No sólo enfermeras

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido diligente a la hora de señalar un culpable de la muerte del pequeño Ryan. La mayor aportación del informe oficial, emitido cinco días después de la muerte del bebé, es su llamativa insistencia en lo ya conocido, por inexplicable que sea: que una enfermera que se estrenaba en la UCI de neonatología administró al niño el alimento por vía venosa en vez de por sonda nasogástrica.

Del informe se desprende que la enfermera acusada salta de una unidad a otra y de un hospital a otro de Madrid con contratos de seis meses, que no estaba especializada en neonatología y que aceptó "de buen grado" la indicación de la supervisora de pasar aquella fatídica tarde del 12 de julio de la unidad de nefrología a la de neonatología "para familiarizarse con el área de cuidados intensivos".

La muerte de Ryan es, en fin, según el Gobierno de Esperanza Aguirre, una cuestión de enfermeras. En el informe, de 14 páginas, no se menciona a un solo responsable médico. O la UCI de neonatos del hospital Gregorio Marañón está exclusivamente en manos de enfermeras o a los inspectores se les ha olvidado el resto de la estructura hospitalaria. Señalar, además, que la enfermera culpable se trasladó "de buen grado" es un burdo intento de cargar las culpas exclusivamente sobre esta joven profesional cuya precariedad laboral le impide, probablemente, cualquier gesto laboral de altanería.

No se trata de exculpar a la enfermera por el error cometido, pero es difícil evitar la impresión de que la Comunidad de Madrid echa balones fuera intentando saldar este trágico asunto atacando al eslabón más débil. Es imperativo recordar que el bebé prematuro Ryan había sido ingresado en esta UCI tras la muerte de su madre, Dalila, víctima de la nueva gripe y que fue enviada en urgencias tres veces a casa a pesar de que una embarazada es una persona de riesgo y de que sufría fiebre y dificultad respiratoria. Su cuarto viaje al hospital fue el último. Murió también en el Gregorio Marañón el 29 de junio pasado. En ese caso, no hubo comparecencia alguna ante la prensa para explicar los eventuales errores médicos cometidos. El Gobierno madrileño tampoco hizo público el informe de los inspectores sobre lo ocurrido y, lo que es aún más grave, no tiene intención de hacerlo.

Nadie está libre de errores, pero sólo el análisis riguroso de los mismos permite mejorar el sistema. Diversos informes profesionales y sindicales han venido señalando en los últimos meses la carencia de enfermeras que sufre el sistema sanitario español en general y el hospital Gregorio Marañón en particular. Las muertes de Dalila y Ryan demuestran que para Esperanza Aguirre y su Consejería de Sanidad es más importante seguir inaugurando hospitales que procurar que los existentes funcionen correctamente. También la facilidad con que se imponen los intereses corporativistas frente a la transparencia y la rendición de cuentas.