Soberanismo en la calle

La manifestación que ayer recorrió el paseo de Gracia en Barcelona no puede ser ignorada y, menos aún, menospreciada como una momentánea expresión de descontento tras la que las aguas volverán al cauce por sí solas, impulsadas por acontecimientos deportivos o la inminencia de las vacaciones. Pero tampoco el mensaje de la jornada será fácil de gestionar para los partidos que la convocaron, sobre todo los dos que han representado hasta ahora una alternativa de Gobierno en Cataluña, PSC y CiU. Entre otras razones porque interpretar la manifestación de ayer como un respaldo masivo de los ciudadanos catalanes al Estatuto no encaja ni con la baja participación en el referéndum de convalidación ni mucho menos con el tono y las consignas de la manifestación.

Y que no lo fue lo demuestra que los líderes e instituciones que se sumaron a la iniciativa de Òmnium Cultural en respuesta a la restrictiva sentencia del Tribunal Constitucional se encontraron inmersos en un acto multitudinario a cuyo éxito contribuyeron de manera decisiva y que, sin embargo, quienes lo capitalizaron fueron los partidarios de la independencia. El presidente Montilla fue increpado en diversas ocasiones, lo mismo que el cortejo de líderes políticos presentes en la marcha, como Duran i Lleida. Era lo que algunos temían y fue exactamente lo que sucedió.

Solo las próximas elecciones podrán determinar en qué punto se encuentran las principales fuerzas políticas catalanas. También si la manifestación de ayer supone la constatación de un desplazamiento general de la política catalana hacia el soberanismo o, por el contrario, se trata de un espejismo que, una vez desvanecido, ofrecerá, sin embargo, el inquietante panorama de un gravísimo problema institucional, del que nadie está libre de responsabilidades. Frente a este problema, no basta con decir que las instituciones catalanas deben acatar la sentencia, algo que, de puro obvio, resulta insultante.

El problema es que, debido al oportunismo que se ha adueñado de la vida política española, la sentencia ha invalidado en el Estatuto de Cataluña preceptos que están vigentes en otros textos autonómicos, incluida su definición como nación. Por más que la gestación del Estatuto haya sido un ejemplo de torpeza e irresponsabilidad, el peor desenlace consistiría en que, para desactivar un supuesto privilegio, se perpetre una discriminación. En este punto, los ciudadanos de Cataluña no deberían quedar solos en su protesta, en nombre de la equidad sobre el que se construyó el modelo autonómico y que, sea cual sea el grado de deterioro al que se ha conducido, sigue vigente.

Con la nueva Generalitat, PP y PSOE no podrán reproducir el espectáculo ofrecido el mismo día en que una multitud de catalanes salía a la calle sin arriesgar un agravamiento de la crisis institucional y, por tanto, carece de sentido que se limiten a seguir cruzando acusaciones cuando lo urgente es rehacer un consenso desde el que reparar el destrozo provocado entre todos.