El fallo, cuanto antes

La proximidad de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ha vuelto a desatar las pasiones que este asunto suscita, incluyendo la insinuación de que, tal como están las cosas, sería deseable posponer la sentencia hasta que se produzca la renovación parcial, pendiente desde hace casi dos años, del propio tribunal. Y se han repetido las declaraciones altisonantes sobre lo que habría que hacer si la sentencia es "desfavorable" para el Estatuto, e incluso sobre posibles movilizaciones "preventivas" ante esa eventualidad.

La batalla por el control del Tribunal, iniciada por el PP y respondida de manera no muy acertada por los socialistas, ha tenido el efecto de retardar la sentencia, lo cual ha resultado peor que cualquiera de las resoluciones posibles, o al menos probables. Precisamente porque el Estatuto catalán se está desarrollando, y porque del sentido de la sentencia dependen los desarrollos de otros Estatutos, cada día de retraso hace más complicado el embrollo que plantearía la declaración de inconstitucionalidad de un determinado artículo, afecte a cuestiones importantes o secundarias. La conclusión no puede ser que sólo cabe convalidar el texto sin modificaciones, sino que la sentencia no debe atrasarse.

El argumento de que una ley que haya sido refrendada por la ciudadanía no debería poder ser objeto de recurso de inconstitucionalidad es defendible. Podría plantearse una reforma de la normativa vigente, pero lo que no cabe es darla por hecha y aplicarla retrospectivamente. El texto reformado en la Comisión constitucional del Congreso tras el acuerdo Zapatero-Mas fue aprobado por la Cámara; pero todos los parlamentarios sabían que las dudas manifestadas sobre la constitucionalidad de determinados artículos serían resueltas por el Tribunal si se presentaba recurso, como se daba por seguro.

Sostener que la escasa participación en el referéndum sobre el Estatuto deslegitima su resultado es una apreciación subjetiva sin sustento legal; el referéndum es plenamente válido; pero, por la misma razón, es obligado respetar la norma que sitúa la posibilidad de recurso al final del proceso de reforma estatutaria. Lo que no cabe es cambiar las reglas sobre la marcha.

La idea de una movilización preventiva, o la advertencia de que se responderá a cualquier sentencia "desfavorable" con un referéndum no previsto en la ley, constituyen formas de coacción inaceptables, como han manifestado todas las asociaciones de jueces. Porque más grave que una resolución cualquiera es que el Tribunal Constitucional se vea apremiado a no pronunciarse para evitar esas situaciones con que se le presiona. Por lo demás, hay algo de impostado en el dramatismo con que se plantea el asunto. Presentar como un agravio cualquier sentencia que no avale la integridad del Estatuto puede entenderse como táctica política, pero no es realista ni responsable. Apostar a la frustración es peligroso. Pero es cierto que también el Tribunal debe contribuir con una resolución avalada por una mayoría clara.