Cerco a Garzón

No es una metáfora: el ataque judicial desencadenado contra Garzón se está produciendo por tierra, mar y aire. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite otra querella -la tercera- contra el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel de los que Garzón tenía fundadas sospechas de que actuaban como correos de sus clientes recluidos en la cárcel. Esta tercera querella se acumula a las otras dos que tramita la misma sala por el intento de abrir una causa penal al franquismo a instancias de familiares de víctimas de la Guerra Civil que yacen todavía en fosas comunes y por haber dirigido un curso en Nueva York patrocinado por el Banco Santander.

Las tres querellas buscan, cada cual desde su particular perspectiva, acabar con la carrera de Garzón, expulsarle de la judicatura y poner un colofón infamante a 23 años de servicio a la justicia y a los ciudadanos en ámbitos tan difíciles como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica. Pero la tercera y por ahora última querella apunta a un objetivo concreto: anular y dejar sin efecto la instrucción sumarial del caso Gürtel, un designio que vienen persiguiendo los dirigentes del PP, en concreto su responsable para asuntos de la justicia Federico Trillo-Figueroa, prácticamente desde que Garzón comenzó a tramitar las diligencias sobre dicho asunto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo señala, según una fórmula estereotipada, que "las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas". Sin embargo, el ministerio fiscal las juzga algo más grave que absurdas y carentes de sentido y llega a considerar la querella como un fraude de ley que busca dejar sin efecto todo lo investigado hasta ahora sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de acuerdo con una común estrategia defensiva de los 65 implicados en la causa. Se da la circunstancia de que al abogado del caso Gürtel que ha interpuesto la querella no se le ha intervenido ninguna comunicación carcelaria por la sencilla razón de que su cliente nunca ha estado preso.

Prescindir de la opinión informada del ministerio fiscal en según que casos es algo habitual del Tribunal Supremo. Pero da la casualidad de que esto es lo que ha sucedido precisamente en las tres querellas presentadas contra Garzón. En todas ellas se ha hecho caso omiso de su informe contrario a la admisión, con el añadido de que, en relación con las escuchas, Garzón cuenta con el aval del actual juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que ha defendido en un auto motivado la legalidad de las intervenciones carcelarias ordenadas. Así, pues, "las hipótesis incriminatorias" del querellante son más absurdas y carentes de sentido de lo que presume el Supremo. Y el empeño del Supremo por desembarazarse de Garzón, evidente.