La política como negocio

No hay día sin un nuevo episodio de la degradación de la política en negocio que afecta a la Comunidad Valenciana, según ha venido a reconocer su anterior presidente, Eduardo Zaplana, a la vista de la riada de escándalos que desde la rama local del caso Gürtel a las cada vez más profundas aguas del caso Brugal, afecta a varias instituciones y mantiene imputados en diversos sumarios por corrupción al presidente autonómico y varios de sus consejeros, a dos de los tres presidentes de Diputación, además de alcaldes y concejales de importantes localidades. En total, decenas de cargos públicos.

El punto de atención se ha desplazado de Valencia a Alicante. Los informes de la Fiscalía Anticorrupción describen un panorama en el que se mezcla la gran corrupción millonaria con corruptelas, formando un todo de grandes y pequeñas complicidades, a veces transversales. Ayer mismo dimitió de su cargo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante Roque Moreno, citado en uno de los informes como supuesto beneficiario de los favores del constructor Enrique Ortiz, vértice de todos los chanchullos investigados en Alicante, a quien el portavoz habría pedido la contratación de un conocido a cambio de su apoyo al proyecto de remodelación del estadio del Hércules, club del que Ortiz es el máximo accionista. Ninguno de los miembros del PP citados ha dimitido.

El enchufismo tradicional consistía en pedir un empleo a un cargo público; ahora son los concejales los que se lo piden a un promotor inmobiliario cuyo poder es mayor que el de cualquier cargo público y que, por ejemplo, es propietario del 25% del suelo urbanizable de la ciudad y participa en sociedades que poseen el 70%. El modus operandi descrito por la Fiscalía es el mismo del famoso Bigotes de la trama Orange Market: comprar voluntades públicas con halagos y regalos: vacaciones pagadas, viajes en yate, contratación de familiares o pago de comisiones a cambio de decisiones administrativas favorables.

Es posible que no todas las conductas irregulares investigadas por la policía y recogidas por la Fiscalía sean consideradas delitos por los jueces. Pero aunque solo lo fueran la mitad de los señalados el panorama ya sería desolador. En España hay un problema grave de corrupción, y uno gravísimo en Valencia que afecta a las más diversas actividades. Un reciente informe de Hacienda mostraba que la trama Gürtel obtuvo cuantiosos beneficios de la visita del Papa a Valencia en 2006 mediante adjudicaciones sin concurso público.

Cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude fiscal son las acusaciones que se repiten, sin que la dirección del PP, al que pertenece la gran mayoría de los afectados, se sienta interpelada, excepto para decir que esperan mejorar sus resultados en las elecciones de mayo. Casos como el de los tránsfugas de Benidorm indican que ese cinismo político afecta también a los socialistas y que cuando dirigentes de ambos partidos se llaman hipócritas entre sí, los dos tienen razón.