¿Estatuto 'versus' Constitución?

Cuanto más se acerca la posibilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la última reforma del Estatuto de Cataluña mayor estupor producen algunas de las reacciones que rechazan cualquier corrección, como de declaración de inconstitucionalidad o como sentencia interpretativa de preceptos que en otras interpretaciones serían inconstitucionales. Hay algunos temas que han tenido, a mi juicio, regulaciones que desbordan el marco constitucional. A título de ejemplo podrían señalarse alguna que afecta a competencias fiscales, a la imposibilidad de acción del Defensor del Pueblo en Cataluña, o la obligación de aprender y conocer la lengua catalana a la bilateralidad Estado-comunidad autónoma. En mi opinión, es perfectamente constitucional la referencia a la nación catalana en el preámbulo del texto. En primer lugar, porque no tiene carácter normativo el preámbulo y ese precepto no obliga a nada, y en segundo lugar porque creo que Cataluña es una nación cultural, con una lengua, una cultura y una literatura distintas, en parte, de las literaturas y la cultura españolas, aunque también esa cultura española es cultura catalana para muchos de sus ciudadanos. Por fin la razón definitiva es que la única nación soberana, el hecho fundante básico de nuestro ordenamiento es la nación española. Comprendo reticencias tácticas de muchos porque parece evidente que la consolidación de Cataluña nación cultural sería el punto de partida para reivindicaciones independentistas partiendo del viejo, obsoleto y desacreditado principio de las nacionalidades de que toda nación tiene derecho a ser Estado independiente. Yo no deseo esa deriva por lo que entiendo la postura de quienes se cierran contra este reconocimiento. El Tribunal Constitucional cometió un grave error al abordar este tema con la recusación u obligación impuesta por la mayoría de abstenerse y ser retirado de los magistrados que deben juzgar el recurso al magistrado Pérez Tremps. Al final serán sólo 10, de los 11 magistrados que lo forman, tras la muerte del señor García Calvo, quienes participarán en la formación de la sentencia. Fue un mal comienzo, agravado por el retraso, pero hay un hecho indiscutible que son esas personas quienes tienen la última palabra para declarar lo que es Derecho válido y consiguientemente eficaz en la reforma del Estatuto de Cataluña

Lo más chocante es la ceguera de no ver que la autonomía surge y se ampara en la Carta Magna

En la propia Cataluña no creo que la secesión pueda tener mayoría

Si catalogásemos las respuestas ante la sentencia del Constitucional, nos encontraríamos con los siguientes modelos:

- El modelo desconocedor y rechazador de la sentencia: da igual que lo diga, lo que hay que hacer es desconocerla y seguir adelante como si nada.

- El modelo de superioridad del Estatuto: si el Estatuto contradice a la Constitución, reforme

-mos la Constitución para que se adapte el Estatuto.

El modelo del apaño y de la manipulación: si el Estatuto contradice a la Constitución, negociemos, arreglemos finalmente los problemas para seguir adelante con el Estatuto.

Estos tres modelos son delirios de grandeza, que parten de un serio desconocimiento del funcionamiento de un Estado parlamentario representativo, compuesto y funcionalmente federal. Expresan un profundo déficit moral de utilización de la Constitución como instrumento de usar y tirar, a la que alaban cuando les sirve para sus propósitos y reprueban y denuncian su superación cuando no les permite seguir su camino preestablecido y predeterminado, cuya última etapa es la independencia como ha reconocido, desde una evidente ingenuidad el señor Mas y también el presidente del Barcelona señor Laporta, entre otros. Tienen un profundo desconocimiento sobre el valor de la Constitución y lo que ha supuesto para la autonomía de Cataluña y de las demás comunidades autónomas, a las que ampara y protege. Finalmente, un elemento importante para valorar el error de los defensores de un Estatuto catalán fuera de control y por encima de la Constitución, es que se considere que el tema está entre el Estado y Cataluña y niegan cualquier papel al resto de las comunidades autónomas y a sus ciudadanos, que tienen, sin embargo, mucho que decir. Estos separatistas de fondo son además un criadero de separadores que niegan desde el otro extremo también el valor de la Constitución. La posición del Gobierno de Rodríguez Zapatero es actualmente de una gran moderación. El presidente ha cortado tajantemente con un no muy enérgico, esas propuestas de modificación de la Constitución para adaptarla al Estatuto. Ha cerrado una puerta que sólo desde el disparate, de un no saber en qué lugar está cada uno, se ha podido considerar abierta. Es obvio que el presidente y el Gobierno tienen claro y respetan que la decisión última corresponde al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Justicia al que se atribuyen reflexiones poco afortunadas y confusas sobre el tema, que no desmintió, aunque parece que no las pronunció, ha insistido en que considera que la reforma es constitucional y aunque respeta que la última decisión corresponde al Tribunal Constitucional. Sin duda una sentencia bien fundamentada, va a mantener el esquema general de la reforma estatutaria, pero va a hacer declaraciones de inconstitucionalidad y soluciones interpretativas. Sin duda, el Gobierno de España va a sufrir tras la sentencia, pero es el precio que se paga por una permisividad exagerada, y una dejación de responsabilidad poco justificada.

Se conoce a los defensores del Estatuto, tal como está, sin retoques ni modificaciones, como si la relación fuera entre Cataluña y España, como dos realidades diferentes. Este punto de vista forma parte de los delirios y de las ensoñaciones de un nacionalismo fuera de órbita que simula para referirse a los dos interlocutores que Cataluña no forma parte de España. Esos sueños de la razón siempre acaban produciendo monstruos como ya intuyó Goya.

Pero lo más chocante, respecto a los intentos de desvalorizar y de instrumentalizar a la Constitución es la ceguera de no ver que la autonomía surge y se ampara en la Constitución y que dejarla de lado pone en peligro a la misma autonomía. Es tirar piedras contra su propio tejado o como dicen los franceses "trabajar para el Rey de Prusia". Ese rechazo de la Constitución, ese matar al padre, viene de la idea de que la identidad autonómica es natural y propia y que no se la deben a nadie, como si hubiera venido de la nada y se hubiera desarrollado por sí misma y sin apoyos de terceros. Sin la Constitución el Estatuto queda en el aire, en un sistema inservible y sin rumbo. Es otra ensoñación que no augura nada bueno. Sólo puede producir engaño y frustración.

En esa idea sin fundamento ni apoyo real está la raíz de la ensoñación y del delirio, y también del gran error histórico que esa minoría introduce en un pueblo sensato y moderado como es el catalán. Sólo males y desgracias puede traer seguir por ese camino. Parten además de que la deriva independentista es un camino en un solo sentido y que va de menos a más. Es un cálculo equivocado, el camino tiene los dos sentidos posibles y el exceso en una dirección puede producir una reacción y que el camino sea, por el contrario, de más a menos. En ese contexto la única garantía de la autonomía es la Constitución. Pensar en la independencia de Cataluña es una creencia legal, si se aborda sin violencia y desde los valores y los procedimientos democráticos. Supone una reforma de la Constitución para hacer posible la secesión. Pero no es sólo un tema de los ciudadanos de Cataluña, sino de los de toda España que también tendrán algo que decir, y seguramente muy mayoritariamente en contra. Por su parte, en la propia Cataluña no creo que la secesión pueda tener mayoría, no en un largo horizonte, lo que debe llevar a desistir de un camino imposible. Finalmente, en el marco de la Unión Europea se hace aún más difícil una modificación de fronteras y mucho menos una secesión creando un nuevo Estado. Pensar que sería admitido en la Unión es un sinsentido imposible. En última instancia se impone el mensaje ignaciano: no hacer mudanza. Si se recupera el buen sentido se podrá entender que unas declaraciones de inconstitucionalidad y algunas acotaciones interpretativas, para situar a la autonomía catalana en el marco de la Constitución, no producen daño, dejan las cosas en su sitio y señalan el fin del delirio. Bien está lo que bien acaba.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.