Chávez, sin dique

Con la Ley Habilitante, el Parlamento venezolano ha otorgado al presidente Hugo Chávez poderes casi dictatoriales, contrarios a todo concepto de división de poderes. Es algo más que un preocupante deslizamiento hacia un régimen autoritario, que el antiguo golpista presenta como socialista y bolivariano. Seguramente ha hecho caso omiso de lo que escribió El Libertador: "Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos". Hasta ahora los venezolanos contrarios al régimen de Chávez, que forman una minoría importante, habían aguantado. Las grandes colas actuales ante los consulados de España, Estados Unidos y otros países son prueba de un creciente hartazgo ante un Chávez que lo va llenando todo sin dique institucional que lo contenga.

El Parlamento, dominado por los chavistas, del que la oposición está ausente porque equivocadamente decidió no concurrir a las elecciones, pierde todo sentido con estos poderes especiales que se otorgan a Chávez durante 18 meses para legislar a su antojo sobre la nacionalización de los hidrocarburos, la transformación de las instituciones del Estado, la "participación popular de la comunidad organizada", la economía, la educación, el ámbito presupuestario y financiero, la seguridad ciudadana y jurídica, y muchos otros. También las normas orientadas a "erradicar definitivamente la corrupción", cuando se trata de un régimen que ha caído de lleno en este mal endémico en el país caribeño.

Nada justificaba en Venezuela poderes especiales para un presidente que se salta el ordenamiento constitucional que él mismo impulsó en 1999. Estamos asistiendo a un proceso revolucionario y a una concentración de poder que empezaron hace tiempo. No por casualidad, el líder venezolano se muestra junto a Fidel Castro con tanta frecuencia: quiere erigirse en su heredero político en América Latina, a la vez que ha ido fraguando unas redes de apoyo internacional a su servicio. En los próximos meses, sin Asamblea Constituyente, Chávez quiere también reformar la Constitución con un resultado que se habrá de confirmar en un referéndum. Pero con estas cartas en sus manos -más las acumuladas en los últimos años, incluido el control del poder judicial y la intimidación a los medios de comunicación-, el proceso democrático ha quedado en suspenso. El pasado 3 de diciembre ganó las elecciones presidenciales de forma clara. Fue un mandato para seguir con un mayor gasto social y luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero no para instaurar una dictadura a base de decretos presidenciales.