Ahora le toca a Rajoy

El resultado del Consejo Europeo que se acaba de celebrar en Bruselas debería atenuar la presión contra la deuda pública española. La economía española sería una de las que más sufriría una fractura de la eurozona, más lejana tras la cumbre. Otra cosa es que aliente directamente la recuperación del crecimiento. Ello dependerá, sobre todo, de lo que haga el futuro Gobierno. El presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, fue al Consejo Europeo con la tranquilidad de haber adoptado decisiones de ajuste presupuestario -con la correspondiente enmienda constitucional- compatibles con las propuestas europeas más estrictas de unión fiscal. El próximo, Mariano Rajoy, compareció un día antes de esa cumbre en la reunión del Partido Popular Europeo en Marsella respaldando esa enmienda constitucional y sus propósitos de equilibrio para las finanzas públicas. Ambos realizaron un encomiable ejercicio de coordinación y estrategia compartida de Estado, que viene a desechar -ojalá que para siempre- cierta perversa tradición partidista. España es, pues, un socio seriamente comprometido con la viabilidad de la unión monetaria, hasta la semana pasada tambaleante.

Esa coordinación no ha bastado para retocar una conclusión, si bien menor, de la cumbre: al sustituir la unanimidad para activar el fondo de rescate en beneficio de los países con problemas, se ha aprobado la regla de una mayoría del 85%, lo que da derecho de veto a Alemania, Francia e Italia, pero no a España, pues no alcanza una cuota del 15%. Tenía sentido que las cuatro grandes economías de la eurozona gozaran del mismo trato, pero el interés de España no suele ser vetar, sino desbloquear. Lo que conviene defender ahora en la UE es algo más trascendental: el mantenimiento de la presencia española en la Ejecutiva del BCE y su incorporación a la de la Autoridad Bancaria Europea, con sede en Londres y tan sesgada contra el sistema financiero español.

Ahora toca desplegar en España una política coherente con ese expediente de cumplimiento que ha dejado servido, justo es reconocerlo, el Gobierno socialista. Rajoy aprovechó la reunión del PPE para anunciar que una de sus primeras decisiones será la adopción de una "reforma laboral profunda", no tanto sus credenciales para influir en la "refundación de la eurozona". Esa prioridad de la reforma laboral forma parte de sus opciones. Pero sería un error considerar que por sí sola basta para reducir la tasa de paro. Tampoco reducir la inversión y el gasto públicos garantiza la recuperación del crecimiento y del crédito ni la inmunización a las turbulencias de los mercados de deuda pública. Rajoy deberá desvelar cuanto antes opciones concretas, incluidas las relativas a la imposición tributaria a las rentas altas y, en especial, sus ideas para que España no quede marginada en los nuevos métodos de decisión que acaban de emerger en la UE.