Modernizar los colegios profesionales

La sociedad de la "desconfianza generalizada", como llama Lipovetsky a la época actual, nos hace sospechosos por inercia. La desconfianza acaba con el compromiso y se abandona a una crítica continua que tiene su parte fastidiosa, pero que evidencia una sociedad que ha madurado y sabe lo que quiere y siempre quiere más.

Las instituciones son usualmente objeto claro de esa desconfianza. A cada institución le sucede su propia sospecha. Los colegios profesionales no son menos. Así, generalmente, se nos suele calificar de corporativistas, en el peor sentido de la palabra, y de elitistas. Una élite, por cierto, muy masiva: millón y medio de personas tan sólo en España.

Desde hace años se nos atribuye una nueva sospecha: somos un obstáculo a la competencia. Mera intuición. No hay un solo estudio que haya podido demostrar que la actuación de los colegios limita la movilidad y la competitividad de los profesionales o provoca un alza en el coste de los servicios. Lo único que tenemos es la experiencia comparada y ésta tiende a negar la intuición y acaba con la sospecha.

carlos carnicer Desde hace años se nos acusa de corporativismo, elitismo y de ser un obstáculo a la libre competencia

A la competencia se llega con profesionales competentes y esto exige unas reglas del juego compartidas y una universalización de sus derechos y deberes. A ello se dedican los colegios profesionales. Es quizá un problema cultural, pero a ningún profesional británico le estorba el sistema de control de la orden profesional a la que pertenece. Entiende, porque así es, que la elección de profesión es un derecho, pero que de la profesión elegida se derivan compromisos y responsabilidades para con la comunidad en la que ejerce y materializa derechos fundamentales (salud, defensa, seguridad...). La sociedad de la anarco-flexibilidad tiende al facilismo y éste olvida a veces el valor de la exigencia para el equilibrio.

Entre los deberes del profesional, al margen de la titulación y la formación continuada y acreditada, está el de su control deontológico. Por definición, el control es obligatorio y universal o no es. ¿Se imaginan a un mal profesional sometiéndose a un control voluntario? No parece verosímil. Menos aún puede ponerse en cuestión su importancia con la europeización de la deontología profesional que trae la trasposición de la Directiva de Servicios, la conocida como Directiva Bolkestein, cuyo anteproyecto habrá de estar listo antes de final de año.

En esta tesitura se anuncia en España una reforma normativa del sector que nace con su propia sospecha. El Gobierno quiere "modernizar" los colegios, pero la noticia se ha visto convulsionada por un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que recomienda la liberalización del mercado de los servicios profesionales, lo que supondría un cambio de modelo. El informe, además de parcial e incorrecto, olvida que los servicios profesionales son estratégicos por lo cualificado y por el valor añadido (10% VAB) que aportan a una sociedad que quiere crecer a base de conocimiento. El informe olvida también que somos entidades intermedias entre la Administración y la sociedad y como tales, y a fin de ofrecer un sistema de garantías al ciudadano, hemos de estar reguladas, dejando un margen de autogobierno que conlleva la independencia.

Pero más allá del informe, lo realmente importante es la reforma en sí, que supone una oportunidad histórica para los más de mil colegios profesionales. Y es que el deseo de modernización no viene impuesto; llevamos trabajando en él mucho tiempo. Así, hemos denunciado las carencias de un sistema que nos ancla y nos impide avanzar. Nos regula una ley preconstitucional, de 1974, que no es capaz de responder a nuestra complejidad social, autonómica y profesional. Las diferentes leyes autonómicas de colegios se han ido aprobando a espaldas de la estatal y han roto la unidad de mercado creando diferencias de derechos y deberes según la comunidad autónoma de adscripción.

Éste es un punto de inflexión claro, aunque hubo dos hitos anteriores, 1992 y 1997, que acabaron con la obligación de colegiarse en cada provincia donde se ejerza o con el establecimiento de tarifas fijas. Hoy, la colegiación es única y los honorarios orientativos. Orientan. Es ahí donde radica su interés general, en tanto que informan al usuario de estimaciones de coste y les alerta de posibles abusos. El profesional y su cliente, el ciudadano, son libres a la hora de fijar sus honorarios, pero ¿cómo sabe el ciudadano cuál es el coste estimado o razonable del servicio que recibe?

El foco de atención de un colegio profesional se encuentra en el registro y acreditación de la condición de profesional, en el control deontológico y en la formación continuada. Que trabajemos en el interés general de todos nuestros clientes y pacientes, los ciudadanos, es el objetivo y por ello dice lo que dice el artículo 36, garantía institucional de estas corporaciones de derecho público.

Si se nos permite, estaremos al frente de las reformas, y si no se nos permite colaboraremos con el Gobierno, con todos los partidos políticos del arco parlamentario y con las restantes Administraciones Públicas opinando, pidiendo y aportando cuanto esté a nuestro alcance para mejorar día a día la calidad y el precio de nuestros servicios, comprometiendo permanentemente un profundo sentido democrático y la defensa de los derechos y libertades de nuestros pacientes y clientes.

Carlos Carnicer, abogado, es presidente de Unión Profesional.