Política social a debate

El Gobierno ha tratado de contrarrestar las críticas por el electoralismo que ha inspirado sus iniciativas en materia social e, incluso, los últimos Presupuestos de la legislatura, argumentando que la tarea del Ejecutivo no debe detenerse por la proximidad de las elecciones. Se trataría de un argumento incontestable si, además, el Ejecutivo lo hubiese aplicado al revés: tampoco debería acelerarse hasta el extremo de obviar los mecanismos habituales para establecer las prioridades del gasto público. Rodríguez Zapatero y algunos de sus ministros se han lanzado a hacer promesas que afectan a las cuentas del Estado sin que, en la mayor parte de los casos, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos haya tenido ocasión de pronunciarse, como lo demuestran las reiteradas objeciones del ministro Solbes a las ayudas por nacimiento, sanidad bucodental infantil o alquiler de vivienda. La omisión de este trámite revela que el cuartel general donde se han decidido estas medidas no es el área económica del Gobierno, sino el que dirige la campaña electoral más larga de las últimas décadas, a cuyo frente se ha colocado el propio presidente.

Los estrategas del partido socialista han mostrado su satisfacción por el hecho de que el debate político haya salido del pantano de la lucha antiterrorista y, en parte, de la cuestión territorial. Pero tampoco responde a la realidad la idea de que el Gobierno ha abierto el debate de la política social. Antes por el contrario, lo ha presentado como un asunto cerrado, en el que no es posible discutir su lista de prioridades, por lo demás coincidente con los intereses de colectivos cuyos votos le resultan decisivos para revalidar el mandato. Resulta llamativo el contraste entre el parsimonioso silencio de Rodríguez Zapatero durante el debate territorial, cuando los ciudadanos esperaban ansiosamente conocer la posición del Gobierno ante un proceso que temían fuera de control, y su entusiasmo a la hora de establecer el destino del superávit público. El debate que ha provocado el Gobierno no tiene como objeto la política social, sino las prioridades de gasto que considera decisivas para ganar las elecciones de marzo, aunque establecidas bajo la coartada de la política social.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero está en condiciones de presentar un inmejorable balance económico al acercarse el final de la legislatura. Después de varios años de crecimiento económico, era el momento para decidir el destino del superávit, es decir, para abrir el debate sobre la política social. Sorprende que el mismo Gobierno que aprobó la Ley de Dependencia se haya moderado para asignarle recursos cuando, al mismo tiempo, se muestra pródigo en el establecimiento de nuevas prestaciones.

El festival de ayudas directas compromete un porcentaje sustantivo del superávit, pero representa un aumento limitado del gasto público. Desde esta perspectiva, carecen de fundamento las predicciones catastrofistas de la oposición acerca de su influencia en el curso futuro de la economía. Las consecuencias de las promesas de estas semanas serán más sutiles. Ante las incertidumbres de la economía internacional, no parece oportuno transmitir el mensaje de que el gestor español maneja sus cifras en función de la proximidad electoral y de criterios poco rigurosos. Ni tampoco es una buena contribución al debate sobre el futuro del Estado de bienestar el que un Gobierno socialdemócrata, uno de los pocos de Europa, contribuya a difuminar la frontera que existe entre la política social y el electoralismo o la demagogia.