¿Derecho a tener un padre y una madre?

Una de las frases más asombrosas que hemos visto defender últimamente a la derecha y a los sectores más conservadores de la Iglesia católica es eso del derecho a tener un padre y una madre. En las manifestaciones promovidas por el Foro de la Familia y orquestadas por parte de la jerarquía eclesiástica y el Partido Popular se han cansado de corear este eslogan que, en principio, nadie discutiría. Sin embargo, en ese desenfreno callejero sobrevenido que le ha dado a la derecha, que siempre se burló de las manifestaciones y de las pancartas cuando éstas trataban de evitar una guerra o proponían la defensa de nuevos derechos civiles, refleja, una vez más, la corta memoria de dichos manifestantes.

Con el matrimonio de personas de un mismo sexo no se vulnera ningún tipo de derechos para los matrimonios de un hombre y una mujer. Y con la adopción, tampoco, porque no podemos olvidar que las leyes españolas que regulan la adopción permiten que los niños sean adoptados por una sola persona, ya sea un hombre o una mujer que no estén casados. Sólo en el caso de existir matrimonio, la ley obliga que al nuevo hijo lo adopten los dos conjuntamente. O sea, que ese derecho que se pedía a gritos en la calle no existe como tal para todas y todos los niños adoptados. ¿Y qué decir de los niños o jóvenes que quedan huérfanos? ¿Dónde está su derecho a tener un padre y una madre? ¿Qué van a hacer los obispos y los señores del PP para garantizarles ese derecho? ¿Podrá ser establecido el matrimonio obligatorio de los viudos y viudas para garantizarlo? ¿En qué plazos? ¿Con qué urgencia? ¿Cómo se podrá combinar la obligación de contraer nupcias a las personas viudas que tengan hijos con el principio de libertad requerido para que un matrimonio sea válido?

Sin embargo, no es éste el argumento que me interesa presentar ahora al hablar de la corta memoria y la hipocresía de los que claman por el derecho a tener un padre y una madre sin acordarse de que, hasta hace poco, eran ellos mismos los que impedían, en muchos casos, que esto fuera posible.

En España, hasta la Constitución de 1978, existieron los hijos ilegítimos y las leyes permitían que hubiera muchos niños que no tenían derecho a saber quién era su padre. La Constitución amplió de una forma global a todos los niños y niñas españoles el derecho a tener un padre y una madre. No sólo a los hijos de madre soltera, sino que también todos aquellos cuya paternidad biológica no coincida con la situación matrimonial de la madre tienen derecho a saber quién es su padre, tienen derecho a investigarlo si acaso el padre no aparece o se resiste, y tienen derecho a pedir en los tribunales la constatación de su filiación y todos los derechos civiles y económicos que conlleva la relación de paternidad.

Antes de que la transición política a la democracia llevara a los españoles a esta ampliación del derecho a tener un padre y una madre, no recuerdo nunca haber escuchado protestas de los conservadores o de la jerarquía católica defendiendo a los hijos de padre desconocido y pidiendo que se les apoyara en su derecho a buscar al padre, sino todo lo contrario. La investigación de la paternidad se incluyó en la Constitución contra las opiniones de la derecha española y contra la tradición católica de distinguir y estigmatizar a todos los niños nacidos fuera del matrimonio. Podemos pensar que muchos católicos han reconocido y se han hecho cargo de sus responsabilidades paternas aun cuando no estuvieran casados con la madre de la criatura. Pero, justamente, fueron los partidos más conservadores y la jerarquía eclesiástica los que más se opusieron en los años setenta a esta ampliación de derechos de los niños que proclamó la Constitución.

La mala memoria juega estas pasadas. Los que menos defendieron el derecho a tener un padre y una madre cuando se trataba de una situación social injusta que condenaba a las mujeres al oprobio y a los niños al estigma social y la pobreza, se ponen ahora muy estupendos gritándonos que este derecho queda vulnerado por permitir que algunos niños tengan dos padres o dos madres.

Comparando una situación y otra, y comparando las razones que pueden estar detrás de la defensa de esos menores en riesgo, creo que son mucho mayores las oportunidades sociales, educativas y de los niños que puedan ser adoptados por una pareja que desea cuidarlos y educarlos en común, sea cual sea el sexo de cada uno, que la de los niños que se mantienen en una institución encerrados sin conocer la vida de familia.

Inés Alberdi es catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.