Modos inaceptables

La situación financiera de las comunidades autónomas era antes de las elecciones un grave problema financiero para la economía española, obligada por sus compromisos con Bruselas a un plan de ajuste que debe concluir con una reducción del déficit público hasta el 3% del PIB en 2013; y lo sigue siendo hoy. Los retrasos en los pagos de facturas a los proveedores son moneda corriente en muchos Gobiernos autónomos y locales. La situación dramática del endeudamiento y el déficit en algunas autonomías (Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia o Murcia) pesa como una losa sobre la credibilidad exterior de la deuda española. Pero, desgraciadamente, a pesar de la gravedad de la situación, no hubo debate sobre el caso en las recientes elecciones.

Sin embargo, después de los comicios, cuando los nuevos equipos de Gobiernos autónomos y municipales tendrían que concentrar sus esfuerzos en articular políticas de austeridad, el debate se ha colado en la vida política de la manera más espuria. El PP de Castilla-La Mancha ha acusado públicamente al Gobierno saliente de José María Barreda de dejar a la comunidad en quiebra, de que no se pueden pagar las nóminas de los funcionarios, de secuestro y destrucción de documentos públicos para que no puedan ser conocidos por el nuevo gobierno y de llenar de amigos y paniaguados las empresas públicas. José María Barreda y sus consejeros, ya en situación de interinidad, niegan las acusaciones y han suspendido las reuniones sobre la transferencia de poderes en respuesta a lo que juzgan una deslealtad institucional.

La escalada del conflicto en Castilla-La Mancha revela una forma poco sensata de hacer política. Durante años las consejerías autonómicas y muchos municipios se han dedicado a gastar dinero en obras innecesarias y proyectos de un coste desorbitado. Esto es tan cierto en las instituciones gobernadas por el PP como en las gestionadas por el PSOE. Las elecciones del 22 de mayo deberían ser el punto de partida para acabar con esta situación y aplicar políticas de austeridad con el máximo consenso social. Para ello, es imprescindible que se decidan con rapidez los pactos de gobierno y que las transferencias de poderes se hagan con transparencia y lealtad.

Pero el PP de Castilla-La Mancha no ha elegido el camino de la sensatez. Ha preferido la vía de lanzar acusaciones genéricas a partir de "estimaciones", suposiciones y sin ofrecer prueba alguna. No es un secreto que las cuentas de Castilla-La Mancha, como las de otras autonomías, padecen problemas muy serios. Y que pueden aparecer nuevos datos que confirmen lo dramático de la situación, lo que obligará a hacer nuevos ajustes. Pero para ello PSOE y PP deben ponerse a la tarea que les corresponde: el primero, a facilitar el traspaso de poderes con transparencia y diligencia; el segundo, a tomar decisiones.

El PP conoce bien las dificultades de las autonomías y no puede hacerse de nuevas porque es responsable en parte de ellas. Gobierna en alguna de las que tienen una situación insostenible, como Valencia y Murcia, donde se pagan las facturas con seis meses o un año de retraso. La austeridad reclamada recientemente por Rajoy casa mal con el hecho de que los feudos populares hayan aumentado su gasto cuatro veces por encima de la media. La auditoría que reclama para Castilla-La Mancha debería aplicarse en Valencia, Castilla y León o Murcia con tanta o mayor razón.

No es descartable que las acusaciones del PP tengan por finalidad escudarse detrás de una supuesta quiebra de la gestión socialista para justificar drásticos recortes en la inversión y el gasto social que serían contradictorios con sus promesas electorales. Las auditorías deben servir para decidir las medidas que deben adoptarse, no para denigrar a los adversarios y alarmar a los ciudadanos. No es esto lo que esperan los ciudadanos de la gestión del PP.