Camps, en el banquillo

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana recién reelegido, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El juez instructor de la causa de los trajes, José Flors, tomó ayer la decisión de acusar a la primera autoridad de la Comunidad Valenciana y a otros tres colaboradores suyos, tras una vista preliminar en la que lo más novedoso ha sido la hipótesis admitida por la defensa de que si Camps aceptó los trajes como regalo fue en su condición de presidente del Partido Popular valenciano y no del Gobierno autónomo. Dada la naturaleza del delito -aceptar 12 trajes, 4 americanas y otras 9 prendas de vestir a cargo de la misma trama Gürtel que obtenía contratos amañados de su Administración-, la sentencia deberá ser dictada por un jurado popular.

El empeño de Camps en buscar el veredicto de las urnas y revalidar su puesto al frente de la Generalitat ha conducido a una situación con escasos precedentes en España que puede erosionar gravemente a un PP que nunca le ha negado públicamente su apoyo. Las primeras reacciones al auto son, en este sentido, una pésima señal. Porque es un insulto a la inteligencia y al orden democrático insistir en el valor absolutorio de los votos, como apuntó ayer la portavoz de la Generalitat, Lola Johnson, y es un frívolo error intentar desviar la cuestión, como hizo la alcaldesa Rita Barberá al decir que alguien quiere echar de la política a Camps "mientras otros le abren la puerta a Bildu".

La estrategia del acusado, por su parte, es la de la confusión. Mientras el juez resolvía en Valencia, él se dedicaba en Bruselas a hablar de la "gravísima situación económica" de España, y contraponía el "trabajo serio" de su Administración con la "tragedia nacional" que supone la gestión económica de Zapatero. No parece muy legitimado para hablar de tal asunto un político que afronta un juicio por recibir regalos, "en consideración a su cargo", de una trama corrupta que ha saqueado las arcas públicas de la Comunidad Valenciana con contratos obtenidos a cambio de comisiones y del pago de actos electorales del PP regional. Y que está detrás del presunto saqueo a las arcas públicas realizado a cuenta de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 en la que la trama logró suculentos contratos.

Ese tipo de desvíos financieros es lo que parece estar detrás del caso de los trajes que el PP siempre intentó minimizar. El auto del juez explicita que el objetivo de la trama Gürtel con esas dádivas a Camps y a los suyos era "el de ganarse, mediante agasajo, el afecto o el favor de las personas obsequiadas". Camps deberá responder de un delito de cohecho impropio, pero durante la tramitación de este proceso la justicia ha acumulado indicios de graves delitos (financiación ilegal, falsificación en documento público, prevaricación y cohecho) contra nueve personas de su máxima confianza, lo que puede desembocar ya no en nuevas responsabilidades políticas, sino también penales.