Victimismo

La jerarquía de la Iglesia católica está propagando la idea de que el rechazo de la religión y el anticlericalismo se están extendiendo en España por acción del Gobierno. Es una idea falsa e interesada.

El abandono de la moral católica ha sido un largo proceso en el que, más que los gobiernos, han pesado factores como el desarrollo económico o la penetración de los modos de vida seculares vigentes ya mucho antes en Europa. También el hecho de que la historia de la Iglesia esté asociada en España con los episodios más oscurantistas del pasado, remoto e inmediato: desde la persecución de judíos, moriscos y conversos hasta el apoyo al franquismo, sin que la jerarquía haya tomado hasta hoy ninguna distancia. Confundir el desinterés social hacia la fe con el anticlericalismo es presentar como víctima a la Iglesia, para no reconocer la responsabilidad de una jerarquía incapaz de reflexionar sobre su mensaje para atraer y conservar nuevos fieles.

El trato recibido por la Iglesia en España no sólo no justifica las denuncias de persecución que regularmente repiten algunos obispos, sino que, antes por el contrario, constituye un motivo de reproche al Gobierno. El sistema de financiación pactado recientemente por el Estado ha renunciado al principio de que la Iglesia católica debe mantenerse por sí misma, consolidando un privilegio de discutible constitucionalidad y de imposible generalización a otras confesiones. Por otra parte, las repetidas visitas de miembros del Ejecutivo al Vaticano durante esta legislatura han sido una deferencia discutible, que ha podido interpretarse como debilidad. Sobre todo cuando, al mismo tiempo que tenían lugar, una parte de la jerarquía española se enfrentaba con el Gobierno recurriendo a medios políticos, no pastorales. O cuando el propio Gobierno renunciaba a cumplir con algunas de sus promesas electorales, como la aprobación de una ley de plazos para el aborto o la eutanasia.

La insistencia en airear una persecución imaginaria no es inocente. Los obispos españoles que están detrás de esta estrategia pretenden disfrazar como legítima defensa de la fe católica lo que no es, en realidad, más que una meditada ofensiva, perpetrada desde su modo ultramontano de entender esta fe, respecto a las relaciones de la Iglesia con el Estado. El giro doctrinal que está introduciendo el papa Ratzinger ha dado a los prelados españoles un espaldarazo que, entre otras cosas, convierte en bizantina la discusión sobre si existen diferencias de posición entre ellos y la curia romana.

Ratzinger ha hecho saber que se propone la reconquista católica de los países del sur de Europa, entre ellos España. Dentro del marco de la libertad religiosa consagrada por la Constitución, está en su derecho. Fuera de ese marco, el proyecto de Ratzinger es una agresiva reformulación del integrismo, un órdago anacrónico y gratuito del que la Iglesia será la ejecutora, nunca la víctima.