Intenciones y hechos

Consideradas una por una, muchas de las medidas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado ayer por el Gobierno son claramente beneficiosas y podrían deparar mejoras estructurales a largo plazo (en 2020, como acepta el presidente Zapatero). Favorece la transparencia, por ejemplo, que las sociedades cotizadas tengan que informar a los accionistas sobre los sueldos individualizados de consejeros y directivos. Es un acierto imponer un plan de austeridad a las administraciones públicas u obligar a los ayuntamientos a que informen sobre los pagos a proveedores. La generalización del silencio administrativo positivo simplificará las tortuosas relaciones de ciudadanos y empresas con la burocracia. La reducción de costes y plazos para crear sociedades es una de las medidas que pueden facilitar la creación de empleo. La reducción del plazo de pago de la Administración de 60 a 30 días aliviará la tesorería de muchas empresas. La nueva deducción por obras para mejorar la eficiencia energética en la vivienda ayudará a crear puestos de trabajo en actividades con más peso tecnológico. Y, por fin, se reduce el número de consejeros en los organismos reguladores.

Pero, descontadas las evidentes buenas intenciones, el anteproyecto es mejorable, al menos en relación con las expectativas sobre él creadas. La sostenibilidad de la economía es un problema estructural de la sociedad española, como demuestran los gravísimos daños al empleo causados por el crash inmobiliario; pero, en estos momentos, lo más acuciante es frenar el hundimiento del mercado de trabajo, que acumula ya 4,2 millones de parados. Además, el cambio de patrón de crecimiento fue una de las promesas electorales de Zapatero en 2004. Cabe deducir que se ha avanzado muy poco en una legislatura y media para construir una economía más competitiva.

Muchas de estas medidas han sido anunciadas varias veces, lo cual merma la confianza de los agentes sociales en que por fin se aplicarán de forma contundente. Por añadidura, algunas líneas de la economía sostenible tienen un incierto futuro. Es difícil creer que surja una nueva competitividad tecnológica de actividades subvencionadas en exceso, como las energías termosolar y fotovoltaica. Por el contrario, se corre el riesgo de basar el crecimiento en nuevas burbujas.

Por estas razones, son necesarias medidas de mayor calado -el presidente Zapatero deberá plantearlas en el Parlamento en breve- para sentar las bases del cambio de modelo económico. El foco de la opinión pública está en las posibilidades de reforma del mercado de trabajo en la negociación entre empresarios y sindicatos. Una reforma que, por principio, debería excluir el abaratamiento del despido, pero incluir en cambio fórmulas similares al modelo alemán -subvencionar la reducción del horario laboral- para frenar los despidos masivos y pactar ayudas a la contratación de jóvenes.