Un partido republicano

Tanto por la proximidad de las elecciones generales como por la habitual rigidez mental de muchos publicistas, los comentarios en torno al nuevo partido impulsado desde ¡Basta Ya! se han centrado en el espinoso e intelectualmente estéril tema de su impacto sobre el mercado político. Lo importante entonces no es ver si tiene sentido emprender este trabajo de Sísifo, sino especular acerca de cuál de los dos grandes partidos va a ser el más perjudicado por su entrada en la competencia electoral. Si va a convertirse en un "cortafuegos" que impide el deseable trasvase de votos de socialistas hacia el PP, o si por el contrario su labor de captación será suficiente para poner en peligro la formación de un nuevo gobierno de la izquierda reformadora, léase PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas vías conducen a un mismo punto de llegada: por respetable que sea la personalidad de sus promotores, el Nuevo Partido es un molesto aguafiestas, que viene a perturbar el funcionamiento regular de nuestro sistema político.

A efectos polémicos, con la mirada puesta en la descalificación de la iniciativa, tales planteamientos son irreprochables. Sólo que parten de un enfoque deliberadamente sesgado, poniendo la carreta delante de los bueyes. Si los promotores de UPD, o como vaya a llamarse, se decidieron a la difícil empresa de su fundación, no fue precisamente por el ansia de convertirse en diputados y aprovechar el espacio disponible entre los dos grandes partidos estatales. La clave de la conversión de ¡Basta Ya! en organización política se encuentra en un proceso de reflexión crítica sobre la política de Estado, o mejor, sobre la sucesión de disparates en la política de Estado del Gobierno Zapatero, y sobre la incidencia de esa deriva hacia el caos en el funcionamiento de la propia democracia. Aun cuando en alguna de sus cabezas visibles pudiera haberse apreciado una inclinación hacia el PP, dado el contexto peculiar de la política vasca, la corriente principal del grupo fundador procede inequívocamente de la izquierda progresista que desde tiempo atrás respaldó al PSOE, en unos casos como intelectual comprometido (Savater), en otros con una militancia irreprochable (Rosa Díez, Mikel Buesa). Es algo a tener en cuenta, por muy fácil que resulte arrojar basura sobre las ambiciones insatisfechas de Rosa Díez.

En el rechazo valeroso e inequívoco de los crímenes de ETA, en la censura de la política ambivalente del Gobierno vasco, o en el desencanto radical ante los saltos en el vacío de Zapatero, las coincidencias con el PP son inevitables, pero resulta no menos evidente la distancia que media entre los supuestos de la crítica de un Savater y los de un Rajoy. Por eso, el cauce diseñado para UPD no lleva en modo alguno hacia la orilla de los populares.

En las circunstancias actuales, no se trata de buscar un punto medio entre PSOE y PP, sino de intentar un diseño de regeneración democrática, con las desviaciones del Gobierno Zapatero como punto de referencia. Sin olvidar el reconocimiento de que el rechazo popular de la política catalana o vasca del Gobierno se hace desde un callejón sin salida, la invocación obsesiva de un concepto esencialista de España, desprovisto de ideas sobre qué hacer con el Estado-nación y plagado hoy por hoy de elementos arcaizantes.

De ahí la etiqueta de republicano que debiera asumir implícitamente el nuevo partido, no en el sentido de proponer un inmediato cambio en la forma de gobierno -aun cuando con el material sucesorio disponible tal opción pueda convertirse en exigencia técnica a medio plazo-, sino de reconstrucción de la democracia, en la línea trazada por la Constitución de 1978. Es conocida la simpatía por Zapatero del teórico del republicanismo, el politólogo irlandés Philip Petit, pero igual que sucediera con la caracterización del régimen de Franco como autoritarismo por Juan Linz, prueba de que no lo era de acuerdo con su planteamiento, los rasgos de su definición vendrían a justificar la elaboración de una alternativa, no de un respaldo al tipo de gobernación ejercida por nuestro presidente. En efecto, la conjugación de isonomía (participación del ciudadano en el proceso de adopción de decisiones) y de isegoría (libertad de expresión y de información) sufren aquí y ahora tan claras malformaciones como para justificar la propuesta de un regeneracionismo, precisamente en los mismos términos que dice profesar el Gobierno de Zapatero. El problema no es negociar con ETA, sino haber incumplido las propias exigencias definidas a propuesta suya por el Congreso para hacerlo, ocultar toda información a los ciudadanos, haber presionado sobre el poder judicial y sobre los medios de comunicación afines, y con toda probabilidad seguir haciéndolo, desde el esperpento De Juana al fraude de ANV. Todo ello, al lado del encefalograma plano, compensado por la habilidad para la maniobra, que revelara la Operación Estatut. ¿En peligro por todo ello la supervivencia del Estado? ¿Son gratuitas las previsiones pesimistas sobre España? Es claro que Zapatero y sus colaboradores no leen Avui, ni Gara, ni Deia, ni las declaraciones del BNG, y por ello ignoran la labor permanente de destrucción simbólica del componente español en las respectivas comunidades. Están literal y voluntariamente en Babia. Son esa peor clase de ciegos que evocaba el viejo profesor: los que no quieren ver. Desde este punto de vista, los propósitos declarados del Nuevo Partido, en la doble dirección de reafirmar la identidad de una España democrática, unida y plural, como la Constitución propone, y al mismo tiempo de restaurar la adecuación entre política gubernamental y democracia, no son, pues, meras declaraciones carentes de contenido. En los términos de Petit, la "interferencia arbitraria", practicada una y otra vez por el Gobierno Zapatero, en función únicamente de sus propios intereses, contraviene el normal funcionamiento del Estado de derecho y erosiona la democracia. La libertad y la justicia, evocadas por Pilar Ruiz hace unas semanas, exigen una respuesta política. Tal vez fracasará, pero resulta éticamente imprescindible.

La referencia al republicanismo encuentra otras razones, nada desdeñables. La primera, que si aspiramos a contrarrestar esa perogrullada estúpida de que sólo hay progreso ampliando hasta el happy end las competencias de las autonomías históricas, siendo lo demás españolismo neofranquista, existe un punto de referencia histórico, cuya vigencia reverdece: la República federal, tal y como fuera definida en la segunda mitad del ochocientos por Francisco Pi y Margall. En España, afirmación democrática dentro de la diversidad conduce a federalismo, que nada tiene que ver con bilateralidad y confederación. Y de paso, si pretendemos mantener para un futuro democrático la memoria del terror en Euskadi, no es signo de "guerracivilismo" arrancar de la referencia a la Segunda República, como momento fallido de construcción de una España de los ciudadanos, y como sujeto pasivo de una trágica represión. Del mismo modo que no cabe olvidar el genocidio armenio si hablamos del Holocausto, la conservación del recuerdo de la barbarie etarra requiere la de la represión franquista. Nuevo parteaguas deseable frente al PP. La mentalidad democrática no puede apoyarse, tal y como lo hace la nacionalista, en olvidos y recuerdos previamente seleccionados.

Normalización en el empleo de la idea constitucional de España, tanto en el plano normativo como en el simbólico, y recuperación de los usos democráticos, son en consecuencia dos objetivos estrechamente ligados entre sí. El planteamiento del naciente UPD tiene plena validez. No obstante, a la vista de algunas manifestaciones de posibles dirigentes cabe temer una cierta falta de ponderación, en el sentido de llevar el no-nacionalismo y la crítica de los nacionalismos realmente existentes hasta una posición de enfrentamiento constante que supondría en sí misma un factor de bloqueo. El término apuntado de "regionalitis" designa algo real, pero pésimamente expresado.

Otro tanto puede suceder en el difícil terreno de la crítica dirigida contra el PSOE: si lo que tratamos de afirmar es la fuerza de la razón, conviene asumir el "obstáculo" que presentan las realizaciones del Gobierno Zapatero en los planos social, cultural y económico. A veces con dos caras enfrentadas: así, en Educación, a la baza positiva de la enseñanza de Ciudadanía se contraponen la demagógica concesión de las cuatro asignaturas para pasar curso y el ensayo de manipulación desde arriba en toda regla que bajo un lenguaje tecnocrático nos devuelve a usos prefranquistas en el previsto cauce de acceso a los cuerpos docentes. Adiós sorteos para los tribunales o comisiones, adiós marco de las ya amplias áreas de conocimiento. Dedo bien enguantado desde órganos fijados por el poder, y basta. Es hora, pues, de ponderar asumiendo en ocasiones una convergencia nada rentable. Y queda, en fin, poco tiempo para afrontar otras cuestiones de primera importancia con suficiente rigor, desde la integración de los inmigrantes y su enlace con la amenaza terrorista, hasta la rectificación de la política económica en el aspecto nada desdeñable de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores en plena fase de crecimiento. Las razones para fundar el nuevo partido están ahí, pero el grupo dirigente deberá asumir las dificultades que encierra la materialización del proyecto.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.