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Con la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en relación con una trama relacionada con adjudicaciones del servicio de basuras, son ya 25 los cargos públicos del PP valenciano imputados por asuntos cuyo común denominador es la utilización del poder político para fines privados. Entre los 25 están el presidente de la Generalitat Valenciana y los de las diputaciones de Castellón y Alicante. Este último, por chanchullos en combinación con un empresario inmobiliario y presidente del Hércules, investigado por la presunta compra de partidos. De fútbol.

Esta acumulación guarda seguramente relación con la especial conexión entre poder local y gestión urbanística propia de las zonas con fuerte desarrollo turístico. Está por estudiar el efecto que sobre esa conexión pueda estar teniendo la crisis de la construcción residencial. Pero es seguro que el gran poder de decisión de las instituciones locales y la debilidad de los mecanismos de control sobre la contratación tienen mucho que ver.

También tiene que ver con ese resultado la actitud del PP ante la corrupción. La del PP valenciano y la de la dirección nacional, que se ampara en el principio de presunción de inocencia para no tomar, mientras prosigue el procedimiento jurídico, medida interna alguna ante las evidencias que se desprenden de las grabaciones y documentación conocidas.

Rajoy evita siempre que puede fotografiarse con Camps, pero se abstiene de desautorizar su autoproclamación como candidato para 2011. El argumento implícito es que las encuestas avanzan lo que las urnas confirmarán: que el electorado le absuelve. En los años noventa los escándalos de corrupción tuvieron un indudable efecto electoral, aunque algunos estudios revelan que, más que los escándalos mismos, lo que castigaba el electorado era la ausencia de reacción de los partidos frente a ellos. Ahora los sondeos no detectan nada de eso, pero es posible que el efecto se manifieste a la hora del voto real en forma de abstención.

En todo caso, es evidente que el PP no podría esgrimir hoy la bandera de la incorruptibilidad que presentó a las elecciones que le llevaron a La Moncloa en 1996. Gürtel ha germinado en las estructuras del partido en las dos grandes comunidades que gobierna; pero además, no se percibe en su dirección ni un gramo de indignación por ello. Solo disimulo.