Afganistán vota

Las elecciones que se celebran hoy en Afganistán constituyen, al menos en la teoría, una de las principales bazas para la estabilización del país con las que contaba la comunidad internacional y, en particular, Estados Unidos y la OTAN. Las urnas debían servir no sólo para designar al presidente entre los cuatro candidatos que concurren, sino también para corregir una fragmentación política endémica en Afganistán y acentuada tras la respuesta norteamericana a los atentados del 11 de septiembre, que propició la caída del régimen talibán. Pero la realidad parece haber ido matizando las esperanzas, al menos en el curso de la campaña.

La violencia terrorista se ha recrudecido en la capital, Kabul, y otras ciudades con el evidente propósito de que los afganos desistan de acercarse a los colegios electorales. Y aunque no es posible descartar que esta estrategia tenga un efecto limitado sobre la participación, como ya ocurrió en las elecciones de 2004, lo cierto es que pone de manifiesto la precariedad del régimen afgano y su dependencia de la presencia de tropas extranjeras. Las diferencias políticas entre los candidatos presidenciales ceden en importancia frente a las que, por lo que respecta al futuro del país, les separa de los talibanes y del calidoscopio de señores de la guerra, que cambian de alianzas en función del mejor postor y que consideran las elecciones como un trámite irrelevante.

Pero los riesgos para la viabilidad del incipiente sistema democrático en Afganistán no sólo proceden de las fuerzas que han optado por la violencia y el terrorismo; algunos también derivan de las iniciativas que los candidatos han adoptado para asegurarse el apoyo de las comunidades más numerosas. El presidente en funciones, Hamid Karzai, no ha tenido reparos en alcanzar un acuerdo con Abdul Rachid Dostum, un sanguinario señor de la guerra hasta ahora exiliado en Turquía, en busca del voto de los uzbekos. Obama ordenó recientemente abrir una investigación sobre una matanza de presos talibanes de la que las milicias de Dostum podrían ser directamente responsables, aunque con un indeterminado grado de conocimiento o connivencia por parte del ex vicepresidente norteamericano Dick Cheney. Karzai ha promulgado, además, una ley permitiendo que los maridos priven de alimentos a sus mujeres si se niegan a darles satisfacción sexual. Con ello, espera atraerse el voto de la comunidad hazara, un 9% de la población total.

Más allá de los problemas en el terreno militar, la comunidad internacional debilita su posición y compromete la evolución política de Afganistán si transige con maniobras como las de Karzai. Ya la vigente Constitución afgana contiene concesiones en el estatuto legal de las mujeres que no se hubieran aceptado si se hubieran aprobado de manera autónoma en cualquier otro país. Pero si se aspira a que Afganistán avance hacia la democracia, no todo debería valer para alcanzar acuerdos y, menos aún, para ganar elecciones.