68 víctimas

68 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja, ocho más que en 2005 y apenas cuatro menos que el año anterior, en el que todavía no existía la actual Ley Integral contra la Violencia de Género, es un descorazonador balance de víctimas de la violencia machista para 2006. ¿Significa ello un fracaso sin paliativos de la ley? Sería tan aventurado afirmarlo como atribuir a la ley la sensible disminución habida en 2005 -su primer año de vigencia- respecto de 2004. Lo que pone de manifiesto esta cadencia de víctimas son las profundas raíces culturales del mal y las dificultades para eliminarlo.

La Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por todas las fuerzas políticas en diciembre de 2004, no busca directamente erradicar los hábitos culturales y las pautas sociales que siguen alimentando el machismo -tarea del sistema educativo y de las familias, fundamentalmente-, sino proteger a la víctima del maltrato frente a su agresor y ayudarla a rehacer su vida. Cabría entonces achacar a fallos de la ley las muertes producidas una vez presentada la denuncia y puestos en marcha los mecanismos de vigilancia y protección previstos para evitarlas. Sin embargo, hay muertes que siguen produciéndose extramuros de estos mecanismos, bien por miedo de las víctimas a denunciar la situación de maltrato, bien por albergar esperanzas de superarla. Que esta situación aflore es uno de los objetivos de la ley, algo que parece que se está consiguiendo de acuerdo con el aumento de denuncias producido tras su entrada en vigor.

Al Gobierno le resta todavía un buen trecho para dotar a la ley de los medios previstos, tanto judiciales como sociales y educativos, para que funcione a pleno rendimiento. Sobre todo, tras comprobarse que no pocas de las muertes se producen en situaciones de fallo de los sistemas de vigilancia o de incumplimiento de la orden judicial de alejamiento. Hay que, al menos, duplicar los 29 juzgados exclusivos existentes, aumentar el número de fiscales dedicados al seguimiento de este tipo de denuncias y perfeccionar los mecanismos de protección policial y social de las mujeres maltratadas. Tampoco hay que olvidarse de los maltratadores, de los que el Gobierno comienza a acordarse con la puesta en marcha de programas específicos de rehabilitación a partir de este año. En todo caso, el hecho de que entre julio de 2005 y junio de 2006 se hayan celebrado 40.700 juicios por maltratos, el 71,9% de ellos con condena, muestra que el maltrato a la mujer ha dejado de ser impune. Las posibles denuncias falsas no son un problema específico de esta ley. Corresponde a los jueces detectarlas y sancionarlas. Como ocurre en el conjunto del sistema penal.