Los jueces, un poder y una casta

Los licenciados en Derecho que superan la memorística oposición a judicatura se convierten, sin apenas más trámites, en titulares de un poder del Estado, con capacidad para disponer de la libertad y hacienda de los ciudadanos, paralizar la actividad administrativa e incluso anular las decisiones del legislador.

Tamaño poderío, acorde con la división de poderes propia de la democracia, debería implicar un cuidadoso sistema de selección de los jueces, que alejara el riesgo de que entre quienes ejercen tanto poder prevalezca la conciencia de pertenecer a una casta intocable.

El sistema español de acceso a la judicatura por oposición, establecido en la Constitución de 1869 -¡hace 140 años!-, está pidiendo a gritos una reforma sustancial, congruente con los tiempos que vivimos y con la necesidad de reclutar para esa función pública básica a quienes cuenten con los conocimientos y habilidades precisos para encarnar el poder judicial que, como los otros poderes del Estado, "emana del pueblo" (artículo 1.2 de la Constitución). Son precisas garantías de que el ejercicio de la jurisdicción subsanará la falta de legitimación democrática de origen.

El sistema de acceso a la judicatura por oposición pide a gritos una reforma

La memorización de 360 temas y la exposición oral de los que le toquen al opositor, en un periodo tasado de 15 minutos para cada tema, es un procedimiento absurdo para seleccionar unos apoderados del Estado que van a tener que resolver, con imparcialidad e independencia, complicados conflictos interpersonales, ejercer la coerción penal, arbitrar entre la Administración y los particulares, aplicar la Constitución y las leyes.

Todo ello en un mundo jurídico que dispone de bases de datos de legislación y jurisprudencia que hacen estéril la memorización individualizada de las normas y principios del Derecho, acaso útil en el siglo XIX, pero definitivamente inservible hoy.

La Fundación Alternativas presentó hace unas semanas un documento con algunas propuestas para La reforma del acceso a la carrera judicial en España, muy crítico con el que denomina "modelo decimonónico de oposición memorística", por el que han sido reclutados más del 85% de los casi 4.500 jueces y magistrados actualmente escalafonados. El autor del documento, el catedrático de Derecho Constitucional Alejandro Saiz Arnaiz, recuerda que la Constitución de 1978 no impone el sistema de oposición, que él considera "insostenible". Según explica, la existencia de la Escuela Judicial no aminora los males de la oposición, porque los 18 meses de estancia en ella no sirven para seleccionar -en los últimos 10 años, sólo uno de los más de 1.500 alumnos quedó excluido-, sino, más bien, para acrisolar la conciencia de casta y crear entre los futuros jueces "vínculos firmes de solidaridad corporativa".

Algo similar ocurre con la industria de los preparadores, pilar del sistema de oposición. Son entre 300 y 500 y ayudan a los varios miles de opositores para que canten bien los temas. La relación preparador/opositor genera una curiosa empatía, por encima de diferencia de edades, trayectorias e ideologías. Según Saiz, los preparadores suelen recibir de cada opositor entre 2.500 y 3.600 euros al año, cantidades que, por lo general, no tributan a Hacienda, de igual modo que la dedicación que requiere esta actividad no es tenida en cuenta a efecto de incompatibilidades. Se trata de corruptelas arraigadas en la entraña del sistema de oposiciones. De ahí que la Fundación Alternativas propone, por lo pronto, "regularizar la actividad de los preparadores y su régimen de dedicación, haciendo posible de este modo la normalidad fiscal de sus ingresos".

El cambio radical en la selección de los jueces exige conocer si son capaces de tomar decisiones y de razonarlas, argumentarlas, explicarlas, motivarlas en suma. El derecho comparado muestra que son frecuentes los exámenes psicotécnicos, la valoración de la experiencia profesional y las pruebas prácticas. Especialmente atractivo es el modelo holandés, que se inicia con una prueba de inteligencia y otra de personalidad. Después, los seleccionados van a la Escuela Judicial durante seis años, con duros exámenes cada dos años, en los que han de superar pruebas teórico-prácticas. Quienes aprueban la fase formativa son nombrados jueces, pero sólo serán jueces titulares tras unos años de buen rendimiento.

Con las elecciones a la vista, ¿acometerá el PSOE una reforma del acceso a la carrera judicial propia de una democracia y homologable con nuestro entorno europeo, o eludirá ese reto -casus belli para la derecha judicial- y en su programa electoral se limitará a abrir un debate sobre la materia, como probablemente hará respecto al aborto y a la configuración de un Estado laico? El problema no es sólo viajar hacia el centro, sino hacerlo sin frenos, guiado por la inercia.