El genocidio franquista

Jaime Mayor Oreja calificó la Guerra Civil de "lo peor de nuestra historia". Su propósito era mostrar la inconveniencia de todo intento de ahondar en las responsabilidades que acompañaron a la tragedia. Sería tanto como reabrir heridas mal cicatrizadas y poner en peligro la reconciliación alcanzada gracias al ejercicio de olvido que acompañó a la transición. El argumento tiene un punto de razón: después de un pasado tan traumático, cualquier ejercicio de recuperación de la memoria histórica ha de ser llevado a cabo pensando en primer término en una mejor convivencia futura. Y es precisamente esto último lo que justifica una actitud opuesta a la preconizada por nuestros conservadores. Los españoles tienen derecho a un conocimiento preciso de lo ocurrido en los años treinta y, como ha sucedido en tantos otros países, Alemania, Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente responsabilidades a los culpables.

El reconocimiento de las víctimas republicanas es una tarea pendiente de la España democrática

¿Es genocidio que miles de "rojos" fueran asesinados de modo sistemático?

Por esas mismas experiencias sabemos que no es tarea sencilla. Una labor incompleta ha favorecido en Italia la supervivencia política de un fascismo reformado. En Alemania la rigurosa condena del nazismo y el reconocimiento pleno del Holocausto, hasta el punto de seguir prohibida hasta hoy la reedición de Mein Kampf, tuvieron como contrapartida la débil voluntad para aplicar justicia a los criminales. Tampoco fue fácil en Francia superar el trauma de que tantos, incluido el luego resistente Mitterrand, se apuntaran tras la derrota de 1940 al Maréchal, nous voilà!. Tal vez la reconstrucción de la verdadera biografía del presidente socialista a partir del libro de Pierre Péan en 1994 tuvo un saludable efecto al mostrar que también en el vértice de la izquierda las cosas distaban de haber sido de blanco sobre negro, y que detrás de la emotiva ceremonia de la rosa roja depositada al ganar las presidenciales en la tumba del resistente asesinado Jean Moulin se encontraban su duradera amistad con René Bousquet, verdugo de judíos en 1942, y el respeto mal disimulado hacia Pétain.

Es de desear que en España la ponderada Ley de la Memoria Histórica y la reciente iniciativa procesal del juez Garzón contribuyan a un ejercicio similar de esclarecimiento. "Una nación no puede olvidar su pasado", declaró Jacques Chirac al poner en marcha hace una década los procedimientos para devolver los bienes secuestrados a los judíos. El reconocimiento y la reparación de los daños sufridos por las víctimas son en este sentido prioritarios, más aun cuando en nuestro caso, tras sufrir la muerte, los republicanos asesinados fueron en tan gran número condenados a la humillación adicional de la fosa común. Sigue siendo al respecto válida la apreciación del romántico Ugo Foscolo en su poema De los sepulcros, al presentar el enterramiento digno de los restos como signo de la transformación de "las humanas fieras" en seres "piado

sos hacia sí mismos y hacia los demás".

Nuestras fieras humanas del bando vencedor de la guerra incumplieron conscientemente ese deber y toca ahora por fin a las instituciones democráticas asumirlo, dando además satisfacción a los descendientes de las víctimas. Nada tiene esto de revancha. Es un puro y simple acto de humanidad y de justicia.

En la dinámica que Garzón intenta poner en marcha, el establecimiento de un censo fiable de los asesinados podría llevar a la determinación de responsabilidades retrospectivas, sirviéndose del único camino que soslaya la prescripción: la figura del genocidio. La cuestión es sí la misma conviene a los sublevados del 17 al 20 de julio de 1936. El creador del término fue en 1944 Rafael Lemkin, jurista judeopolaco, en su libro El dominio del Eje en la Europa ocupada, para calificar la novedad de la destrucción programada de una nación o de un grupo étnico. Franco escaparía gracias a esta acepción restrictiva. En 1946, el campo de aplicación se amplia a los grupos religiosos y este límite es respetado en 1948 en la Convención dedicada al tema, por el veto inglés a incluir el genocidio político.

Los dos componentes del concepto, la voluntad programada de aniquilamiento y la designación de un sujeto pasivo identificable, permiten sin embargo su aplicación al campo político. Los cientos de miles de "gente del 17 de abril" ejecutada por los jemeres rojos, o de enemigos del pueblo fusilados en la gran purga de Stalin en 1936-38, comparten con los miles de rojos exterminados en España el hecho de haber sido víctimas de un proyecto deliberado de aniquilamiento y de constituir un grupo humano bien delimitado. Fueron gentes del Frente Popular, masones, personas conocidas por su laicismo, sindicalistas: en una palabra, esa izquierda sobre la cual Francisco Franco, en conversación de noviembre de 1935 con el embajador francés Jean Herbette, declaró la necesidad de ejecutar "una operación quirúrgica", la amputación de la parte perniciosa de la sociedad española. Genocidio político y también cultural, de destrucción de las élites que proporcionaban en la izquierda inspiración cultural y cohesión social. Los textos de Mola o de Queipo refrendan ese propósito, comparable al expresado por Hitler contra judíos y comunistas. Y bien que la pusieron en práctica. La mejor prueba de que la acción de exterminio era consciente lo tenemos en su sañuda prolongación en los años de la posguerra. "Vencido y desarmado el Ejército rojo", tocaba borrar el rastro de la República mediante la eliminación de todo aquel que hubiera sido un cuadro o líder de opinión. No hubo piedad ni humanidad. Calificación de genocidio bien ganada.

Ahora bien, tal valoración, asociada al hecho de que el "alzamiento" fue una insurrección contra el régimen legalmente constituido, no debe ocultar que si entramos en el terreno de las responsabilidades también hubo "humanas fieras" en el sector republicano, unas individuales, otras organizadas. De modo especial, en la CNT-FAI y en el PCE/Internacional Comunista la comisión de actos conscientes de barbarie se encuentra suficientemente probada, por contraste con la nobleza de figuras como Manuel Azaña o Joan Peirò. Los demócratas de hoy no deben cerrar los ojos ante las "patrullas de control" anarquistas en Barcelona, Paracuellos o el entorno político de la mejor conocida muerte de Andreu Nin. Hubo terror libertario y terror estaliniano.

La excepcional longevidad de Santiago Carrillo debiera permitir el esclarecimiento de episodios capitales, de los que fue observador privilegiado. El hecho de que en sus frecuentes relatos nunca mencione al mandamás delegado de Moscú, el siniestro Victorio Codovila, ni a la NKVD, indica que habla pero no cuenta. Y ya que en las entrevistas, por ejemplo una muy reciente a la SER, insta a la recuperación de la memoria histórica, tiene el deber moral de contar lo que realmente pasó. No lo hará.

Volvamos a la aspiración última de Goethe: "Luz, más luz".

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.