Nuestro sí a la fiesta

La decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña que supone la prohibición de las corridas de toros en esa comunidad a partir de enero de 2012, ha causado una conmoción dentro y fuera del mundo taurino que no se compadece con la atonía de la fiesta de los toros que, según algunos, se está produciendo en nuestro país.

No parece ser, por tanto, un asunto baladí, y la citada decisión parlamentaria está produciendo innumerables reacciones en toda España que van del estupor a las más encendidas críticas, lo que demuestra que el asunto de los toros tiene, como siempre hemos defendido los taurinos, sentimientos y pasiones ancestrales, muchas veces difíciles de explicar.

Desde nuestra Asociación Taurina Parlamentaria, que tiene como principal finalidad la defensa y promoción de la fiesta de los toros como manifestación cultural del pueblo español, queremos también aportar nuestras reflexiones al respecto, comenzando por respetar la soberanía de un Parlamento autonómico para hacer uso de sus competencias, aunque discrepemos total y absolutamente con el acuerdo aprobado el pasado 28 de julio.

Es contradictorio que para proteger al toro de lidia se suprima la razón de su existencia

Solo los hombres tenemos derechos. Los animales, no. Pero sí tenemos deberes y obligaciones con ellos

Dicha decisión, también hay que resaltarlo, es una más de las muchas que han puesto en cuestión la licitud de la fiesta de los toros. José María Cossío, en su monumental obra Los toros. Tratado técnico e histórico, comienza su tomo 2 diciendo: "No han sentido siempre los españoles de la misma manera sobre la licitud o la conveniencia de las fiestas de toros, y esto desde los más remotos tiempos. La afición decidida del pueblo ha luchado muchas veces con la opinión de los doctos, y esta, prevaleciendo en múltiples ocasiones, ha tenido su reflejo en la legislación, con limitaciones y prohibiciones de procedencia canónica o de procedencia civil". Una contienda, añade Cossío, que, "durará cuanto dure la fiesta".

Precisamente, en dicha obra, se dedican más de 100 páginas, de la 85 a la 201, para describir las "polémicas sobre la licitud y conveniencia de la fiesta". Polémicas que no han sido ajenas al Parlamento, como lo demuestra que, en 1862, con motivo de la muerte de Pepete en la Plaza de Madrid, Salustiano Olózaga alzó su voz en el Congreso solicitando la supresión de las corridas. Incluso una proposición de ley del marqués de San Carlos, también solicitando la supresión, llegó a tomarse en consideración por el Congreso el 9 de junio de 1877, naufragando en el Senado.

Y no solamente los políticos, multitud de intelectuales se pronuncian en pro y en contra de los toros, alternándose unos y otros, como Valle-Inclán, que manifiesta entusiasmo por Juan Belmonte; Azorín, que los repulsa; José Ortega y Gasset, que era aficionado e inspirador de la obra de Cossío; Ramón Pérez de Ayala, autor del famoso ensayo Política y toros y que pronunció su celebre frase "si yo fuera dictador de España, suprimiría de una plumada las corridas de toros. Pero, entretanto que las hay, continúo asistiendo. Las suprimiría porque opino que son, socialmente, un espectáculo nocivo. Continúo asistiendo porque estéticamente son un espectáculo admirable, y porque individualmente, para mí, no son nocivas, antes sobremanera provechosas como texto en donde estudiar psicología del pueblo español".

No obstante, la decisión del Parlamento catalán, aunque constituye una página más de estas polémicas en torno a la fiesta de los toros, nos produce tremenda preocupación y desazón por la forma y fondo que contiene.

Aunque se diga, por activa y por pasiva, que la justificación de la reforma legal no es otra que actuar en defensa de los animales, en este caso el toro, y que no existe razón identitaria y antiespañola en la misma, no aceptamos en absoluto dicho planteamiento.

En primer lugar, porque la existencia del toro bravo de lidia que se pretende proteger está unida indisolublemente a la fiesta, ya que, de no haber lidia, el toro no existiría. Y no olvidemos que es el ejemplar de nuestra fauna más genuino y de más alto valor zootécnico, pero la finalidad de su existencia es la que es y no otra.

A su vez, la crianza del toro entre cuatro y cinco años se realiza con unas condiciones de excepcional calidad para el mismo, en las dehesas y en los cortijos de nuestra geografía, que de no existir esta crianza estarían muchas ellas semiabandonadas y, desde luego, sin la protección y el cuidado que hacen de más de medio millón de hectáreas auténticos parques naturales donde la flora y la fauna de multitud de especies conviven con el toro de lidia.

Esto es, para proteger al toro se suprime la razón de su existencia, contrasentido que no resiste la lógica más elemental.

Por otro lado, se argumenta con un tópico que parece extenderse, cual es la existencia de derechos en los animales. Ello constituye una ocurrencia contraria a toda nuestra tradición jurídica y a la normativa vigente en la que los derechos son patrimonio exclusivo de las personas. Esto es, no hay más derechos que los derechos humanos. Por ello, nuestra total discrepancia con quienes como la catedrática de Ética Adela Cortina (EL PAÍS, 29 de julio de 2010) sostienen que los animales tienen derechos.

Otra cosa es que nosotros tengamos deberes y obligaciones con los animales. Ya Immanuel Kant, en sus Lecciones de ética, lo explica claramente cuando señala: "Nuestros deberes para con los animales constituyen deberes indirectos para con la humanidad". Prueba de ello es que el maltrato con ensañamiento e injustificadamente a los animales está expresamente prohibido y puede constituir incluso delito con penas de prisión para el infractor, al igual que también se castiga atentar contra la flora protegida y no por ello esta tiene derechos. Precisamente, al toro de lidia se le enaltece y se le aplaude hasta el extremo de que cuando se hace acreedor de ello por su extraordinaria bravura se le indulta, como sucedió el domingo día 1, precisamente en la plaza de Barcelona, con el toro Rayito de la ganadería Valdefresno.

Lo que sucede con la fiesta de los toros es que hay que entender y conocer sus valores para poder opinar ecuánimemente y mucho más para decidir sobre la misma, lo cual no es fácil. Por ello, la decisión del Parlamento catalán es además un contrasentido total y absoluto con la legislación vigente, como la Ley 10/1991, de 4 de abril, denominada ley taurina, que fue aprobada por las Cortes Generales y que sin duda contó con los votos de parlamentarios catalanes de las mismas formaciones políticas que han aprobado la ILP antitaurina.

Pues bien, en dicha ley se recoge, entre otras cosas, "la implantación de la fiesta de los toros en la cultura y aficiones populares". Al igual que se hace en el Reglamento Estatal vigente de 1996 y en los autonómicos de País Vasco, Aragón, Navarra, Andalucía y Castilla y León. Esto es, una fiesta que es legalmente cultura en toda España, es tachada de ilegalidad en Cataluña.

Desde luego, nuestra Asociación Taurina Parlamentaria no se va a quedar con los brazos cruzados, ya que, como muy acertadamente se señala en el Manifiesto leído en las plazas de toros el pasado día 1 de agosto, la decisión del Parlamento catalán atenta a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de ir a los toros de los aficionados catalanes. Ello pugna también con el artículo 139 de la Constitución Española, cuando proclama que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".

Aunque no sean conscientes de ello los que han adoptado esta decisión, no podemos menos de recordarles lo dicho por el filósofo Andrés de Francisco en su Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano, cuando señala (página 64) que "las tradiciones tienen un contenido simbólico que está más allá de la utilidad y el cálculo. No pertenecen a la economía, ni siquiera a la política, sino al ámbito del sentimiento y la identidad. Están fuera del mercado, y este, según crece con el capitalismo, las arrincona".

José Bergamín, en La música callada del toreo, define la lidia como "la revelación maravillosa de una belleza viva que es la del arte de torear mismo", una sensación que los aficionados catalanes tienen derecho a seguir disfrutando.

Miguel Cid fue senador socialista, Pío García Escudero es portavoz del PP en el Senado y Carmen Calvo es diputada y fue ministra de Cultura. Los tres son directivos de la Asociación Taurina Parlamentaria.