Un compendio de errores y engaños

En nuestra vida política hay sin duda muchos aciertos. En el Gobierno, señalaría la política social, el apoyo a los más débiles y la política internacional, con una creciente presencia de nuestro país y del presidente en el exterior. Sin duda es una obra colectiva, pero con un protagonismo especial de la política discreta y paciente del ministro Moratinos. En el Partido Popular ha sido un indudable acierto su apoyo generoso y abierto para favorecer la existencia del Gobierno constitucionalista de Patxi López. Junto a esas valoraciones positivas como ejemplo de lo bueno de la política española, hay errores y engaños que ensombrecen y debilitan las buenas actuaciones.

Si empezamos por un elenco de esos posibles fallos, podríamos enumerar algunos muy significativos y relevantes. Empiezo por el desprecio a la legalidad de grupos políticos catalanes, excepto el PP, que amenazan y desautorizan a priori el resultado que produzca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, demostrando una inmadurez, una ignorancia, una falta de rigor e incluso una tendencia a la prevaricación que les descalifica. Su desprecio al Alto Tribunal es un desprecio a las reglas del juego limpio, e ignorancia y mala fe sobre nuestro sistema constitucional. Beneficiarse de él cuando creen que favorece y descalificarlo cuando creen que perjudica es mezquino y expresa una falta de rigor y de grandeza.

La preferencia de Zapatero por la juventud frente a la experiencia ha podido propiciar estos lodos

Del lado del PP es insólita su huida hacia delante lanzando improperios y acusaciones gravísimas e infundadas, porque no aparece intención de probarlas ni de presentar pruebas que las fundamenten. Es un gratuito "¡Viva Cartagena!" que convierte a sus dirigentes en lanzadores de palabras sin sentido, al usar el lenguaje más allá de los límites en los que es significativo. Wittgenstein, en sus Philosophical Investigations, identificará certeramente esos comportamientos en los que el lenguaje "se va de vacaciones y empieza a operar locamente, como una turbina que girase en el aire fuera de sus engranajes".

Así veo intervenciones como las de la señora Cospedal y el señor Arenas y, lo que es más grave, ratificadas por el señor Rajoy. Lanzar "la lengua a paseo" es irresponsable: expresa una categoría ínfima y poca grandeza. Es la patología del "fiat iustitia et pereat mundus", es no valorar las consecuencias ni los daños que producen esos catastrofismos proféticos fuera de cualquier racionalidad. No irán muy lejos por ese camino ni contribuirán a ocultar los numerosos casos de corrupción que les afectan.

En el debe de los socialistas están, a mi juicio, unas valoraciones muy desacertadas e inexactas del ministro de Justicia, que me gustaría atribuir más a despiste que a ignorancia, casi imposible en un profesor de Derecho Constitucional como Francisco Caamaño. Me sorprendió que dijera, en declaraciones veraniegas a la prensa, que la no participación de médicos u otros facultativos en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, no podía ser objeción de conciencia sino desobediencia civil, y que el reconocimiento de una objeción de conciencia sólo puede provenir de la Constitución o de la ley, supongo que se refería a ley orgánica.

Reconozco que me desconcertaron afirmaciones tan categóricas y al tiempo tan faltas de fundamento. No puede desconocer que en la despenalización del aborto vigente (por la aprobación de un nuevo artículo bis del Código Penal) no la ley, pero sí el último fundamento jurídico de la sentencia que resolvió el recurso de 50 parlamentarios del PP, reconoció la objeción de conciencia de médicos y otros sanitarios que se negasen a intervenir en el proceso. Esta excusa para no obedecer una obligación general está vigente y se aplica con normalidad. Igualmente sorprendente fue la afirmación de que sólo la Constitución y la ley podían crear la objeción de conciencia, cuando hemos visto que el mismo caso desmiente su afirmación y señala una laguna, producto de un olvido o de un desconocimiento.

En ambos casos me inquieta la situación, que extiendo a otros problemas referentes al mismo proyecto. Por un lado me gustaría que no se consumase el error de evitar la consulta (no la autorización) a los padres, que ayudaría a impedir tensiones e incomunicaciones familiares innecesarias. Por otro lado, si el desconocimiento de la sentencia señalada es más general, me inquieta que en ella se reconocieran derechos al nasciturus y que no se haya pensado en solucionar el tema en una ley de plazos, donde en el periodo general de autorización para interrumpir el embarazo quedarían en suspenso y sin efecto los "derechos del nasciturus".

Además, parece que el ministro de Justicia, en su anterior condición, negoció la reforma del Estatuto Catalán, aunque bajo el criterio presidencial de que "lo que aprobéis en Cataluña lo aprobaremos en Madrid". Como este tema tiene sus claroscuros y sus interpretaciones pluriformes, quizás debieron cuidarse más los temas de constitucionalidad en origen, para evitar que quede mucho tajo para el Tribunal Constitucional.

En la preferencia del presidente del Gobierno de la juventud sobre la experiencia, está quizás el error más de fondo que ha podido propiciar estos lodos. Exilios externos como los de Jáuregui o López Aguilar, o internos como el de Jesús Quijano o Caldera, tienen sin duda mucho que ver con la bisoñez con la que se toman algunas decisiones.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.