Justicia sobrecargada

En 2008, la justicia española acabó el año con 2.788.198 asuntos en trámite, la bolsa de asuntos pendientes había aumentado en casi 400.000 casos (La justicia Dato a Dato. Año 2008. Estadística Judicial. Consejo General del Poder Judicial, pág. 41). En 2009, la situación ha empeorado, pues aunque -sintomáticamente- tardaremos meses en disponer de estadísticas fiables, la tasa de congestión sigue aumentando. Empantanada, la justicia no funciona y el colapso parece inevitable. No lo es.

La respuesta de los poderes públicos, nos dicen los responsables del funcionamiento de la justicia, consistirá en incrementar la oferta y dotar 750 plazas más de juez por oposición en tres años, que se sumarán a las 4.674 ya dotadas. Si se tienen en cuenta excedencias y jubilaciones, 250 nuevas plazas por año no es solución, pero quizás cuando el colapso sea total, la propuesta de calado vaya a consistir en abrir la mano al acceso masivo a la judicatura sin oposición, una medida polémica.

Urgen tres medidas: desjudicializar temas, despenalizar conductas y despolitizar la justicia

En todo caso, los servicios públicos ofrecidos gratis o a precios políticos tienden a generar excesiva demanda y, por ello, las medidas deberían dirigirse a contenerla. Urgen tres: desjudicializar cuestiones, despenalizar conductas y -la más difícil- despolitizar la justicia española.

Primero, hay que desjudicializar cuestiones que no tienen por qué involucrar a ningún juez: ¿por qué no permitir el divorcio notarial cuando los cónyuges están de acuerdo tanto en la cesación de su vida en común como en el arreglo familiar y económico subsiguiente? De hecho y de derecho, ni para casarse, ni para contratar un préstamo hipotecario, ni para engendrar y tener hijos, ni para decidir sobre su educación, ni para mudarse de casa necesitaron de la bendición judicial. Y así cien cosas más que podrían desjudicializarse sin daño para los interesados y con beneficio del común.

Luego, no hay que penalizarlo todo. Los ciudadanos de este país estamos acongojados, algo habremos hecho, claro: ¿por qué había en 2008 más presos en España (73.687) que en Francia (59.655), un país parecido al nuestro, pero con mayor población?, ¿es que acabamos de salir de otra guerra civil? (World Prison Population List -eighth edition-, 2008. King's College London, International Centre for Prison Studies, p. 5). Y en 2009, aún hemos encerrado a más gente (ya son 76.090 presos, 157 por cada 100.000 habitantes. ("Crece el número de reclusos, pero menos": EL PAÍS, 25 de enero de 2010. www.elpais.com). Urge despenalizar, lo contrario de lo que está proponiendo nuestra clase política, la cual, un día sí y el otro también propone nuevas reformas del Código Penal. Pero, por ejemplo, nadie niega que el ministerio estrella de este Gobierno, el de Interior, ha conseguido reducir los accidentes mortales en carretera hasta menos de 2.000 en 2009, cuando cinco años antes habían sido el doble. Pero, ¿era realmente necesario conminar con penas de prisión de tres a seis meses, o con multa, y con trabajos en beneficio de la comunidad "al que condujere un vehículo de motor (...) en los casos de pérdida de vigencia del permiso (...) por pérdida total de los puntos asignados legalmente" (art. 384 del Código Penal)? Probablemente había alternativas administrativas igualmente beneficiosas en vidas salvadas, pero menos costosas.

Por último, urge despolitizar la justicia, otro tema polémico en relación con el cual todo el mundo, incluyendo a la clase política y a los jueces mismos, parece empeñado en negar la realidad. La justicia es un servicio público, como la educación, la sanidad o las carreteras, y cuando los ciudadanos acudimos o somos llevados ante ella ansiamos ser tratados por igual, con independencia de la manera de pensar del juez.

Podemos temer la dureza de la ley, pero no tiene sentido que la mayor o menor severidad del juicio tenga que ver con la ideología del juez. Son cosas que ocurren tanto como se niega que pasen: el Gobierno se lo piensa cien veces antes de cursar las instrucciones correspondientes sobre la idoneidad de los candidatos a ocupar plaza de magistrado en las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo. Si quieren disponer de una medida razonable del grado de independencia de nuestro sistema judicial, vean un buen ranking internacional en The World Justice Project - Rule of Law Index 2.0. (www.worldjusticeproject.org, 2009), un proyecto influyente que analiza a 35 países que incluyen al 45% de la población mundial. Los índices sobre fiabilidad, independencia y eficiencia del sistema judicial español no son malos, pero quedan por debajo de los de otros países de análogo nivel económico y cultural. Podemos mejorar.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.