¿Para qué sirven las leyes?

¿Debemos abolir el Código Penal porque, a su pesar, se siga robando y estafando?

Quienes creyeron que descenderían automáticamente las muertes de mujeres por el hecho de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, desprecian y no calibran la consistencia y resistencia del factor cultural como causa última de esta violencia. La mayoría de las muertes se producen alrededor de la separación, cuando las mujeres anuncian su decisión de terminar con la pareja e intentar reanudar su vida, posibilidad que no admiten quienes se acostumbraron a dominar y controlar el espacio familiar.

Identificar la eficacia de la Ley contra la Violencia de Género con el número de muertes, además de resultar un análisis claramente insuficiente, tiene el efecto de hacer invisible todas las otras formas de violencia -amenazas y coacciones que llagan a las instituciones- sobre las que están funcionando las medidas de esa ley.

El dato relevante tras su entrada en vigor es el aumento de denuncias por amenazas y coacciones. Y debemos tener en cuenta que la acción de matar no es la primera manifestación de violencia, sino el último acto de desprecio.

En todo caso, es cierto que, pese a las mejoras, aún existe un gran número de mujeres que no se deciden a denunciar la violencia de género ni a acudir a las instituciones para solicitar protección. Un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2000 consideraba "técnicamente" como maltratadas aproximadamente a dos millones de mujeres. Esta cifra aún no se corresponde, ni remotamente, con el número de denuncias recibidas por los juzgados de Violencia en su primer año de funcionamiento, casi ciento cincuenta mil.

Entonces, ¿por qué algunos se extrañan, o valoran negativamente el aumento del número de denuncias y se oponen a la necesidad de nuevos juzgados especializados?

Investigaciones recientes ponen de manifiesto que las mujeres están ahora más informadas, confían y acuden en mayor número para solicitar protección y actuación institucional. También está mejorando la asistencia económica y social que reciben las víctimas.

La ley integral está consiguiendo uno de sus objetivos, que aflore la "realidad oculta" de la violencia de género hasta ahora no denunciada, sacar del ámbito privado estas agresiones que vulneran la dignidad humana, y hacer a las mujeres valedoras de sus derechos. De manera que su saldo ya es positivo desde este punto de vista.

Aparte de la necesaria reflexión sobre el significado de los datos estadísticos, ha de resaltarse que la puesta en marcha de juzgados y fiscales especializados ha reforzado la respuesta judicial. Es cierto que se ha detectado sobrecarga de trabajo en las grandes ciudades, pero esto podría solucionarse con más juzgados y más dotación presupuestaria. También es verdad que existen dificultades de funcionamiento en juzgados que compatibilizan esta materia con el resto de asuntos penales o civiles ordinarios, pero esto podría subsanarse con juzgados exclusivos que ofrezcan servicios especializados a varias poblaciones.

Como buenas prácticas, se constata la atención preferente que recibe la violencia de género por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los órganos judiciales, con una respuesta inmediata -no más de 72 horas- cuando se solicitan medidas de protección; y en algunos casos sentencias en 15 días por el trámite de los juicios rápidos.

Se trata de mejorar y de hacer más eficaces los recursos existentes. En este punto resulta decisiva y determinante la formación en "perspectiva de género" de todos los profesionales que intervienen en esta materia, desde funcionarios de policía a jueces y fiscales. Sólo desde el conocimiento y la comprensión de las características específicas de este fenómeno criminal, se podrá ofrecer una respuesta adecuada a las mujeres que ven vulnerados sus derechos fundamentales.

El refuerzo judicial que realizó la ley -puesto en marcha en tiempo y forma- está interviniendo de manera preventiva; y en algunos casos, difíciles de cuantificar, ya ha tenido efectos disuasorios y evitado nuevas agresiones y muertes. Ahora el reto en el ámbito judicial es avanzar en la mejora de la organización y eficiencia de los recursos existentes, asegurar el control policial de las órdenes de alejamiento.

En este camino han de seguir las instituciones, como recordamos cada 25 de noviembre desde que la Resolución 54/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas lo declarara Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada, experta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial.