La solidaridad catalana

Desde hace décadas, y con renovado impulso desde los años ochenta, se escucha y lee que Cataluña sufre un preocupante "déficit fiscal", una gran diferencia entre su contribución a los presupuestos nacionales y el gasto público que recibe. Ciertas variantes hablan nada menos que de "expolio fiscal". Tras un conato parecido durante la tramitación de la reforma del Estatut, en la presente campaña electoral el candidato de Convergencia i Unió (CiU) a la presidencia autonómica propone exigir para esta comunidad un régimen fiscal privilegiado de "concierto económico" o "cupo" como del que, poco solidariamente, gozan Navarra y País Vasco.

Si bien se han reducido considerablemente los seculares desequilibrios económicos entre los territorios de España, siguen siendo patentes. Gracias a las transferencias interregionales de recursos y, sobre todo, al Estado social, hemos mitigado las diferencias más descarnadas. Aún así, la concentración y acumulación de riqueza sigue siendo muchísimo mayor y más acelerada en Madrid, Barcelona o Bilbao que en el resto del país.

Un 67% es partidario de transferir dinero desde las zonas más prósperas a las que lo son menos

El relativo subdesarrollo de zonas amplias es, o debería ser, una preocupación para las más prósperas. Desde un prisma pecuniario, y haciendo abstracción de otras numerosas, fuertes y complejas interdependencias, podría pensarse que aquellas suponen un lastre para éstas. Desde este punto de vista al menos, resulta racional que las más pujantes no solo transfieran fondos a las rezagadas para paliar las desigualdades más graves en consumo de bienes y servicios, sino que también les ayuden a crear riqueza por sí mismas. Este ha sido el principal argumento para justificar las grandes inversiones del Gobierno de España en infraestructuras para zonas poco desarrolladas durante las últimas décadas. Con todo, junto a la lógica económica, la solidaridad interregional también se basa en razones de orden afectivo. En este sentido, la divulgación de demandas como la del candidato de CiU no hace sino engordar el estereotipo de los catalanes como insolidarios y egoístas. ¿Son así realmente?

En el marco de un estudio internacional, investigadores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Pompeu Fabra realizamos en 2009 un estudio sobre las actitudes y opiniones en Cataluña y otras comunidades autónomas a propósito de la identidad nacional y la solidaridad económica. Sus resultados permiten responder con rotundidad: una amplia mayoría de catalanes muestra buena disposición a la solidaridad interterritorial. La gran mayoría (67%) manifiesta su acuerdo con la idea de que hay que transferir dinero desde las zonas más prósperas a las que lo son menos para asegurar que todos tengamos niveles similares de servicios públicos. Una mayoría aún mayor (74%) considera que el Gobierno de España debe intervenir para reducir las diferencias entre sus distintos territorios.

En términos comparativos, esta generosidad es equiparable a la de los ciudadanos de Viena, si bien a esta ciudad, como capital de su país, cabe presuponerle una mayor solidaridad con el conjunto de su nación. La generosidad catalana es, asimismo, mucho mayor que la de los alemanes de Baviera y los austriacos de Salzburgo, aunque estos, a diferencia de los catalanes, raramente ponen en tela de juicio sus lealtades nacionales. Por añadidura, como promedio, los catalanes están dispuestos a incrementar un 10% los impuestos que ya pagan si es para mejorar la atención a personas necesitadas -porcentaje prácticamente idéntico al de las otras comunidades españolas estudiadas-.

Si los catalanes expresan una buena disposición a la redistribución, ¿por qué una parte de su clase política insiste en querer reducir las transferencias de recursos? Sin ser la única causa, la evidencia disponible señala hacia un factor dominante: la diferencia en creencias, valores y sentimientos nacionales entre la élite política y la ciudadanía. Como ha demostrado T. J. Miley, profesor de la Universidad de Cambridge, en su libro Nacionalismo y política lingüística (CEPC) y en varios artículos académicos, el nacionalismo catalán y el consiguiente desapego a España de los parlamentarios y concejales de los principales partidos son mucho más intensos que los de sus propios votantes.

De hecho, regresando a nuestros datos, una parte relevante de la población catalana (en torno a un 26%) rechaza la mencionada solidaridad interregional. Se trata del sector que menos se identifica con España. Un sector que, pese a ser minoritario, posee una influencia desproporcionada: no solo surte la mayor parte de dirigentes y cuadros medios de la política catalana, sino que está mucho más movilizado en las urnas, en la calle y en el tejido asociativo, verbigracia, la masiva concentración contra la sentencia del Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el Estatut.

Sin embargo, los catalanes, o la mayor parte de ellos, no son insolidarios, o no mucho más que otros españoles. El caso es que, acallada por una abrumadora minoría, la inmensa mayoría apenas hace oír su voz.

Enric Martínez-Herrera es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra y coordina la investigación Citizen after the Nation-State?, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la European Science Foundation.