Otra SGAE

Si hace tiempo que era evidente que la gestión de los derechos de autor debía revisarse a fondo, el desmantelamiento de una presunta trama corrupta y la imputación a altos directivos de la SGAE de delitos por apropiación indebida y administración fraudulenta imponen urgencia a esta revisión. Y no solo por higiene societaria. También porque los autores han de tener mecanismos para defender sus legítimos derechos, unos mecanismos claros en su concepción y transparentes en su gestión. No tendría ningún sentido que se aprovechara la depuración de responsabilidades para fragilizar la ya de por sí difícil gestión de los derechos de propiedad intelectual en el nuevo mundo tecnológico.

Los abusos y deficiencias del actual sistema habían sido documentados por organismos públicos nada afectos a discursos líricos sobre la piratería. Ahora los actuales gestores de la SGAE tienen ante sí una tarea descomunal. Deben poner orden y transmitir confianza. Y una de sus urgencias debería ser cambiar un sistema electoral que el propio juez que lleva el caso ve, como mínimo, oscuro, y que da derecho de voto apenas a 8.000 de los 100.000 socios.

Parece obvio que fallaron los controles por parte del Gobierno, que ha esgrimido excusas competenciales para eludir su responsabilidad respecto a lo ocurrido en la SGAE, la entidad de gestión de autores más importante de España, y excusar la desidia de su gestión. Tiene, por ejemplo, dormida una imprescindible revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, que requiere más que una actualización. La mayor parte de los grupos parlamentarios pidió ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, una reforma profunda de dicha ley.

Y esa misma dejadez provoca situaciones como la de esta semana. En febrero, el PSOE obtuvo el apoyo del PP para proseguir con la llamada ley Sinde a cambio de una reforma del canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que lo había rechazado por estimar que es abusivo obligar a pagar a Administraciones y empresas. La Audiencia Nacional, además, sentenció que la orden ministerial que establecía las tarifas contenía un "vicio radical". A pesar de todo ello, el Gobierno no hizo a tiempo la enmienda y el PP ha presentado esta semana una proposición no de ley, que votaron el resto de grupos, incluido el socialista, por el que debe sustituirse el canon "por otras fórmulas menos arbitrarias" de remuneración.

Lo esperpéntico del asunto es que el PSOE interpreta esa proposición como la necesaria revisión del canon, mientras el PP considera que supone su supresión. A la incuria socialista se suma la demagogia del PP, que no detalla las alternativas. Uno de los temas que debería aclarar el PP es qué pasa con la copia privada si desaparece toda compensación, algo que si sucede en el mundo anglosajón es precisamente porque no se permite la copia privada. Los cambios en los usos digitales provocan la rápida obsolescencia normativa y los partidos, sobre todo si están en el Gobierno, deberían responder a ella.