía monetaria como política de ajuste. A estas críticas, los defensores de la moneda única respondían que, aunque Europa no fuera un área monetaria óptima en aquel momento, gracias al euro lo sería en el futuro. La moneda única haría más similares a las economías de los países miembros y la ausencia del recurso a la política monetaria obligaría a los países a buscar formas alternativas de ajuste.

Muchos economistas alertaron de que Europa no constituía un "área monetaria óptima"

Los países con un sector exterior fuerte son los que mejor han gestionado el euro

Diez años después de la introducción del euro, no podemos decir que los euroescépticos estaban equivocados. Antes al contrario, con la crisis arrecian las críticas. Paul Krugman ha advertido del "feo panorama" que espera a aquellos países que, como España, habrán de pasar un largo periodo deflacionario para recuperar la competitividad perdida. Otro crítico del euro, Martin Feldstein, ha propuesto la reintroducción de un dracma devaluado para solucionar la crisis griega.

"La culpa no es del euro", repetimos machaconamente en Europa. La culpa es de los gobiernos que "no han hecho los deberes" cuando las cosas iban bien. Deberíamos haber aprovechado la buena coyuntura generada en los primeros años del euro para hacer más flexibles nuestras economías, cambiar el modelo productivo y fortalecer los instrumentos de gobernanza de la eurozona, logrando que Europa se convirtiera en un área monetaria óptima. El euro sigue siendo una fantástica idea, se concluye, el problema es que no se ha acompañado con las reformas que requería la pérdida de autonomía monetaria.

Estos argumentos son sospechosamente parecidos a los utilizados por los defensores de la ley de convertibilidad en Argentina, otro país que decidió renunciar al control de su política monetaria en 1991, cuando dicha ley igualó el valor del peso al del dólar. También para ellos el culpable de la crisis financiera de 2001 no fue la paridad con el dólar, sino "otras" políticas que, en el contexto económico argentino, resultaron letales.

Hasta cierto punto, el argumento de los defensores del euro y de la ley de convertibilidad es impecable. En teoría, siempre existen políticas capaces de solventar los problemas creados por la pérdida de la autonomía monetaria. Pero los gobiernos no adoptan políticas porque sean necesarias o las recomienden los manuales de economía, sino porque les resultan políticamente rentables. Si tan importante eran esas reformas para hacer la unificación monetaria económicamente viable, nos deberíamos haber preguntado qué incentivos tenían los gobiernos para llevarlas a cabo. Ahora sabemos que ninguno.

En Argentina, el régimen de convertibilidad fue un éxito durante casi una década. La inflación se controló, los tipos de interés se mantuvieron bajos, entraron ingentes cantidades de capital, y la economía creció a más de un 6% anual entre 1991 y 1998. Pero a finales de los 90, los gobernadores provinciales que competían por decidir sobre la sucesión de Menem se embarcaron en ambiciosos programas de gasto público para fortalecer electoralmente a sus candidatos.

Además, las devaluaciones de los principales socios comerciales de Argentina (el real brasileño perdió un 50% de su valor en 1998) requería de políticas deflacionarias que devolvieran la competitividad a los bienes argentinos. Pero esas políticas deflacionarias eran enormemente impopulares. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, la política fiscal requerida para la supervivencia económica de la convertibilidad era políticamente inviable. En última instancia, estos problemas políticos provocaron el colapso del régimen monetario.

En España, ¿qué deberían haber hecho los gobiernos para lograr una exitosa adaptación al euro? Según los manuales de economía, los "deberes" consistían en flexibilizar el mercado de trabajo, limitar el riesgo de una crisis asimétrica (es decir, sufrida sólo por España) reduciendo la dependencia del sector de la construcción e incrementar la productividad para que las mejoras salariales no se tradujeran en pérdidas de competitividad.

Paradójicamente, la llegada del euro eliminó los incentivos para reformar la economía en todos esos frentes.

Con el euro, el dinero se abarató espectacularmente. Ello, unido a una creciente demanda de construcción residencial y a unas desafortunadas políticas que incentivaban la compra de vivienda creó una descomunal burbuja inmobiliaria. Mientras la burbuja se inflaba, todo fue bien: las empresas vendían, la construcción creaba empleo, las familias veían revalorizado el precio de sus casas, y las administraciones públicas disfrutaban de los ingresos extras generados por el boom económico. En semejante contexto, ¿qué gobierno iba a arriesgarse a enfrentarse con los sindicatos para liberalizar el mercado de trabajo? ¿Cuál hubiese sido el beneficio político que obtendría un gobierno decidido a "pinchar" la burbuja modificando, por ejemplo, el ominoso régimen fiscal que privilegiaba la compra de vivienda? ¿Cómo justificar de cara a la opinión pública una política de cambio de la estructura productiva y fomento de la productividad que pasaba ineludiblemente por penalizar a la construcción, el sector que estaba dando de comer a media España?

Existían sectores que podrían haber exigido al Gobierno esas reformas: los grandes perdedores durante este periodo, los productores españoles que venden en el exterior y los productores de bienes que compiten con importaciones. Ellos podrían haberse movilizado para que el gobierno adoptara reformas que restauraran la competitividad perdida. No es seguramente casual que los países que mejor han gestionado el euro son aquellos en los que el sector exterior ocupa un lugar central en la estructura económica y política del país. Pero en España este sector es políticamente muy débil. Nunca los exportadores decidieron unas elecciones.

Por otra parte, se ha argumentado que la unificación monetaria requiere de una supranacionalización de determinados aspectos de la política económica. Más allá de un pacto de estabilidad que se ha mostrado ineficaz, las élites que construyeron el euro confiaron en que la mera necesidad de fortalecer las instituciones supranacionales llevaría de forma mecánica a la adopción de las reformas pertinentes. Pero, de nuevo, se pasó por alto que los gobiernos no adoptan decisiones porque sean requeridas por una determinada lógica funcionalista, sino porque son políticamente rentables. Basta con echar un vistazo a las opiniones públicas de los países miembros para comprobar cuán improbable es que esas decisiones se tomen en el medio plazo.

No existen ejemplos de uniones monetarias que hayan sobrevivido sin ir acompañadas de profundas reformas políticas. En un exceso de voluntarismo, los líderes europeos pensaron erróneamente que la mera adopción del euro crearía de modo automático la demanda para tales reformas, pero como hemos visto, en algunos casos sembró incentivos para justo lo contrario. Ahora, el futuro de la moneda única pasa por comprender mejor las motivaciones reales de los gobiernos con el fin de rediseñar una unión monetaria políticamente viable, porque sólo así será económicamente sostenible.

José Fernández-Albertos es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautor, con Dulce Manzano, de Democracia, instituciones y política económica (Alianza).